Cada vez son más las voces que se expresan en contra de la iniciativa. Desde Fundación Sur manifestaron que la iniciativa que propone endurecer las sanciones para las denominadas falsas denuncias podría generar un efecto inhibidor sobre víctimas, familiares y profesionales obligados a denunciar situaciones de violencia o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Fundación Sur manifestó su preocupación por el proyecto de ley que busca agravar las penas vinculadas a las denominadas “falsas denuncias”, al considerar que la iniciativa podría afectar el acceso a la justicia de las víctimas y desalentar la denuncia de hechos de abuso, violencia o vulneración de derechos.
La entidad recordó que las denuncias falsas ya se encuentran previstas y sancionadas por el Código Penal cuando existe una conducta dolosa por parte de quien formula la acusación.
“La discusión no debería centrarse en castigar más a quien denuncia, sino en fortalecer la capacidad del Estado para investigar con seriedad, proteger a las víctimas y garantizar el debido proceso. Una denuncia que no logra acreditarse no es, por ese solo hecho, una denuncia falsa”, afirmó Laura Musa, directora de la Fundación Sur.
Según la organización, la información oficial disponible en Argentina muestra que las denuncias falsas constituyen un fenómeno marginal, por lo que no representarían un problema de política criminal que justifique una reforma de estas características.
Uno de los principales cuestionamientos de la Fundación Sur apunta al posible efecto inhibidor de la iniciativa. Advirtió que la amenaza de enfrentar consecuencias penales si una denuncia no prospera podría desalentar a víctimas, familiares, testigos y también a docentes, profesionales de la salud, trabajadores sociales y peritos que tienen responsabilidades en la detección y comunicación de situaciones de riesgo.
“La posibilidad de sanciones puede profundizar un escenario donde el silencio ya constituye uno de los principales obstáculos para la protección de niñas, niños y adolescentes”, señalaron desde la entidad.
La organización sostuvo además que el proyecto confunde dos situaciones jurídicamente distintas: una denuncia falsa, realizada con conocimiento de su falsedad y con intención de perjudicar a otra persona, y una denuncia presentada de buena fe que finalmente no puede ser acreditada durante el proceso judicial.
Desde una perspectiva de derechos de infancia, la Fundación Sur señaló que el principio rector debe seguir siendo el interés superior del niño y la obligación estatal de investigar de manera exhaustiva toda sospecha de abuso o vulneración de derechos, garantizando al mismo tiempo el debido proceso para las personas denunciadas.
“La mejor respuesta no es generar nuevas amenazas para quienes denuncian, sino mejorar los mecanismos de investigación, la producción de prueba, la evaluación de la evidencia y el acceso a la justicia. Un proyecto como este puede intimidar a víctimas, testigos y profesionales, afectando su disposición a intervenir en procesos judiciales y debilitando la protección de quienes más la necesitan”, concluyó Musa.