Tras el contundente triunfo del oficialismo en las recientes elecciones legislativas, el Gobierno aceleró el ritmo para avanzar con reformas clave en el Congreso, preparando proyectos de ley destinados a modificar la legislación laboral y tributaria. La Casa Rosada busca consolidar una agenda de cambios que se viene gestando desde hace varios meses, con el objetivo de ajustar normas que impactan directamente en el mundo del trabajo y la economía.
Las discusiones sobre estas reformas se iniciaron en junio, con la primera reunión del Consejo de Mayo, un organismo creado por el Ejecutivo para darle forma a los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado entre el presidente Javier Milei y los gobernadores en julio de 2024. Este consejo funciona como un espacio de diálogo donde participan representantes empresariales y gremiales, funcionarios nacionales y legisladores. Entre los participantes se encuentran Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, Gerardo Martínez por la CGT (Uocra), el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y diversos legisladores nacionales.
El marco laboral que propone el Gobierno apunta a modificar aspectos como la negociación paritaria, los convenios colectivos, las indemnizaciones por despido, la posibilidad de otorgar aumentos individuales por productividad y a reducir la litigiosidad laboral.
Paritarias por empresa
Uno de los ejes centrales de la reforma es priorizar la negociación salarial a nivel de cada empresa por sobre los convenios colectivos de actividad. Según un miembro del Consejo de Mayo, “en un 75 u 80% hay consenso” sobre este punto, aunque se espera fuerte oposición por parte de los gremios. Actualmente, aunque existen acuerdos particulares entre sindicatos y empresas, jurídicamente prevalece el convenio general de la actividad. La idea del secretario de Trabajo, Julio Cordero, es permitir que las negociaciones salariales puedan adaptarse según el tamaño de la empresa o la ubicación geográfica, buscando mayor flexibilidad y aumentos más rápidos, dado que los salarios privados han crecido más que los salarios de convenio en los últimos años. Datos oficiales indican que entre 2017 y 2025 los sueldos acordados en paritarias se redujeron un 20%, mientras que la masa salarial general disminuyó un 10%.
Fin de la “ultraactividad”
Otro punto sensible es el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos, que actualmente se mantienen vigentes hasta que se acuerde un cambio específico. Este tema genera resistencia entre los gremios, que buscan preservar esta norma como garantía de continuidad en los derechos laborales.
Salario dinámico
El Ejecutivo también propone introducir el concepto de “salario dinámico”, un mecanismo que permitiría a las empresas otorgar aumentos salariales diferenciados según la productividad individual, aunque los criterios aún no fueron detallados. Según explicó Cordero, la medida apunta a incorporar este tipo de diferenciación incluso en los convenios colectivos, algo que hasta ahora solo se aplica en contratos fuera de convenio, especialmente para empleados jerárquicos.
Indemnizaciones por despido
En materia indemnizatoria, el Gobierno insiste en la posibilidad de implementar “fondos de cese laboral” negociados entre cámaras empresarias y sindicatos, similares al esquema vigente en la construcción. Sin embargo, este mecanismo no prosperó en ocasiones anteriores, y Sturzenegger ya instó a los ejecutivos a plantear cambios en este sentido durante el Coloquio de IDEA. Desde el Ejecutivo advierten que cualquier modificación al régimen laboral afectaría a todos los trabajadores, más allá de acuerdos puntuales.
Por último, desde los despachos oficiales aseguran que en diciembre se dará a conocer la versión final de las reformas debatidas en el Consejo de Mayo y que los proyectos de ley serán presentados una vez conformado el nuevo Congreso. Se garantiza que el articulado de las leyes reflejará fielmente los consensos alcanzados en la mesa de discusión, evitando modificaciones fuera de lo previamente acordado.