Bajar la edad de imputabilidad: a contramano de las recomendaciones de los organismos internacionales

Si bien, todavía no se está analizando la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tanto la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han reafirmado en diversas ocasiones que el Gobierno Nacional implementará esta reforma como medida de seguridad.

¿Qué es la edad de imputabilidad?

Se refiere a la edad a partir de la cual las personas pueden ser juzgadas por la justicia. En Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad de 1980, esta edad se fijó en los 16 años. No obstante, los adolescentes de 16 a 18 años son juzgados mediante un sistema distinto al de los adultos y solo son punibles aquellos que cometen delitos con penas superiores a dos años, como homicidios dolosos. No es sino hasta los 18 años que pueden cumplir sus penas en una cárcel, mientras tanto, pueden ser privados de libertad en institutos especializados como, en el caso de Tucumán, el Instituto Roca (varones) y Santa María Goretti (mujeres), ambos ubicados en la capital de la provincia.

Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), han expresado que “bajar la edad de imputabilidad en Argentina sería una medida ilegal, regresiva y demagógica, contraria al paradigma de protección integral y contribuiría a la criminalización de la infancia y adolescencia”. Además, señalan que esta medida contradice las recomendaciones de los organismos internacionales.

Otros datos

Según la base de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2022, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal están involucrados en delitos menores. El 82% del total, son por delitos contra la propiedad. Los delitos graves constituyen un pequeño porcentaje, siendo solo el 1.4% del total por delitos contra las personas.

En menores de 16 años, se registraron un total de 1,047 causas en 2022, siendo el 85% de estas por delitos contra la propiedad. Además, solo el 8% tenía antecedentes judiciales, desmintiendo la percepción pública de que «los menores entran por una puerta y salen del sistema penal por otra».

El área de Derechos de Niñez y Adolescencia de ANDHES, sostiene que “es necesario establecer una política de Estado para fortalecer el sistema de protección integral de la niñez, garantizando que cada niño, niña y adolescente del país acceda a todos sus derechos”. También hacen hincapié en promover espacios de participación donde los menores se vean como actores políticos, sujetos de derechos y agentes de cambio en la sociedad.

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