El Ministerio Fiscal logró la prórroga de las medidas de coerción de máxima intensidad que vienen cumpliendo los acusados del violento hecho cometido en un edificio del microcentro capitalino mientras se llevan a cabo las últimas medidas investigativas.
El día 19 de enero de 2025, aproximadamente a las 03.20 horas, los acusados, en forma conjunta y coordinada, quienes se movilizaban en un automóvil Fiat Palio color rojo, con claras intenciones de apoderarse de elementos ajenos, se hicieron presentes en el edificio sito en 25 de Mayo al 700 de San Miguel de Tucumán. Una vez allí, luego de varios intentos de probar diferentes llaves, lograron abrir la puerta de acceso.
A continuación, subieron por el ascensor que conecta en forma privada con el departamento, y previo a forzar la puerta, ingresaron al interior del mismo. Luego, ataron de manos a las víctimas y se apoderaron ilegítimamente de U$S 1.000, $ 40.000, cuatro relojes, dos teléfonos celulares, una valija, dos bolsos, cinco lentes fotográficos, bebidas, ropas varías, una cámara fotográfica, un morral, un cuchillo artesanal, un GPS y un binocular, dándose a la fuga del lugar con los elementos desapoderados.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, a cargo de Diego Sebastián Hevia, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal en la audiencia solicitada por el Ministerio Fiscal, con el objeto de pedir la prórroga de las medidas de coerción que vienen cumpliendo los tres detenidos por el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado, en banda y con efracción.
La representante del Ministerio Fiscal indicó que persisten los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación y que resta concluir un informe de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados para finalizar con la investigación. Para completar esos trámites, la investigadora requirió la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 65 días.
“Fue un hecho en el que se usó una violencia desmedida, atando a las víctimas y amenazándolas con armas de fuego. Sin duda fue necesario un trabajo de inteligencia previo. El robo se produjo en el domicilio de las víctimas que podrían ser amedrentadas”, destacó la auxiliar de fiscal Carabajal.
El juez interviniente resolvió hacer lugar a la solicitud formulada por la acusación pública durante la audiencia desarrollada este martes 29 de abril. /Radio Bicentenario