Desde hace unas semanas en Colombia se llevan adelante movilizaciones populares en contra del gobierno. La mala gestión sanitaria ante el coronavirus y los intentos de reformas agraria, educativa y en salud por parte del gobierno de Iván Duque acumularon la bronca social. Pero la gota que rebasó el vaso fue la propuesta de una reforma tributaria que pretendía incrementar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de 39% a 43%, como así también aumentar de forma escalonada la base de contribuyentes que deberían pagar rentas.
Esta medida provocó que la población saliera a las calles a marchar para exigir que se respeten sus derechos. Como resultado, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la Policía iniciaron una represión abusiva con foco en la ciudad de Cali, al sudoeste de Bogotá, que -según denuncian los manifestantes- incluyó ataques con armas de fuego, violaciones a mujeres, asesinatos y desapariciones forzadas de personas.
A esto se sumó la militarización de las calles y la criminalización de la protesta por parte del gobierno nacional. “Primero se buscó tumbar la reforma tributaria, pero ahora se lucha en contra de la desigualdad social y de la reforma a la salud, y por la no militarización de la vida juvenil”, dice a La Palta Darnelly Rodriguez, referente de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes. Además, manifiesta que luego de la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carasquilla Barrera, en varias comunidades exigen también la renuncia del Ministro de Defensa de la Nación, Carlos Holmes Trujillo, “lo que puede concluir en la renuncia de hasta el mismo presidente”.