La superpoblación carcelaria en comisarías de Tucumán ha expuesto a la luz pública la crisis del Poder Judicial de la provincia, en especial de su fuero penal, que sólo en el primer semestre de 2023 ha enviado a más de 400 tucumanos tras las rejas de comisarías con sólo una denuncia de sus parejas por «violencia de género» como toda prueba en su contra.
De acuerdo al último “Informe de indicadores” que se encuentra en la web de la Justicia tucumana, y que muestra cifras del 1 de febrero al 30 de junio, hubo 244 prisiones preventivas por lesiones y 174 por amenazas, lo que arroja un total de 418 detenidos.
Para tener una magnitud de la cantidad de estas detenciones, 450 fueron realizadas por robo y hurto: 369 robos y 81 hurtos. Según La Gaceta, el fuero penal de Tucumán ha entrado en un frenesí de encarcelamiento de varones por la violencia de género porque las tucumanas obtienen “respuestas más rápidas que en un juzgado de Familia”: si bien no hay información oficial, los detenidos por violencia de género alcanzarían al 50% de los de los 1.800 reos que están alojados en las comisarías, que sólo tienen capacidad para poco menos de 500 personas.
Los procesados por este ilícito son los principales ocupantes de las oficinas de las dependencias policiales: “Como son los reos más tranquilos, los ubicamos ahí porque no generan problemas”, indicó un comisario de la fuerza.
«Es un tema que es complejo porque, hay como una tensión entre la cuestión muy loable de proteger a las mujeres contra los distintos tipos de violencias machistas y este por otro lado una especie como de exceso de celo, que en estas provincias se ha visto exacerbado por el tema de la muerte de Paola Tacacho», explicó el abogado Macario Santamarina a eltucumano.com, al ser consultado por estas cifras.
Si bien se mostró de acuerdo con la sensibilidad oficial, el letrado señaló «que no se cumple plenamente la ley y de alguna forma se avasallan a los derechos de defensa del hombre», ya que por ejemplo, en un proceso iniciado en el juzgado de Familia, cuando una mujer presenta una denuncia el denunciado es expulsado de su hogar. «Es perfectamente entendible porque no se conoce qué tan grave la situación. Ahora bien, la ley de Violencia de Género dice que a los cinco días te tienen que llamar para ser escuchado y la Ley Nacional de Violencia de Protección contra las Mujeres dice que a los dos días los excluidos tienen que ser llamados para ser escuchado. Eso no pasa, no los llaman nunca más. Si vos no contratas un abogado y empezas a moverte para ver qué pasa con tu situación, quedás ahí», aseguró.
El abogado Luis Lobo Aragón, también hizo hincapié en los excesos de estos procesos: “Hay que revisar esta cuestión porque muchas veces hay un exceso en el dictado de estas medidas cautelares. Con una simple denuncia, un hombre no sólo es enviado a una celda, sino que a veces hasta se lo expulsa del hogar con lo puesto. Es un tema delicado que se debe debatir de manera urgente”.
Las condenas que se realizaron en este período reflejan el efecto de la dureza con la que la Justicia de Tucumán actúa con este tipo de denuncias. Por lesiones y amenazas, recibieron penas de hasta tres años (excarcelables), 323 personas, mientras que 159 por robo y hurto, de un total de 670 efectivas. Si se comparan las prisiones preventivas (418) con las condenas (323), significa que 77% de los detenidos fueron condenados.
En este punto, Santamarina explicó que el artículo 237 del código procesal penal impide la prisión preventiva para delitos que no tendrán una condena efectiva (Nota de la R.: Art. 237.- Improcedencia de la prisión preventiva. No procederá la prisión
preventiva en los siguientes casos:
1) Cuando el hecho atribuido constituya un delito de acción privada o esté
reprimido con pena no privativa de libertad)
«Generalmente se lo respeta a este artículo en la mayoría de los delitos pero en violencia de género no», alertó Santamarina. «Lo que es paradójico y te hace pensar qué estamos haciendo, es que mientras el acusado está siendo investigado tiene que estar en libertad, pero está preso. En esa cuestión de que está preso, termina firmando un juicio abreviado porque en este tipo de procesos lo condenan a una pena de ejecución condicional: mientras es inocente está preso y cuando se declara culpable de esa situación resulta que sale en libertad«, concluyó.
«Si la proteccion de la víctima era lo que fundamentaba la prisión, ¿por qué después de condenado entonces estás libre? ¿Por qué las condenas son de ejecución condicional si es peligroso para la mujer?. Son políticas criminales que me parece que hay que revisarla y está perfecto cuestionar a ver qué es lo que está pasando», puntualizó Santamarina.
La situación obliga que muchos policías sean afectados a las custodias de las víctimas por violencia de género. Según una investigación del periodista Gustavo Rodríguez de La Gaceta, son 740 los efectivos designados y 3.600 los que realizan custodias móviles: más de un tercio de la fuerza policial, que en la actualidad tiene alrededor de 11.000 efectivos.
A esto se suma las cientos de medidas de restricciones de acercamiento que hay dictadas por las fiscalías de género que existen. Estas medidas no fueron informadas por el Poder Judicial, ya que eltucumano.com preguntó el pasado 25 de julio por esta información en la Dirección de Comunicación Pública, que no fue respondida a pesar de los días transcurridos.
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