El más reciente informe de la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán revela que, al analizar todas las categorías laborales, la tasa de empleo informal alcanza el 59,7%. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores en la provincia desarrollan su actividad sin estar registrados formalmente.
Los sectores que concentran la mayor parte de esta informalidad son el comercio, con un 29,4%; los servicios domésticos, con un 12,1%; y la construcción, con un 11%. Le siguen la industria manufacturera (8%), hoteles y restaurantes (7,9%) y otros servicios comunitarios (8,7%). En cuanto al nivel de calificación de estos trabajadores, el 54,5% realiza tareas operativas, el 31% no cuenta con capacitación específica, el 11,5% tiene formación técnica y solo el 2,8% corresponde a profesionales.
Aunque la informalidad laboral no es un fenómeno nuevo en Tucumán, sí evidencia un crecimiento constante. Datos del Indec muestran que a nivel nacional el 42% de los empleos no están registrados, superando ampliamente a Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23%). A modo comparativo, en 1985 la proporción de trabajo informal en la provincia rondaba el 25%.
Para Julio Picabea, director de Desarrollo de Fundación León, la situación representa un riesgo para la sostenibilidad del sistema previsional: “Son 9 millones de trabajadores que no aportan, lo que genera presión sobre los formales. Con el envejecimiento poblacional, en 10 o 15 años el panorama será más crítico”. Por su parte, el sociólogo Eduardo Donza, de la UCA, considera que la precariedad laboral constituye “el problema más serio del país”, ya que la necesidad de generar ingresos empuja a muchos a recurrir al trabajo en negro. Donza aboga por políticas que reactiven las economías regionales y generen empleos de calidad, más allá de subsidios temporales.
Desde Idesa, Jorge Colina destaca que la baja productividad de los comercios del interior contribuye a que la informalidad se vuelva estructural. “Un trabajador formal puede costar $1,5 millón por mes, con convenios colectivos que no reflejan la realidad de un local con 100 clientes por hora en Tucumán frente a otro con 10.000 en Buenos Aires”, explica. Colina propone que las MicroPyMEs tengan contratos más flexibles vinculados a la productividad.
En definitiva, el diagnóstico es coincidente: la informalidad laboral no solo precariza las condiciones de quienes trabajan actualmente, sino que también pone en riesgo el futuro del sistema previsional y contribuye al aumento de la pobreza infantil, afectando a la mitad de los menores de 14 años en hogares vulnerables. En este contexto, las familias que dependen de un empleo para subsistir deben esforzarse el doble, ya que contar con un trabajo no garantiza estabilidad ni cobertura social.