El Colegio de Abogados de Tucumán pidió a la Legislatura la suspensión de la puesta en vigencia de los nuevos Códigos Procesales, Civil y Comercial Común y de Familia que regirán desde el próximo 1 de noviembre y se declaró en estado de «alerta y movilización«.
El Consejo del Colegio de Abogados remitió a la Legislatura de Tucumán la solicitud de prórroga de los códigos vigentes hasta el 1ero de Abril de 2023 «a fin de que se resuelvan los problemas señalados y se completen las capacitaciones que al día de la fecha no han concluido».
«Este estado de cosas crea una gran incertidumbre entre los operadores jurídicos y pone a la sociedad toda en una clara situación de indefensión, lo que debe ser materia de atención de esa Honorable Legislatura», le planteó el presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, en su requerimiento al vicegobernador y presidente del parlamento tucumano, Sergio Mansilla.
Además, solicitó a la Corte Suprema de Justicia «que acompañe el pedido de este Colegio a la Legislatura en pos de evitar mayores inconvenientes a la ciudadanía, ya que por cuestiones procesales vinculadas a lo antes mencionado, pueden llegar a perder sus causas judiciales».
«El Colegio, quiere poner en conocimiento de los tucumanos esta grave situación evitable, que pone en incertidumbre a los operadores jurídicos y, de no resolverse, dejará indefensa a la sociedad«, se informó a través de un comunicado emitido ayer.
Este viernes, el Colegio de Abogados a través de su presidente Gilli convocó a los colegiados a una reunión el próximo lunes y se declaró en estado de «alerta y movilización» por los siguientes motivos:
1) La probable puesta en vigencia de los Códigos Procesales, Civil y Comercial Común y de Familia.
2) El fallo de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala II.
Dos temas que generan una gran incertidumbre entre los operadores jurídicos y pone a la sociedad toda en una clara situación de indefensión.
3) La falta de una agenda de audiencias que impida las superposiciones de las mismas, tema que afecta el derecho (consagrado por la Constitución Nacional) de trabajar y alimentarse de los/as letrados/as.
4) Las recientes modificaciones sufridas por Jos Códigos Procesales Penal Civil y Comercial y de Familia publicados en el Boletín Oficial de fecha 26/10/22 (de la que el Consejo tomo conocimiento con posterioridad a su reunión ordinaria) y que significan un cambio sustancial que afecta la seguridad jurídica y el ejercicio profesional de los las abogados/as.