El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dio a conocer este viernes una medida que busca modificar de manera profunda el sistema actual relacionado con la importación y comercialización de autopartes en la Argentina. El anuncio oficial se concretó mediante la publicación de la Resolución 222/2025, que establece un nuevo esquema normativo para la certificación, trazabilidad y venta de piezas automotrices y elementos de seguridad, tanto en el ámbito local como en el contexto de importaciones.
La principal novedad radica en la eliminación del Certificado de Habilitación de Autopartes de Seguridad (CHAS), documento que hasta ahora era obligatorio para importar, vender o transferir autopartes destinadas al mercado de reposición. Esta certificación, que estaba a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), generaba —según el Gobierno— altos costos para quienes fabricaban o traían al país este tipo de productos, encareciendo el mercado y reduciendo el acceso a piezas esenciales.
Con esta modificación, las autoridades buscan facilitar el acceso a repuestos automotores de forma más económica, lo que se traduce en múltiples beneficios: mayor seguridad vial, reducción del robo de autopartes, menores costos en los seguros vehiculares, disminución de gastos para la industria y más libertad para que los consumidores elijan e importen repuestos directamente.
En un comunicado difundido por la cartera liderada por Federico Sturzenegger, se enumeran cinco razones fundamentales por las cuales esta decisión representa un cambio estratégico. En primer lugar, se destaca que el alto precio de los repuestos desincentiva su recambio oportuno, prolongando su uso incluso cuando ya no es seguro, lo que pone en riesgo la seguridad vial. En segundo lugar, los elevados costos convierten a estas piezas en un bien codiciado para el robo, alimentando el mercado negro. Tercero, el encarecimiento de los repuestos impacta directamente en las pólizas de seguro, haciendo que los valores se disparen. Cuarto, la competitividad de las industrias locales se ve afectada cuando deben asumir precios altos para los componentes que utilizan en su producción. Y finalmente, la nueva normativa amplía la posibilidad de que cada ciudadano pueda adquirir libremente el repuesto que desee, sin tantas trabas burocráticas.
El nuevo marco permitirá, de ahora en adelante, la importación de autopartes que cuenten con licencias de certificación otorgadas por organismos técnicos avalados internacionalmente, siempre y cuando cumplan con estándares específicos de seguridad. Estas licencias deberán demostrar que los productos no representan un riesgo para la salud ni para la integridad física de los usuarios.
Además, se establecen diferencias claras según el destino de la importación. En el caso de aquellas autopartes ingresadas al país con fines comerciales, los importadores deberán presentar una declaración jurada en la que se consigne información básica de cada pieza, dejando constancia de que cumplen con los criterios de seguridad exigidos por el Decreto 196/2025.
Por otro lado, si se trata de autopartes que se traen para uso personal, no será necesario presentar documentación adicional: la importación podrá concretarse bajo la exclusiva responsabilidad del consumidor, simplificando el proceso y dándole mayor autonomía al usuario.
Con estas reformas, el Gobierno apuesta a desburocratizar el sector, promover precios más accesibles y fomentar una mayor transparencia y eficiencia en la cadena de comercialización de autopartes, contribuyendo a un mercado más competitivo, seguro y libre de prácticas ilícitas.