El Estado perdió más de 60 mil empleados y el sector privado destruyó 276 mil puestos de trabajo

Entre recortes estatales y cierres de empresas, el país perdió más de 330 mil empleos y casi 20 mil empleadores en menos de dos años.

La contracción del empleo en Argentina durante los primeros dos años de la administración Milei no solo se verifica en el Sector Público Nacional, donde se registró uno de los recortes más drásticos de la historia reciente. También se profundiza en el sector privado, que atraviesa un proceso acelerado de destrucción de puestos de trabajo y cierre de empleadores.

A los 60.784 puestos estatales eliminados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 (según el informe «La dotación de personal del Sector Público Nacional») se suma ahora el análisis del comportamiento del empleo registrado privado. El nuevo informe «Análisis de la dinámica laboral y empresarial», elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que el ajuste económico tiene un impacto simultáneo en el aparato estatal y en la estructura productiva.

El sector privado también se achica: 276 mil puestos menos y casi 20 mil empleadores que desaparecieron

De acuerdo con los datos actualizados a agosto de 2025:

    Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19.164 empleadores, lo que equivale a casi 30 empresas menos por día.

    En ese mismo período, se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, una caída del 2,81%, es decir, más de 432 empleos por día.

Este retroceso afecta tanto a pymes como a grandes firmas, y se refleja en prácticamente todos los sectores económicos: industria, comercio, construcción y servicios. El proceso no solo implica despidos, sino también un deterioro del entramado productivo y la desaparición de miles de empleadores que no pueden sostener su actividad.
El Estado perdió 83 empleados por día en dos años

En paralelo al derrumbe del empleo privado, el ajuste estatal se mantiene como uno de los ejes centrales de la actual administración. Según los datos del INDEC analizados por el CEPA, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se redujo la planta estatal en 60.784 trabajadores, un recorte del 17,7%, equivalente a 83 empleados menos por día.

En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentran el mayor número de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados. Y en términos proporcionales, el impacto más fuerte se dio en la administración centralizada, lo que evidencia un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Empresas públicas: despidos masivos en sectores estratégicos

Entre las empresas estatales, los casos más significativos son:

    Correo Argentino: 5.155 despidos.

    SOFSE (Operadora Ferroviaria): 3.375 cesantías.

    Banco Nación: 2.069 bajas.

    Aerolíneas Argentinas: 1.887 desvinculaciones.

En términos proporcionales, el recorte más extremo ocurrió en la ex Télam, donde se despidió cerca del 80% del personal, seguida por ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E.
Golpe a la estructura científica, social y regulatoria del Estado

En la Administración Pública Nacional, los organismos con mayor reducción nominal fueron:

    ARCA: -3.220 trabajadores.

    CONICET: -1.964.

    ANSES: -1.584.

A esto se suman recortes significativos en organismos técnicos como ENACOM, INTI, SENASA, INTA, Vialidad, y un recorte inédito en las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas, con bajas masivas en los Estados Mayores de la Armada y del Ejército.

En términos proporcionales, los ajustes más severos fueron:

    CNCPS: -64% del personal.

    JST: -46,6%.

    INAES: -43,5%.

    ANDIS, ANPIDTyI, ENACOM y la Agencia de Seguridad Vial también se encuentran entre los más afectados.

Un país con menos Estado y menos empresas

Los dos informes, analizados en conjunto, muestran una tendencia convergente:
el Estado se achica, pero también lo hace el sector privado.

La simultaneidad del proceso (el retiro del Estado de funciones esenciales y la pérdida acelerada de empleadores y puestos de trabajo privados) configura un escenario donde:

    Se debilitan las capacidades regulatorias, de control, de investigación y de prestación de servicios.

    Se reduce el entramado productivo y empresarial.

    Se compromete la posibilidad de una recuperación económica sostenida.

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