Máximo Castro, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, informó al diario La Gaceta que el 17 de diciembre comenzaría el juicio oral y público contra Próspero Marcelo Sosa, el hombre que erigió el barrio privado Las Pirámides dentro del Parque Sierra de San Javier, propiedad de la UNT. La mala praxis de la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Augusto González Navarro -mañana está citado a declarar en el juicio donde se investiga el desfalco de fondos de YMAD- permitió que se construya un emprendimiento privado que ya tendría hasta 70 casas en terrenos universitarios.
Próspero Marcelo Sosa vive en el predio ubicado en el kilómetro 28 de la ruta 338, al sur de San Javier. La UNT es dueña del Parque desde que el gobierno de Juan Domingo Perón expropió 18.000 hectáreas del cerro en 1948 para construir allí la gran Ciudad Universitaria de la UNT diseñada durante el Rectorado de Horacio Descole.
La Universidad posee escrituras de 14.130 hectáreas, mientras que Sosa asegura ser el dueño de 4600 hectáreas por derecho de posesión, al estar su familia radicada allí hace años. La UNT lo querelló pero abandonó la causa, y Sosa comenzó a construir su barrio privado en el Parque Sierra de San Javier.
Las consecuencias de la mala praxis de Hochi
En el año 2008, se declaró la prescripción de la acción penal de la Universidad Nacional de Tucumán contra Próspero Marcelo Sosa, quien construyó el barrio privado Las Pirámides en el parque Sierras de Javier, ante la inacción del proceso frente al transcurso del tiempo.
Tras ello, Sosa comenzó a lotear y desde 2010 que se erigen allí las primeras casas. Los residentes del barrio alegan ser compradores de buena fe. En 2018, un grupo de excursionistas habían sido expulsados de la zona del Salto de la corzuela por personas que sostenían que era «propiedad privada».
La UNT se había constituido en querellante contra Sosa en 1998; González Navarro está a cargo del Servicio Jurídico de la Universidad desde 1999. Durante 10 años, Hochi abandonó la causa por la usurpación del patrimonio universitario para la construcción de un barrio privado, al punto que quedó firme la sentencia favorable a Sosa.
Recién el 12 de noviembre de 2018, la UNT inició las acciones preliminares ante el juez federal Daniel Bejas mediante el expediente 47230/2018 UNT c/autores desconocidos s/Medidas preliminar tendiente a identificar los ocupantes del predio y estado del mismo.
En diciembre de 2018, una medida cautelar ordenó al constructor Sosa «suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector».
La UNT lo acusó de ser un «verdadero depredador ambiental«. Tras solicitar a la Policía de Tucumán que tome imágenes satelitales para dar cuenta del desmonte, en febrero de 2021 la Universidad denunció el incumplimiento de esa cautelar.
En abril de 2022, la Cámara Federal constató la construcción de 21 casas nuevas, un galpón, un quincho, un vivero, cuatro nuevas obras en ejecución, un nuevo desmonte y apertura de una calle de ripio de 600 metros de largo e instalación de tendido eléctrico, según enumeró La Gaceta.
En septiembre de 2022 el fiscal federal Agustín Chit pidió que se cite por desobediencia a Sosa por ese incumplimiento. En noviembre se presentó ante la Justicia y se abstuvo de declarar. Su abogado rechazó el planteo, que fue confirmado la Cámara.
Ya serían 70 las casas construidas en Las Pirámides -a partir de las imágenes y videos registrados por drones- y en la Justicia Civil Federal fue acusado el propio Próspero Marcelo Sosa -fue embargado por $30.000.000-, su hijo y cinco personas que compraron lotes y construyeron sus casas en el predio.
El juicio contra Sosa arrancaría en diciembre y estaría a cargo del juez Sebastián Diego Argibay, de Santiago del Estero.
Imágenes aéreas de Las Pirámides, en el Parque Sierra de San Javier.
(Fotos tomadas de La Gaceta)