A 21 años del inicio de uno de los trabajos más importantes para la resolución de casos de personas detenidas desaparecidas en la provincia, esta semana se informó que terminaron las excavaciones en el pozo de Vargas. El comunicado oficial fue emitido por el Juzgado Federal de Tucumán N°2 a cargo del juez Fernando Poviña. No obstante, los trabajos de los peritos continuarán hasta terminar de analizar los restos y materiales extraídos del lugar.
El pozo de Vargas, como se conoce al pozo de agua ubicado al sur de Tafí Viejo en el límite con la capital tucumana, es una construcción que se usó durante 1976 y 1977 como sitio de inhumación clandestina. Las investigaciones en el lugar empezaron en febrero de 2002 a partir de las denuncias que hablaban de un lugar en la zona utilizado como fosa común para víctimas del terrorismo de Estado.
El trabajo sostenido por 21 años
“El denunciante expuso que se realizaban operativos para la comisión de esos delitos produciendo apagones de luz a partir de las 24, en toda Villa Muñecas y luego se trasladaba a los detenidos desde los centros clandestinos de detención hasta la finca de Vargas donde se los ejecutaba, arrojando al pozo los cadáveres”, señalan desde el Juzgado. A partir de estos datos es que, desde la justicia y con la colaboración de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se creó el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat). Este primer equipo pericial integrado por docentes y alumnos de esa Facultad tuvo a cargo la excavación arqueológica hasta fines del año 2009.
En mayo de 2002 se detectó una construcción subterránea que confirmó la existencia del pozo y con el tiempo, y el trabajo, se pudo constatar que el interior del pozo contenía restos óseos humanos. En ese momento, también se estimó la profundidad del piso técnico a los 40 metros y se fue haciendo cada vez más evidente la necesidad de que el Estado asignara los recursos para garantizar el trabajo en un lugar que presentaba cada vez más obstáculos.
Las dificultades técnicas a las que se enfrentaban en el espacio, la inversión en herramientas específicas y las dilaciones de los procesos administrativos y judiciales hicieron que recién a partir de 2010, después de haberse arbitrado los medios para garantizar el avance de las investigaciones, se reanudaran las labores periciales.
En esta nueva etapa fueron designados como peritos, Patricia Arenas, Víctor Ataliva, María Gloria Colaneri, Esteban Flores, Alejandro Leiva, Luciano Rodrigo Molina, Andrés Sebastián Romano, Ricardo Fabio Srur y Ruy Diego Zurita, los que en su mayoría hoy integran el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad (Camit). En un primer momento se extrajo lo que se conoce como ‘material sedimentario’ compuesto por escombros, restos de mamposterías, maderas, arcillas, arenas, algunos metales, telas, cables, vidrios y un crecido número de ladrillos. Luego, a mayor profundidad, el equipo pericial comenzó a extraer una vasta cantidad de restos óseos humanos. Esto, de acuerdo a lo expuesto por los peritos en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la provincia, da cuenta de la intención de ocultar los restos arrojados en el pozo de Vargas para garantizar la impunidad.