A fines de agosto, el gobierno de Catamarca encabezado por el gobernador peronista Raúl Jalil, realizó el primer movimiento con el objetivo de desplazar a la Universidad Nacional de Tucumán del negocio minero, al acordar con Juntos por el Cambio avanzar en la «provincialización» de la empresa minera interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que preside su hermano Fernando Miguel Jalil.
Este plan, que de concretarse dejaría a la UNT sin regalías mineras, fue reconfirmado este domingo en un contundente editorial realizado por el diario El Esquiú, donde reafirma la posición del gobierno catamarqueño de “seguir avanzando hasta asegurar la propiedad, el dominio y el control total”, de la empresa.
“YMAD fue conformada allá por 1958 por una Ley Nacional promulgada al año siguiente, la ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio con el objeto de realizar el cateo, la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio. Ahora la dirección está ejercida por dos vocales por Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente es designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se comprende rápidamente que para desandar el camino recorrido, de más de seis décadas, se requiere también una nueva ley nacional”, explica en uno de sus párrafos la publicación realizada en la edición dominical del medio.
En ese sentido, señalaron que “las leyes marcan que los recursos provinciales son provinciales. Parece una perogrullada pero no lo es: el litio catamarqueño es de Catamarca, lo mismo el oro, la plata, el cobre o lo que fuere; a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde esa clase de riqueza se nacionalizan para concentrar su explotación y comercialización en el Gobierno nacional”.
Y agregan: “Eso significa que cada gran negocio que se haga con participación de YMAD, con recursos catamarqueños, asegurará la presencia de los socios para buscar su tajada, aunque el derecho se remonte allá lejos y hace tiempo, sencillamente porque la ley sigue vigente”.
Por esta razón piden que la situación debe modificarse con argumentos contundentes que evidencien que “la continuidad de una sociedad que no tiene razón de ser”.
“Habrá que seguir avanzando hasta asegurar la propiedad, el dominio y el control total. Será un camino arduo, porque se tocarán intereses y bolsillos, pero Catamarca debe defender lo que legítimamente se merece”, indicaron.
Por último, remarcaron que “si la universidad tucumana contribuyó en el nacimiento de la actividad minera en la zona de Agua de Diniosio, puede ya darse por bien pagada con los extraordinarios beneficios que obtuvo durante los años activos de Bajo La Alumbrera”.
“De cara al futuro, Catamarca tendrá que hacer valer su condición de dueña de los recursos y desarmar ese directorio tripartito de YMAD para asumir el pleno mando de la empresa. Será justicia”, finalizaron.
En octubre de 2021, la UNT volvió a recibir regalías mineras luego de siete años: YMAD repartió utilidades por primera vez con recursos propios y a la Casa de Altos Estudio tucumana le correspondieron el 20% de un remanente de $545 millones, lo que devino en un total de $109 millones para las arcas universitarias. Otros $ 109 millones (por otro 20%) fueron depositados en un plazo fijo en el Juzgado federal de Catamarca, en cumplimiento de un amparo en el marco del proceso que la UNT encaró en defensa del 40% que, por definición de la ley de creación de YMAD, le correspondía para la construcción de la Ciudad Universitaria.
YMAD es hoy presidida por Fernando Miguel Jalil, hermano del gobernador de Catamarca. La UNT está representada en su directorio por Domingo Marchese y José Roberto Toledo. Mientras la UNT ayuda a Catamarca a lanzar su carrera de Medicina, desde esa provincia deciden avanzar sobre la participación y principalmente las regalías de la minería que le corresponden a la Casa de Altos Estudios tucumana.
Saqueo a las arcas de la UNT
Por estos días se encuentra paralizada en la Justicia Federal la causa que investiga el saqueo de fondos de la Universidad Nacional de Tucumán provenientes de Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD), por unos 85 millones de dólares entre 2006 y 2009, la llamada Fiebre del Oro en la Casa de Altos Estudios.
La misma partió de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación. La investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, constató irregularidades en el manejo de utilidades por $ 340 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la UNT recibió de YMAD. En 2019, los coimputados lograron diferir el inicio de la audiencia en el TOF mediante el pedido de dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil).
A continuación el Editorial completo del diario El Esquiú:
Como periódicamente ocurre, resurgió el planteo sobre la constitución de YMAD, una empresa muy importante que se nutre de recursos plenamente catamarqueños, y que sin embargo debe repartir sus ganancias con otros socios.
El planteo tiene una lógica irrefutable, y en particular en Catamarca siempre se percibió como una injusticia esa realidad, entre otras razones porque lo es, pero modificarla no es tan sencillo como parece.
No se trata de una cuestión que pueda resolverse en una reunión de directorio ni tampoco comprando o vendiendo paquetes accionarios.
YMAD fue conformada allá por 1958 por una Ley Nacional promulgada al año siguiente, la ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio con el objeto de realizar el cateo, la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio.
Ahora la dirección está ejercida por dos vocales por Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente es designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se comprende rápidamente que para desandar el camino recorrido, de más de seis décadas, se requiere también una nueva ley nacional.
¿Por qué es tripartita?
La semilla de esta empresa singular, en la que participan la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, se sembró en la década del ‘20 del siglo pasado, y tiene como protagonista a un químico que trabajaba en la Casa de Altos Estudios tucumanos, el doctor Abel Peirano, un prestigioso profesional recibido con medalla de oro en Buenos Aires.
Peirano se radicó en Santa María, y realizó innumerables investigaciones, expediciones y estudios de campo en toda la región.
Se reconoce a Peirano como quien descubrió Farallón Negro, en una de sus salidas a la montaña, donde analizaba el potencial minero de la zona.
Fue exactamente en 1936 cuando reveló la presencia de metales en los cerros de Hualfín, en el lugar denominado Agua de Dionisio.
Cuando dio a conocer estos avances, encontró respaldo de la Universidad de Tucumán, que designó un equipo para que colaborara con Peirano, y ratificó sus hallazgos de oro y plata. A partir de allí intervino también Nación, al instalar una planta piloto con participación de organismos como la Secretaría de Minería.
La Universidad de Tucumán profundizó su conocimiento de las novedosas minas, y agradecido por semejante acompañamiento, el propio Peirano y sus colaboradores, cedieron sus derechos de descubridores a la UNT.
Era 1948, y un año más tarde Juan Domingo Perón, entonces presidente, dispuso estatizar todos los yacimientos y áreas mineras, lo cual generó un conflicto de intereses y competencias.
Hubo procesos judiciales de por medio, pero recién se resolvería el dilema una década más tarde, cuando bajo la presidencia de Arturo Frondizi se creó la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: nacía YMAD.
El 9 de enero de 1959 cuando se publicó la luego famosa ley ya mencionada, con sus particulares características, ya que la constituían la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y el propio Estado nacional. Tres cuerpos para una conducción, y beneficios futuros repartidos en dos beneficiados: Catamarca con el 60 por ciento y la UNT con el 40 por ciento.
Proceso lento
Las ganancias no aparecerían hasta fines de los ‘70, cuando Farallón Negro comenzó a extraer minerales, porque en minería todos los procesos son lentos, y hasta entonces casi toda la actividad era de exploración.
No se trataba de todas formas de grandes magnitudes de producción. Por muchos años la empresa no generó dividendos significativos, y se sostuvo por los aportes de Nación.
Todo cambió en 1997, cuando YMAD participó en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se internaría en el primer gran emprendimiento minero del país: Bajo de La Alumbrera, una fuente gigante de cobre, oro y molibdeno.
Allí sí, los números previstos en la Ley 14.771 adquirieron otro tenor, porque el reparto era por fortunas descomunales.
La universidad tucumana determinó que lo que recibiera por minería lo dedicaría a obras, y que una vez concluidas esas obras formaría una suerte de fondo común para beneficiar a todas las universidades nacionales.
Como Alumbrera generó también cierta oposición, algunas universidades rechazaron esos fondos, y otras asumieron una postura hipócrita, condenando la minería públicamente pero percibiendo el dinero al mismo tiempo.
Así transcurrieron los años, con periódicos altibajos y peleas, no exentas de algún reclamo o denuncia judicial, pero sin que nadie osara replantear los mecanismos originales de YMAD.
El presente
Las leyes marcan que los recursos provinciales son provinciales. Parece una perogrullada pero no lo es: el litio catamarqueño es de Catamarca, lo mismo el oro, la plata, el cobre o lo que fuere; a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde esa clase de riqueza se nacionalizan para concentrar su explotación y comercialización en el Gobierno nacional.
Y eso significa que cada gran negocio que se haga con participación de YMAD, con recursos catamarqueños, asegurará la presencia de los socios para buscar su tajada, aunque el derecho se remonte allá lejos y hace tiempo, sencillamente porque la ley sigue vigente.
Es una situación que debe modificarse, y para ello Catamarca debe poner sobre la mesa aspectos más profundos, como la continuidad de una sociedad que no tiene razón de ser.
Algunos avances hubo. Hoy la empresa se conduce en Catamarca y no desde Capital Federal. Su presidente es catamarqueño, algo natural pero que no se había dado antes.
Habrá que seguir avanzando hasta asegurar la propiedad, el dominio y el control total.
Será un camino arduo, porque se tocarán intereses y bolsillos, pero Catamarca debe defender lo que legítimamente se merece.
Si la universidad tucumana contribuyó en el nacimiento de la actividad minera en la zona de Agua de Diniosio, puede ya darse por bien pagada con los extraordinarios beneficios que obtuvo durante los años activos de Bajo La Alumbrera.
De cara al futuro, Catamarca tendrá que hacer valer su condición de dueña de los recursos y desarmar ese directorio tripartito de YMAD para asumir el pleno mando de la empresa.
Será justicia.