Tras el documental ilegal de la jueza Makintach y la posterior suspensión del juicio, se definió que el TOC 7 de San Isidro se hará cargo de la causa.
El juicio por la muerte de Diego Maradona dio un nuevo paso tras el escándalo que protagonizó la jueza Julieta Makintach con la filmación ilegal del proceso penal. Tras el sorteo, realizado a bolillero manual, se definió que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Lago y un tercero sorteado, Alberto Ortolani. En la audiencia del sorteo, estuvieron presente los fiscales de la causa y los abogados querellantes y defensores de los imputados.
Tras la audiencia, se confirmó el nombre de dos magistrados pertenecientes al TOC 7: Alberto Gaig y Alejandro Lago. Cabe señalar que el Tribunal elegido es uno de los que se encuentran incompletos, por eso el cargo vacante también debió sortearse y será completado por el juez Ortolani -quien naturalmente integra el TOC 1 junto a Gonzalo Aquino y Sebastián Hipólito Urquijo-.
Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados por la muerte del Diez, sostuvo que «posiblemente el juicio sea en 2026» ya que, más allá de la agenda, el Tribunal debe analizar todos los planteos que las defensas van a realizar en los próximos meses.
«Hoy no hay un plazo de cuándo podría empezar el juicio. Yo diría que no hay posibilidades de que este juicio sea este año, no se ve como posible. Una vez que esté conformado el Tribunal, que todavía no está firme porque si bien salió sorteado el TOC 7 y se sorteó un juez más, debemos esperar el plazo para que las partes vean si plantearán o no alguna recusación. Por eso, no creo que sea este año», manifestó el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk. Por otra parte, en relación a planteos de sus pares, sostuvo que existe una garantía constitucional como la «imposibilidad de que una persona sea perseguida dos veces por el mismo hecho o delito» y que por eso, «lo estamos evaluando».
En esa línea, y a pesar de que no hubo una condena, Mischanchuk aseguró que dicha garantía constitucional debe cumplirse de todas maneras. «El Estado ha estado cinco años persiguiendo a estas ocho personas, con todo el poder que tiene: allanamientos, prohibición para salir del país. Por culpa del propio Estado, por culpa de un funcionario, este juicio se cayó. ¿Corresponde hacerle pagar a los imputados esa deficiencia del Estado en impartir justicia? La respuesta es no», apuntó..
«Cuando opera una prescripción o una garantía constitucional en favor de un imputado, eso habla de un Estado de derecho. Lo que no habla de un Estado de derecho es una persecución penal múltiple y eso es una situación muy grave. El poder penal del Estado tiene que tener limitaciones, uno no puede permitirle que tenga un poder punitivo eterno», agregó el letrado que representa a la psiquiatra de Diego. Y cerró: «La idea es que se llegue a la verdad a través de un juicio donde se respeten las garantías constitucionales».
Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, remarcó que no teme que el juicio sea suspendido definitivamente y remarcó que «la doble persecución penal es un tema totalmente zanjado de manera unánime, las posturas de la Corte han sido lapidarias en este aspecto». Al igual que los abogados anteriores, señaló que está de acuerdo en que el proceso penal no se realizará hasta 2026 tras los planteos y recursos. «Llevaría una demora, aunque no creo que prosperen los planteos y aspiro a que los defensores lo estudien antes de hacerlo», cerró.