La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió frenar, de manera temporal, la orden que obligaba al Estado argentino a ceder el 51% de las acciones de YPF, medida que había sido dispuesta el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska. Esta suspensión, que se mantendrá mientras se tramita la apelación correspondiente, fue acompañada por la autorización para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos actúe como amicus curiae, en respaldo a la posición defendida por la Argentina.
La resolución judicial se limitó estrictamente a impedir la entrega de las acciones durante el proceso de apelación, lo que, según fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, representa “un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, ya que garantiza que el Estado nacional retenga la mayoría accionaria de la compañía mientras continúe la disputa judicial.
Es importante destacar que esta medida no altera el curso de la apelación principal contra la sentencia de septiembre de 2023 —dictada tres meses antes del inicio de la actual gestión—, que condena a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses. La Cámara de Apelaciones evaluaba tres caminos posibles: confirmar la suspensión, levantarla u ordenar la transferencia inmediata de las acciones. Finalmente, optó por mantener la postergación, alineándose con el criterio del Departamento de Justicia estadounidense, que había expresado su apoyo explícito a esta postura.
Desde la Procuración del Tesoro, el fallo fue recibido con satisfacción. En un comunicado, resaltaron que “durante más de diez años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron. Hoy, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, la Argentina ejerce plenamente su derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar sus derechos y los intereses de sus ciudadanos”.
El origen de este juicio se remonta a 2015, tres años después de la expropiación de YPF. El demandante principal es Burford Capital, una firma dedicada a adquirir derechos litigiosos, que resultó el mayor beneficiario del fallo de primera instancia. Cabe subrayar que el proceso judicial no cuestiona la potestad de Argentina para expropiar la petrolera, sino que se enfoca en la presunta violación de la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) establecida en el estatuto de la empresa.
En cuanto al calendario judicial, la primera audiencia vinculada con la apelación principal está programada para el jueves 25 de septiembre, oportunidad en la que el Estado argentino presentará sus argumentos tras haber perdido el juicio inicial. La segunda apelación, que trata específicamente la cuestión de la entrega de acciones, tendrá su instancia oral el lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas. Ese día, los magistrados de segunda instancia escucharán directamente los planteos de las partes, en una movida clave para los denominados fondos buitre.
No es la primera vez que los demandantes intentan ejecutar el fallo. Anteriormente, buscaron embargar o utilizar como garantía de pago distintos activos estatales —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT—, aunque sin éxito. En el marco de esa estrategia, procuraron demostrar que estas empresas operan como un “alter ego” del Estado, bajo control político directo, y llegaron a solicitar el acceso a información personal de figuras como Sergio Massa y Luis Caputo.