El 17 de diciembre de 2023, con apenas una semana en el poder y antes de que Javier Milei y Federico Sturzenegger anunciaran por cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Gobierno recurrió al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de la reforma laboral. Del aporte de ideas participaron estudios jurídicos especializados en derecho laboral que comulgan con el oficialismo y que sugirieron reducir cálculos indemnizatorios, limitar el derecho a huelga y contar con más facilidades para emplear y despedir personal. Entre esos asesores ad honorem estaba también Julio Cordero, hoy secretario de Trabajo aunque en ese entonces contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint, donde se desempeñó durante 35 años en el equipo de legales.
Un funcionario de peso del gabinete y el propio Cordero reconocieron a LA NACION que el capítulo IV del DNU 70/23 se elaboró con aportes de especialistas del sector privado, convocados por Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
El capítulo laboral del decreto derivó en la primera huelga general de la CGT contra Milei y la pulseada se dirimió en la Justicia. La Cámara del Trabajo suspendió el DNU, que está aún pendiente de una resolución de la Corte Suprema. El argumento central del fallo fue que no estaban acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. Ahora, más fortalecido en ambas cámaras, Milei se propone a avanzar con su reforma laboral por la vía legislativa, con un proyecto de ley que contempla las iniciativas frenadas en la Justicia: ampliar la jornada laboral o ir hacia un sistema de banco de horas; fragmentar el período de vacaciones; flexibilizar a través de convenios colectivos las negociaciones salariales, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia, entre otros puntos.
Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero en la apertura del Diálogo Social con los empresarios y sin la CGT
Punte se sumó a los equipos de La Libertad Avanza (LLA) antes de que Milei ganara las elecciones presidenciales de 2023. En una exposición organizada por el estudio jurídico Bruchou-Funes de Rioja, uno de los más taquilleros del rubro, disertó allí como el referente en temas laborales de LLA y reforzó la idea de Milei de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al estilo el de la Uocra.
Miguel Ángel Punte, asesor de temas laborales de La Libertad Avanza.
Por entonces, Punte puso el ojo en las contribuciones patronales. “Deben ser acordadas libremente por las partes, no deberían ser obligatorias. Las empresas podrían negarse”, especificó. De implementarse esta medida, sería un golpe para la recaudación de los sindicatos. Peor para los gremios sería si resuelve desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical. A esas cajas apunta ahora Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación. El funcionario los llama “peajes sindicales”.
Punte y Sturzenegger compartieron la gestión de Cambiemos. Durante su paso como funcionario de Macri, Punte ganó notoriedad por una frase que terminó minando los puentes con los gremios para avanzar con una reforma que hasta había alcanzado un fugaz visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos. Esa frase lo marcó.
Punte también se refirió a las paritarias. No dijo que habría que eliminarlas, pero sí que deben negociarse de acuerdo a las posibilidades de cada empresa. Tomó ahora su idea Julio Cordero, quien se acercó al Gobierno de la mano de Punte. El secretario de Trabajo, que está bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló de negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad.
Cuando el Gobierno llevaba menos de un mes en el poder y se conoció que había recurrido al sector privado para diseñar la letra chica de las reformas que impulsaba, Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión de Alberto Fernández, hizo numerosas advertencias puntuales sobre el megadecreto 70/23. Una de ellas, fue sobre la intervención de personas ajenas al Estado.
“Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Si fue así, es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse”, planteó la abogada. Y agregó, desafiante: ¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la transparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas”.