La Secretaría de Energía ha iniciado un proceso de transformación en la forma de facturar la electricidad, con el propósito de introducir señales de precios más precisas y avanzar hacia una desregulación progresiva del mercado eléctrico. La modificación en el esquema tarifario diferenciará de manera más marcada los valores que deben afrontar los hogares respecto de los grandes consumidores, como comercios e industrias.
En el corto plazo, este ajuste generará que los usuarios residenciales paguen tarifas más elevadas durante el verano que los industriales, aunque esta tendencia se invertirá en invierno. Según fuentes oficiales, la intención del Gobierno es que, a lo largo del año, el precio promedio que abonen ambos sectores sea equivalente, pero con variaciones estacionales que reflejen los costos reales de generación.
La diferencia tarifaria se explica por el tipo de generadores que abastece a cada segmento. Los hogares adquirirán energía —de manera indirecta— de generadores con precios estables durante todo el año, como los productores de energía renovable y nuclear, cuyos contratos son de largo plazo y no dependen de la variación del gas. Por su parte, comercios e industrias compran electricidad a generadores térmicos que utilizan gas y combustibles líquidos. Durante el verano, cuando la demanda de calefacción es menor, el gas es más barato y abarata la generación térmica, mientras que en invierno los costos se disparan.
Desde la cartera energética destacaron: “El nuevo esquema de precios mayoristas busca proteger a los usuarios residenciales de los vaivenes del mercado energético. Por ejemplo, en invierno, cuando el costo de la energía aumenta significativamente, los hogares no verán variaciones abruptas en sus tarifas, mientras que los sectores productivos sí enfrentarán ajustes mayores”.
La Resolución 434/25 establece que, entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, los usuarios residenciales pagarán entre $63.443 y $66.374 por MWh, mientras que las industrias abonarán entre $47.940 y $49.496 por MWh.
Este cambio forma parte de un plan de reordenamiento del mercado eléctrico con el objetivo de retornar a un modelo más competitivo y descentralizado, similar al vigente en la década de 1990, cuando los grandes consumidores podían firmar contratos directamente con los generadores. Con la llegada del congelamiento de tarifas a mediados de los 2000, el sistema se centralizó bajo Cammesa, que pasó a comprar toda la energía y distribuirla a precios subsidiados a hogares, industrias y comercios, coordinando los despachos de las plantas más eficientes.
Las nuevas medidas garantizan el suministro a los usuarios residenciales y otros sectores prioritarios, pero obligan a los grandes consumidores a gestionar directamente sus contratos de energía. Según explicó la Secretaría, “el Gobierno busca garantizar que los hogares tengan precios más estables y previsibles a lo largo del año, y que en el promedio anual la electricidad continúe siendo más económica para los usuarios residenciales que para las industrias y comercios”.
El impacto de estos cambios será más evidente a partir de diciembre. En noviembre, las facturas mostraron un aumento promedio del 3,8%, superior al 2% mensual registrado antes de las elecciones. A pesar de los incrementos implementados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la demanda total cubre apenas el 68% del costo real de abastecimiento, mientras que el restante 32% se financia con transferencias del Tesoro bajo la forma de subsidios.
Dentro de la demanda, los grandes usuarios y los hogares de altos ingresos (Nivel 1) cubrieron alrededor del 85% del costo de generación, mientras que los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) cubrieron solo el 38%, y los de ingresos medios (Nivel 3) un 57%, según la consultora Economía y Energía (EyE).
Durante 2025, los aumentos tarifarios para los hogares se concentraron en los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, motivados principalmente por la reducción gradual de subsidios para los hogares de ingresos bajos y medios. En cambio, las tarifas para los hogares de mayores ingresos (Nivel 1) se redujeron en términos reales. La devaluación del tipo de cambio implicó que los incrementos tarifarios en dólares fueran mayores que los evaluados según el poder adquisitivo local.