El Presupuesto 2026 y los cambios que el Gobierno impulsa en materia ambiental sumaron, en los últimos días, un rechazo colectivo. El Foro Encuentro Reformista difundió un documento crítico que reunió más de 1800 adhesiones de personalidades de la ciencia, la cultura, la política y el ambientalismo, además de referentes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que se sumaron a título personal. Allí denunciaron, también, que Milei construye mayorías a través de la extorsión.
El documento se presentó como un “registro histórico”: una forma de dejar constancia de que, frente al desmantelamiento -según su definición- de políticas públicas consideradas estratégicas, hubo voces que pronunciaron su objeción públicamente. Subrayaron, además, que se trata de un respaldo transversal, con firmas de “todos los partidos y colores”, con el objetivo de despegar el reclamo de una disputa partidaria y enmarcarlo como una advertencia institucional y social.
El texto sostiene que la Argentina atraviesa en diciembre de 2025 un “punto de inflexión” y pone el foco en dos decisiones que, a juicio de los firmantes, comprometen políticas construidas durante décadas.
Por un lado, cuestiona el Presupuesto Nacional 2026 impulsado por Javier Milei y sancionado por el Congreso por eliminar “garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”. En ese apartado, el documento advierte: “Derogar pisos de inversión y presupuestos mínimos equivale a renunciar a la idea misma de un Estado que protege el futuro y promueve el desarrollo”. También sostiene que, en educación, en 2026 se pasaría a invertir la mitad de lo destinado hace una década y que el país alcanzaría el nivel más bajo de la historia reciente.
En ciencia y tecnología, el pronunciamiento alerta por una caída superior al 30% en términos reales y denuncia que se eliminan metas y resguardos legales, lo que -plantean- dejaría al sistema sujeto “a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
El segundo eje apunta a la agenda ambiental. En el marco del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares declarado por la ONU, el documento critica la reforma de la Ley 26.639 por entender que debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Sostiene que la modificación propuesta trasladaría a las provincias decisiones clave sobre qué glaciares proteger, reduciría el rol del instituto que hace el inventario de glaciares y desarmaría la lógica de los presupuestos mínimos ambientales.
En ese punto, los firmantes buscan anticipar un contraargumento: “Cuidar el agua y los glaciares no es ser antiminero: es ser responsable”. Plantean que la minería puede aportar recursos, pero advierten que sin arbitraje nacional basado en evidencia científica se abren conflictos interjurisdiccionales y se compromete el acceso al agua de millones de personas.
El documento, además, incorpora una denuncia política sobre el modo en que el Gobierno construye respaldos para su agenda. Asegura que la discusión del Presupuesto 2026 implicó un cambio de paradigma “impuesto mediante coerción” y cuestiona el uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta para condicionar alineamientos legislativos. “Los gobernadores y legisladores deberían denunciar públicamente este esquema. De lo contrario, terminan siendo cómplices”, afirma el texto.
Los impulsores insisten en que no se trata de una carta partidaria, sino de un llamado a dejar testimonio “para la posteridad”. En el cierre, apelan “una conciencia colectiva” con la mira en ampliar su convocatoria.
Entre los firmantes figuran los juristas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, la escritora Claudia Piñeiro, la filósofa Diana Maffía, la socióloga y escritora Maristella Svampa y Valentina Bassi, una de las principales activistas por los derechos de las personas con discapacidad.