La misma policía, el mismo accionar
Desde el Espacio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga no dudaron en trazar un paralelismo con la detención, tortura, homicidio y desaparición del joven. “Otra vez. Detienen a un tipo. Lo torturan toda una tarde. Y lo matan”, arranca el posteo en redes sociales de la organización que se formó para pedir justicia por el adolescente de 16 años.
Luciano Nahuel Arruga fue detenido por la policía bonaerense el 31 de enero de 2009 y permaneció desaparecido hasta el 17 de octubre de 2014, cuando su cuerpo apareció enterrado como «NN» en el Cementerio de la Chacarita. La investigación arrojó que antes había estado internado en el hospital Santojanni a donde había sido ingresado como atropellado por un auto.
“El domingo a la noche Mauricio Castillo, de 41 años, apareció muerto en la comisaría de Lomas del Mirador, horas después de ser detenido por la policía. Esa comisaría tiene una clausura del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que prohíbe que allí se alojen personas”, denunciaron desde el Centro de Estudios Sociales (CELS) .
“A Castillo lo tuvieron engomado diez horas, lo detuvieron policías del destacamento de Lomas del Mirador, en el que encerraron ilegalmente a Luciano ¿Pero no lo habían cerrado? Fue lo que prometió el Estado, Espinoza, Scioli. Pero no. Lo trasladaron cerquita nomás, en la Santos Vega, para que a los pobres no se les olvide para qué está la yuta”, señalaron desde el Espacio.
El caso Luciano Arruga y la impunidad
El 22 de septiembre de 2008, Luciano fue torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Aunque por este hecho fuera condenado a diez años de prisión, en 2015, el ex policía bonaerense Julio Torales, por la desaparición y muerte de Arruga aún no hay justicia.
“En los años 2012 y 2013, la familia de Luciano Arruga y el CELS denunciamos y pedimos juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por sus reprochables conductas durante la investigación por la desaparición de Luciano […] En el día del décimo tercer aniversario, seguimos esperando la respuesta del sistema de justicia”, publicaba en enero del año pasado el CELS.
En ese mismo informe, el CELS explica el accionar de cada uno de los actores contra los que se pide el juicio político: “Castelli delegó la investigación en la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía el antecedente de haber hostigado y torturado a Luciano, avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a les familiares. Cejas pidió y sostuvo la intervención de los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y otres familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Y el juez Banco avaló esas intervenciones durante más de un año, es decir, que ordenó una intervención arbitraria e ilegal sobre la privacidad e intimidad de la familia”.
Este año, al cumplirse 14 años de la desaparición y muerte de Luciano, la causa judicial continúa en etapa de instrucción. “Catorce años después, seguimos sin saber qué es lo que le pasó a Luciano esa noche”, advierten desde el organismo de derechos humanos en la última actualización del caso.