En una reunión del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), encabezada por el rector Sergio Pagani, dictaminó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia presenta «una falta absoluta de competencia» para realizar la auditoría en Canal 10, solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, a fin de evaluar los balances de los años 2014-2021, para poder determinar si corresponde que los mismos sean o no aprobados por la Dirección de Personas Jurídicas.
En la sesión del pasado martes 8 de octubre, los consejeros señalaron que «Canal 10 es una señal con licencia concedida como Canal Universitario, que es administrada por la Sociedad Televisora de Tucumán, cuyo capital accionario se conforma con el 70% de participación de la Universidad Nacional de Tucumán y el 30% de participación de la Provincia de Tucumán». Por esta razón, expresaron su «adhesión a los conceptos vertidos por los dictámenes jurídicos que se expide sobre la incompetencia de las acciones llevadas adelante por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, para realizar actos de control o auditorias integrales sobre la Sociedad Televisora de Tucumán».
En ese sentido, destacaron que «la Sociedad Televisora de Tucumán, se encuentra sometida a diversos mecanismos de auditoría y control, tales como los elaborados por la Comisión Fiscalizadora de Sindicatura, la Auditoría Externa de estados contables, y los órganos de control y auditoría internos de cada uno de sus socios».
Además, acusaron de «falaces» las declaraciones emitidas por funcionarios del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, «respecto a una supuesta reticencia de la Empresa a entregar la información solicitada,
imponen la obligación de aclarar ante la opinión pública las acciones desplegadas por el Directorio
de la Empresa a la entrega total de la información solicitada».
Sin embargo, a pesar de las quejas, y a fin de mantener una relación armoniosa con el Gobierno de la Provincia, instruyeron a los
representantes universitarios en la dirección de Canal 10, «a brindar todos los elementos de juicio que se considere y la publicidad de la
información jurídico contable que sea requerida por la Provincia de Tucumán a través del
mencionado Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán».
Los auditores del Tribunal de Cuentas en las oficinas de Canal 10. Foto: Tribunal de Cuentas de Tucumán-
Pedido de auditoria de Jaldo a Canal 10
A fines de septiembre, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, le requirió formalmente al Tribunal de Cuentas (TC) que analice los últimos ocho balances de Canal 10, correspondientes a los años 2014-2021, para poder evaluar si corresponde que los mismos sean o no aprobados por la Dirección de Personas Jurídicas. El mandatario provincial recordó que la aprobación de los mismos «está objetada» por haberse realizado en una asamblea irregular: «Debo resguardar el patrimonio de la provincia, que tiene el 30% de las acciones de Canal 10», remarcó el tranqueño en su pedido enviado al ente de control.
Días después, a través de la acordada N° 4295, que lleva la firma de Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales), el Tribunal de Cuentas aceptó la solicitud del mandatario y realizará una auditoria a los ejercicios contables de los períodos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
“La solitud de colaboración del Poder Ejecutivo debe entenderse como un pedido de asesoramiento específico, dirigido por una parte para conocer la situación de una empresa en la que tiene participación y evaluar su situación en resguardo del patrimonio público provincial; y por otra, para asistir, con información adecuada, a la intervención de la Dirección de Personas Jurídicas, en relación a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y los Estados Contables, Memorias e Informes de Directorio de los años 2014 a 2022”, señalaron desde el ente controlador.
En ese sentido, justificaron la intervención del TC en Canal 10, cuya figura jurídica es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), en la que son propietarios la Universidad Nacional de Tucumán en un 70% y la Provincia, en un 30%. “Entendemos que, la legitimación competencial a este Tribunal en el control externo de la Sapem en cuestión, deriva de la propia habilitación formal que el Poder Ejecutivo, en orden a las atribuciones constitucionales y legales transcriptas, por las que autoriza al controlador a su ejercicio puesto que le corresponde ‘asesorar a los poderes públicos en materia de su competencia’“, adujeron. Y agregaron: “la solicitud del Poder Ejecutivo apunta a proporcionar información a los poderes del Estado y a la propia opinión pública respecto de la gestión de la Sapem, contribuyendo al establecimiento de una organización adecuada y la optimización de los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos y metas. No debemos dejar de tener presente que los aportes estatales para el funcionamiento de la sociedad son fondos públicos, y que los representantes de la Provincia en la Sapem son funcionarios del sector público provincial”.
Por último, el TC designó para la auditoría a los contadores fiscales Patricia Fernández, Horacio Heredia, Ezequiel Pérez Barot, Santiago Hourcade, Pablo Jorrat y Pablo Castro. También, a los abogados fiscales Rodrigo Terrera y Patricio Balardini.
Irregularidades en la asamblea de accionistas de Canal 10
En octubre de 2023, el por entonces presidente de Canal 10 Leandro Díaz convocó al por entonces gobernador Juan Manzur a una Asamblea de Accionistas Clase A de Canal 10, donde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT, accionista mayoritario del canal) promovía la aprobación de los balances 2014-2022 como el aval a las actuaciones de los síndicos y directores que se desempeñaron allí durante esos años.
La convocatoria a la Asamblea proponía el siguiente orden del día:
1. Elección del Presidente de la Asamblea
2. Elección de dos accionistas para firmar el acta
3. Tratamiento y consideración de: el balance general, el estado de los resultados, la memoria, el informe y la actuación del directorio y síndicos correspondiente a los ejercicios finalizados en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
4. Copias de los estados contables y demás documentación está disponible en la sede social, Se acompañan copias de las presentaciones oportunamente realizadas ante el accionista.
El Gobierno, a través de una nota firmada por la entonces ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, solicitó que se fije una nueva fecha, posterior a la resolución judicial que determine la responsabilidad «sobre la posible comisión de los hechos que fueran denunciados ante tribunales federales» y que son tramitados bajo la causa Somadossi Lucas y otro s/ evasión simple tributaria y defraudación ´por administración fraudulenta. Denunciante Televisora de Tucumán SAPEM – Expte. 11916/2023.
Además, se advirtió a las autoridades que toda resolución tomada en reunión asamblearia convocada en ese marco «será pasible de ser impugnada por resultar su contenido nulo de nulidad absoluta», y calificó de «temerario» el tratamiento y la posible aprobación de nueve ejercicios de gestión de un directorio que es cuestionado por la Justicia.
«Nos llama la atención que en esta convocatoria está previsto el tratamiento de nueve balances que hasta el momento no tienen aprobación. Y dadas la inconsistencia que este Gobierno encontró en esos balances, hoy solicitamos que nuestra ausencia se justifique y que hoy no se produzca la asamblea”, sostuvo Vargas Aignasse tras la reunión que mantuvo con Ingrid Lausberg, directora de Canal 10 y José Luis Pio Jiménez, síndico del canal.
“Pedimos que haya un segundo llamado atento a resoluciones judiciales pendientes donde se realizaron presentaciones impugnando serias inconsistencias que tienen los balances y que requieren de una determinación judicial previa a la asamblea que se pretende realizar”, agregó.
El informe que presentó en aquel momento el síndico por el gobierno señaló, entre otras cosas, que:
-No existe un área en la estructura del canal que se encargue del control de los canjes, es decir nadie controla los canjes que realiza canal 10.
-Se detectaron órdenes de publicidad por canje no registradas en la contabilidad de canal 10 y por lo tanto una posible no facturación de las mismas.
-Se detectaron que existen órdenes de publicidad por canje en las cuales su valor es cero y no existen registros de la contraparte de los canjes.
– Se advierten que existen ordenes de publicidad que dicen no se factura y bonificada.
-En las comisiones por ventas se determina que se pagaron de más las mismas en 2022 y años anteriores, como así también 2023.
Cambios en la presidencia de Canal 10 de Tucumán
Agobiado por la grave crisis institucional y en medio de la profunda auditoria, Canal 10 de Tucumán cambió su presidencia, cargo que desde ahora será ocupado por Ingrid Lausberg que representa al Gobierno de la Provincia en el directorio de la Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado provincial (SAPEM).
Lausberg asumió la presidencia luego de que Leandro Díaz renunciara y viajara al exterior, dejando acéfalo su puesto. Díaz había sido designado presidente de la señal en marzo de 2023 por medio de un acta trucha que el histórico secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, firmó para habilitar un enroque en el directorio. Allí sostuvo que todos los designados estaban presentes, cuando habría sobradas pruebas de Rodolfo Tercero Burgos se encontraba en ese momento de viaje en Europa.
“Desde el pasado viernes (por el 27 de septiembre) que ejerzo la presidencia por disposición estatutaria, porque el estatuto en su cláusula 26, establece que en caso de ausencia del presidente debe ocupar interinamente el vicepresidente, que en este caso soy yo”, afirmó la abogadaen una entrevista con FM La Tucumana 95.9.
“Estamos atravesando en Canal 10 por una situación particular, ya que se está llevando a cabo una auditoria a pedido del gobernador (Osvaldo Jaldo), por parte del Tribunal de Cuentas debido a que existen nueve balances sin aprobación y que se dispuso a través del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán la aprobación de los mismos a libro cerrado, lo que genera un defecto de forma que justamente ha observado la dirección de Persona Jurídica, que es el organismo estatal encargado de la revisión, que los balances de toda empresa estén en condiciones de ser aprobados. Como no están en condiciones de ser probados y muchísimo menos en las condiciones en las que pretendía su aprobación”, explicó la flamante presidenta. Y reiteró: “Paralelamente a esto, resulta el viaje al exterior del presidente de Canal 10, el ingeniero Leandro Díaz, por lo tanto, por disposición estatutaria ocupé la presidencia”.
En ese sentido, Lausberg señaló que en la actualidad se vencen los mandatos de los directores por parte de la universidad, ya que Horacio Madkur, que asumió en abril de este año, reemplazó al renunciante Burgos ─que permaneció en su cargo a pesar de estar denunciado por la violación de su hija menor─ cuyo mandato culmina en octubre de 2024. “Estos mandatos se vencen en este mes que está comenzando hoy, por ende estamos en una situación bastante particular, ya que sí, confirmo la información: El presidente, el ingeniero Díaz ha renunciado, presentó su renuncia y se retiró del país por motivos personales que alegó, entonces estamos en esta situación, con una auditoria del Tribunal de Cuentas, con un presidente que renuncia y se va, y con un director que está completando un mandato. El Consejo Superior deberá determinar quienes serán los nuevos directores que ocuparán los cargos que están casi vencidos”, aclaró.
Los balances que están siendo auditados por el Tribunal de Cuentas corresponden del año 2014 a 2022, lo que significa que el último ejercicio aprobado por Canal 10 corresponde al 2013, mientras que el de 2023 ya se encuentra vencido. “En el año 2022, cuando comienzo el ejercicio de mi cargo y durante el 2023, la Sindicatura en su totalidad, que está compuesta como el directorio (Dos de la UNT y uno de la Provincia) observaron algunas alteraciones en la facturación y lo han determinado de gravedad. Por ende, es mi obligación como funcionaria, porque amén de que Canal 10 sea una SAPEM, mi cargo es una función pública y tuve que elevar estas observaciones a la Justicia Federal a fin de que determine el grado de responsabilidad de las personas que intervienen, y de la administración que interviene en esas alteraciones y que se profundice la investigación. De hecho, en diciembre del año pasado, tuvimos una medida por parte de la AFIP, acompañado de la Justicia Federal, por orden del fiscal Carlos Brito, que está investigando la causa y tendremos que esperar para ver qué determina el fiscal y el juez con respecto a ese informe”, detalló, haciendo referencia a los allanamientos realizados por AFIP y fuerzas federales en la sede del canal.
“Por ende, si se observan alteraciones en las facturaciones correspondientes al ejercicio 2022 y 2023, se considera que hay una vinculación de los balances anteriores. Además, sería temerario aprobar los balances sin un examen exhaustivo de los ejercicios contables que componen estos balances. La determinación del Gobernador es atinada en cuanto a la responsabilidad que también caben por estos nueve balances, que forman un cuello de botella del cual esperamos salir con claridad y transparencia para poder tener una administración eficiente del canal que tanto lo necesita”, puntualizó.
Sobre el trabajo del Tribunal de Cuentas en las oficinas de la SAPEM, Lausberg contó que los auditores “llegan muy temprano, es un equipo de nueve auditores que además de la auditoria de la documentación contable, están auditando las instalaciones, la técnica, si es correspondiente las inversiones con la técnica existente, quienes so los proveedores”. “Vuelvo a decir que la decisión del Canal es atinada para volcar transparencia en la gestión y tener un futuro mejor. Si no saneamos el pasado, difícilmente podamos tener un futuro alentador, sobre todo teniendo en cuenta la situación de todos los medios de comunicación y sobre todo que tenemos que defender los intereses de los trabajadores”, aseguró.
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