En una decisión de alto voltaje político, la Cámara de San Martín decidió hoy que el juez de Campana, Adrián González Charvay, quedará al frente de la causa por presunto lavado de dinero en la que se investiga la fastuosa mansión de Pilar, valuada en US$20 millones y sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Con un argumento territorial, el juez Alberto Lugones le sacó el expediente al magistrado Marcelo Aguinsky, quien estaba a cargo de la investigación y pertenece al Fuero Penal Económico, tal como pretendían el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, dueños formales del predio y, por su perfil económico, presuntos testaferros de la fastuosa mansión ubicada en Villa Rosa.

Semanas atrás, González Charvay había planteado que, en razón del territorio, ese caso le correspondía, lo que provocó un conflicto de competencia con Aguinsky, que se opuso a dejar el caso.

El recorrido de González Charvay en la Justicia se inició hace más de 30 años, aunque ejerce como magistrado desde 2009. Primero como juez subrogante y desde 2015 como titular.

Cimentó su fama de “investigador” y de juez arrojado alrededor de exitosos operativos antinarco y avanzando en causas que impactaron en distintas zonas del arco político.

Sin embargo, esa imagen pronto se mezcló con sus lazos y contactos políticos con toda la zona norte del conurbano, en especial, con los municipios de Escobar, Campana y Pilar, donde está ubicada la quinta investigada.

Son conocidos los vínculos del intendente de municipio, Federico Achaval, con la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Un ejemplo de ello es que Pilar se convirtió en el primer lugar a donde se dirigió la copa del mundo de Qatar 2022, antes de descansar en las vitrinas de la AFA, tal como cuentan con orgullo medios locales. Consignan que el logro se debe a las gestiones de Achaval con Claudio “Chiqui” Tapia. El intendente aparece como uno de los nexos más cercanos de González Charvay.

Otro contacto se conoció más recientemente, cuando el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, reveló en diálogo con el medio El Auditor que, como consecuencia de las intimaciones por los presuntos descalabros en sus cuentas, la AFA había reflotado su intención de relocalizarse en el Municipio de Pilar, pero que la modificación era inválida por no haber sido aprobada previamente por el organismo que preside.

Los allegados a González Charvay, sin embargo, explican que el vínculo del juez con Achaval es el mismo que mantiene con el resto de los intendentes de la zona. Son relaciones “funcionales e institucionales”, a menudo dadas por su expertise, el narcotráfico, dicen quienes lo valoran.

El juez logró quedarse con el caso pese a que el fiscal Sebastián Bringas, de Campana, y el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Marcelo Aguinsky, ambos del fuero penal económico, habían opinado que no le correspondía. El fiscal de la Cámara de San Martín, Alberto Gentili, sostuvo, en tanto, que la competencia no era un asunto para tratar en feria y evitó referirse así al asunto.

Sus contactos -especialmente los que mantiene con el peronismo- y el hecho de que se hiciera eco del pedido puntual de los presuntos testaferros, y le pidiera el caso a su colega Aguinsky, despertaron suspicacias.

Fuentes del juzgado señalaron que por la tarde del martes se comenzó a recibir todo el material de la causa y que la idea no es “empezar de cero”, sino seguir construyendo sobre los cimientos que que plantaron los magistrados anteriores.

Achaval registra algunas victorias en el juzgado de Charvay Rodrigo Nespolo – digital

Desde el comienzo de sus actuaciones como juez federal Charvay acumuló fallos con fuertes resonancias políticas. En noviembre del año pasado, el juez procesó al exministro bonaerense de Transporte, Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato a presidente del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y dictó un embargo de $350 millones. Hasta ese momento, había versiones que lo vinculaban con el área de influencia judicial del massismo.

Axel Kicillof y Jorge D´Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, el organismo donde se desempeñaba hasta hace poco una candidata de Milei

En mayo de 2022, elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y de un plan de microcréditos para refacción de viviendas. La carrera política de Ducoté quedó en pausa desde entonces; fue Achával quien lo sucedió en la intendencia de Pilar. Ahí se habría cimentado ese vínculo.

Achaval, ligado al juego a través de su padre, Federico Achaval, registra varios “triunfos” en la sede judicial de González Charvay. Uno de los últimos fue el aval del juez para que la municipalidad cobre sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el Gobierno de Javier Milei.

“Le pega a todo el arco de la política y avanza en causas fuertes”, refiere alguien que no le tiene un estima especial.

Por sus conexiones fluviales, la porción geográfica en la que cumple funciones González Charvay está sindicada como un punto sensible para el narcotráfico. El juez acostumbra a liderar las investigaciones en su juzgado y solo ocasionalmente delega los casos a la fiscalía. En materia de narcotráfico, nunca.

En su haber registra varios operativos resonantes. Uno de los casos salientes fue el de “Bobinas Blancas”, en julio de 2017. Más recientemente, en julio de este año, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate y en firmas vinculadas a la operatoria de un buque que salió del puerto argentino y al llegar a Bélgica se le encontraron 222 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. En mayo, en otro procedimiento ordenado por el juez se incautaron más de 1000 kilos de marihuana en allanamientos realizados en Garín, Marcos Paz y Guernica.

Su formación se edificó por entero en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió, cursó estudios de posgrado y obtuvo el título de doctor en derecho constitucional.

Antes de trabajar en la Defensoría General de la Nación y antes de recalar en Campana, se desempeñó durante casi tres años, entre 2006 y 2009, como secretario letrado en Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA, bajo las órdenes del fiscal Alberto Nisman.

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El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó una recorrida por las obras del Centro Logístico Sostenible de la empresa Fríos del Norte, ubicado sobre la avenida de Circunvalación Sur. Se trata de un proyecto estratégico que avanza con una inversión cercana a los 15 millones de dólares y que prevé la generación de más de 120 nuevos puestos de trabajo, consolidando a la firma como un actor clave del sector logístico en el norte argentino.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial Nº 9829, sancionada por la Legislatura el 21 de noviembre de 2024 y promulgada el 6 de diciembre del mismo año, que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a la empresa un beneficio de reintegro a la inversión destinado a promover el desarrollo productivo, la generación de empleo genuino y la incorporación de tecnología. La norma establece un reintegro de hasta el 30% de la inversión efectivamente realizada, mediante certificados de crédito fiscal transferibles, con un tope equivalente a 15 millones de dólares y un plazo máximo de tres años. Asimismo, fija como condiciones la finalización de la obra en un plazo de 18 meses y la incorporación de al menos 100 puestos de trabajo permanentes con mano de obra local, entre otros requisitos.

Del recorrido participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; los legisladores Christian Rodríguez (presidente de la Comisión de Mercosur, COPA, Integración Regional y Relaciones Internacionales), Walter Berarducci, Gabriel Yedlin, Mario Leito, Alejandro Figueroa, Nancy Bulacio, Patricia Lizárraga y Alberto Olea; el diputado del PARLASUR Mariano Fernández; y las socias gerentas de la firma, María Eugenia Prado y Marta Prado.

El nuevo centro logístico se desarrolla sobre un predio de catorce hectáreas e incluye una base operativa integral con oficinas administrativas, talleres de mantenimiento, áreas de abastecimiento de combustible, espacios de capacitación, comedor, enfermería y sectores destinados al bienestar del personal. El núcleo del proyecto es una cámara de frío de última generación de 4.000 metros cuadrados, con posibilidad de ampliarse hasta 12.000 m², diseñada para recibir, almacenar, preparar y distribuir más de 7.000 posiciones de mercadería refrigerada y congelada, garantizando la trazabilidad completa de la cadena de frío.

Esta instalación será la primera en el país en operar íntegramente con dióxido de carbono (CO₂) como refrigerante, una tecnología de origen europeo que no contamina, mejora la eficiencia energética y eleva los estándares sanitarios en la conservación de alimentos.

Actualmente, Fríos del Norte cuenta con 220 trabajadores y con una flota propia de más de 150 camiones, y una vez que el centro logístico entre en pleno funcionamiento se estima la incorporación de entre 100 y 130 nuevos empleos. Además, durante la etapa de construcción participaron exclusivamente empresas y trabajadores tucumanos, generando un impacto positivo en la economía provincial.

El proyecto permitirá integrar en un solo operador el transporte de larga distancia, el almacenamiento, la gestión de stock y la distribución de última milla, eliminando intermediarios y reduciendo costos logísticos tanto para productores como para consumidores. Esta integración posibilitará además optimizar los tiempos de entrega y ampliar el alcance operativo a todo el país y a mercados regionales.

Durante la visita, Acevedo destacó que se trata de “una empresa tucumana administrada por tucumanos que decidió invertir y crecer en la provincia”, y remarcó el rol de la Legislatura y del Poder Ejecutivo en la sanción de herramientas que incentivan la inversión privada y la generación de empleo. Subrayó el carácter pionero del proyecto por la tecnología aplicada, equiparable a instalaciones europeas, y sostuvo que este tipo de inversiones “revalorizan los créditos fiscales porque se traducen en producción, trabajo y cuidado del ambiente”.

Por su parte, Marta Prado remarcó: “El crédito fiscal que se aprobó en la Legislatura fue fundamental para poder avanzar. Venimos trabajando en este proyecto desde 2021 y este acompañamiento nos dio un respaldo para terminar las obras y cumplir con los compromisos asumidos. La idea es inaugurar las cámaras de frío en el mes de marzo”.

En tanto, el gerente de Logística, Cristian Hayward, destacó la agenda de inclusión y sustentabilidad de la empresa: “Estamos trabajando en la conformación de un equipo de choferes mujeres como parte de una política activa de inclusión, porque creemos en ser protagonistas de ese cambio y ya contamos con mujeres desempeñándose con responsabilidad en la empresa. Al mismo tiempo, la sustentabilidad es un eje central de Fríos del Norte: nuestros clientes avanzan hacia el objetivo de carbono cero y acompañamos ese camino con camiones que utilizan urea para reducir emisiones y con cámaras frigoríficas que funcionan con CO₂, una tecnología única en el país, mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente”.

Finalmente, el legislador Christian Rodríguez agregó: “Este proyecto demuestra la importancia de la participación del Estado, a través de los créditos fiscales, para acompañar iniciativas que generan empleo genuino y de calidad. Cuando esté en pleno funcionamiento, incorporará alrededor de 120 nuevos trabajadores tucumanos. Es un claro ejemplo de articulación entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo productivo de la provincia”.

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La discusión por el desembarco de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol local tuvo un primer capítulo hasta ahora desconocido. Dos empresas que manejó la mano derecha de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación Argentina del Fútbol Argentino (AFA), gerenciaron Arsenal de Sarandí, el club de los Grondona, desde 2019. Aunque públicamente Claudio “Chiqui” Tapia defiende la autonomía de los clubes, sus aliados se quedaron con los derechos económicos de las instituciones e hicieron negocios, según pudo reconstruir LA NACION a partir de contratos, cartas y otros documentos revisados.

Las sociedades cuyos negocios se entrelazaron con clubes de fútbol son Malte SRL, una de las firmas involucradas en la trama de la mansión de Pilar, y Recomi SA. Ambas compañías comparten un nombre propio: el exmiembro del Consejo Federal de la AFA Juan Pablo Beacon, quien supo tejer un vínculo de confianza con Toviggino. La relación comenzó a desgastarse en los últimos meses, mientras la AFA empezaba a ser nombrada en distintas investigaciones.

Beacon administraba estas sociedades. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.

Como dos caras de una misma moneda, Malte y Recomi hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte le facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

La facturación de una empresa ligada a la cúpula de la AFA que prestó los servicios por los test de coronavirus

LA NACION contactó a representantes de la AFA, quienes no respondieron las consultas al momento de esta publicación. También intentó hablar con Beacon y la familia Grondona, pero tampoco obtuvo respuesta.

El radio de influencia de Malte y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.

Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.

Si bien Beacon ingresó como accionista de Malte en 2021, su relación con la firma se retrotrae a 2018, cuando era accionista Carlos Bruno Seguel, un hombre que participa en otras sociedades junto con el exmiembro de AFA. Cuando cedió sus acciones, en mayo de 2022, otra firma, SOMA, se quedó con la mayoría del capital. Esta empresa, oriunda de Santiago del Estero, tuvo a Darío Fabián Toviggino, como su principal accionista en 2023, según el Boletín Oficial de esa provincia.

Hasta el momento, los negocios de Malte con el fútbol argentino permanecieron en un capítulo inexplorado; la empresa acaparó la atención por haber sido propietaria de la mansión de Pilar entre junio de 2023 y mayo de 2024. Es decir, antes de la llegada de Real Central SRL. La Justicia investiga si sus titulares, Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, son testaferros de autoridades de AFA, algo que niegan los representantes de la entidad. En la casa se encontró un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central que identificaban a Pablo Toviggino durante un allanamiento.

La placa que le dedicó Barracas Central, el club de Tapia, a Toviggino

El derrotero de Arsenal es un buen ejemplo de los servicios que prestaba Malte. El club de Sarandí suscribió el gerenciamiento del fútbol el 27 de abril de 2019, el mismo día que logró el ascenso a primera división, un acuerdo válido por 28 meses. El documento, que lleva el nombre de Julio Grondona (hijo), indicaba que el club cedía todos sus derechos económicos a cambio de que Malte se hiciera cargo de sueldos y otras obligaciones para todas las actividades relacionadas con el fútbol.

El objetivo del gerenciamiento fue “reencausar la crisis económica y financiera de Arsenal”, señala el documento al que accedió LA NACION. Cuatro meses después de la firma del contrato, Malte intentó negociar un préstamo de Arsenal a la compañía por $ 500.000 con una tasa del 6% anual a devolverse en dos años, indicaron fuentes de la empresa. Un interés inferior al 47,6% de inflación que el Indec registró en 2018. Un mal negocio para el club.

Arsenal fue una usina de negocios para Malte, especialmente cuando se clasificó a la Copa Sudamericana en 2021. El club contactó ese mismo año a Odeoma Gestión SL (España), Stratega Consulting LLC (Estados Unidos) y Fútbol Capital SRL (Paraguay), tres sociedades vinculadas al santiagueño Fabián Marcelo Saracco, un ladero de Beacon, para convertirlas en agentes recaudadores de prácticamente todos los ingresos de Arsenal en el exterior, que incluían desde los premios que entrega la Conmebol hasta el dinero por el traspaso de jugadores vendidos. A cambio, estas empresas ofrecían un porcentaje del 10% de los fondos obtenidos, que se cobrarían en cuentas bancarias que tenían en Estados Unidos y España. Las negociaciones con las intermediarias incluyeron una solicitud para cobrar los premios por la participación de Arsenal en la Copa Sudamericana de 600.000 dólares.

Saracco, oriundo de Santiago del Estero pero residente en Madrid, desembarcó en la AFA desde 2018 en adelante para ofrecer servicios de representación comercial, desarrollo de proyectos, así como servicios de cobro de distintos contratos por auspicios de la Selección. Tal como reveló este diario, estas sociedades junto con TourProdEnter, Q22 Consulting Services y Global FC, percibieron US$300 millones de negocios que generó el fútbol de la entidad de la calle Viamonte.

Beacon se hizo cargo personalmente de otra fuente de ingresos del club: los reclamos ante la FIFA por impagos en el “mecanismo de solidaridad”, que es un porcentaje del 5% en las transferencias de futbolistas que fueron formados por Arsenal. Grondona (hijo) delegó en el entonces dirigente de AFA la representación del club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la federación internacional.

Grondona (hijo) delegó en el entonces dirigente de AFA la representación del club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la federación internacional.

Beacon envió cartas a FIFA por un puñado de trámites, como ocurrió, por ejemplo, con Alejandro “Papu” Gómez, que había sido transferido desde el Atalanta, de Italia, a Sevilla, de España. La entonces mano derecha de Toviggino reclamó ante la FIFA y finalmente logró que el club español le pagara 35.000 euros a la gerenciadora. También participó en los reclamos por el “mecanismo de solidaridad” de los futbolistas Darío Benedetto, Iván Marcone y Lisandro López entre 2021 y 2022.

Los negocios de Arsenal se volvieron a cruzar con la AFA de la mano de Malte. El club alquiló su estadio de Sarandí a la entidad comandada por Tapia y Toviggino entre 2020 y 2022 para realizar “eventos de diversas categorías del fútbol y otras actividades”. La gerenciadora facturó por esa vía, al menos, $130 millones de pesos, la mayoría pagado en ese último año, según los documentos revisados por LA NACION.

Con Arsenal todavía en primera división apareció otra gerenciadora. El club firmó un convenio con Recomi SA para que gerencie el club desde el 1 de mayo de 2021 por 14 meses, según documentos judiciales. La relación con las autoridades del club estaba en un buen momento, por eso se gestionó un “reconocimiento” para la empresa que consistía en ceder derechos federativos de los futbolistas Leonel Picco y Joaquín Pombo, que pertenecían a Arsenal. El pase de este último futbolista fue vendido en US$2 millones a Independiente del Valle (Ecuador) en 2023 y Picco desembarcó en Colón de Santa Fe por US$350.000, según publicó la página especializada Transfermarkt.

Pero los resultados deportivos dejaron a Arsenal en otra situación. El club descendió en 2024 y la situación cambió. La relación entre el club y la gerenciadora se quebró: Recomi demandó a Grondona por incumplir el contrato de “reconocimiento” y adujo que no les había entregado el dinero por la venta de los jugadores. Al final, la Justicia consideró que ese acuerdo era inválido y sobreseyó a Grondona.

Una de las dos facturas en dólares que presentó Juan Pablo Beacon, ex directivo de la AFA, por su asesoramiento a Arsenal de Sarandí, el club de los Grondona

La empresa apeló el fallo y finalmente las partes llegaron a un acuerdo en 2024 mediante el cual Arsenal se habría comprometido a pagarle una compensación a la empresa. Según la documentación revisada por LA NACION, Beacon le emitió dos facturas al club el 17 de abril y el 2 de mayo de ese año por 30.000 dólares cada una. En ambas especificó que se trataba de pagos correspondientes al “convenio Recomi – Beacon c/Arsenal FC”.

Después del gerenciamiento, el club cayó en una crisis deportiva que lo llevó a descender a la Nacional B. En la temporada siguiente, volvió a perder una categoría y desde entonces se mantiene en la Primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol local.

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El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, reunió este lunes en Casa de Gobierno a representantes del gabinete provincial para coordinar acciones ante las consecuencias que dejaron las intensas tormentas registradas este fin de semana en distintos puntos de Tucumán.

El encuentro se realizó con la participación del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, y secretarios de Estado, con el objetivo de evaluar la situación y articular respuestas conjuntas.

Luego de la reunión, el ministro Masso explicó que el trabajo interministerial se sostuvo de manera permanente ante la emergencia climática que atravesó la provincia. En ese marco, afirmó: “Ha sido una reunión para seguir coordinando el trabajo de los distintos ministerios y reparticiones ante la emergencia climática, que ya lleva prácticamente más de doce días en la provincia de Tucumán”.

Al detallar el estado de situación, el titular de Desarrollo Social destacó que no se registraron evacuados y subrayó la importancia de las tareas preventivas. “Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, que es muy importante, y estamos trabajando minuto a minuto, controlando sobre todo el cauce de los ríos y asistiendo cuando el tiempo nos va dando tregua”, expresó.

En relación con las acciones desplegadas en el territorio, Masso precisó los operativos realizados en distintos municipios del interior. “Hemos terminado el día sábado la asistencia a los municipios de Las Talitas y Tafí Viejo. En el día de hoy vamos a desplegar un operativo en La Cocha. También hemos estado el sábado en Graneros”, indicó.

Asimismo, el ministro brindó un panorama general sobre las zonas más afectadas y el funcionamiento de la infraestructura hídrica. “La zona sur y este de la provincia fueron las más comprometidas. Los canales funcionaron muy bien en la capital, el canal norte y el canal sur, lo que evitó anegamientos y evacuados”, señaló.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, aportó detalles sobre el estado de las rutas y caminos provinciales, especialmente en zonas de montaña. “Están afectadas la ruta 307 (Tafí del Valle) y la 338 (San Javier), que son caminos de montaña, con algunos sectores comprometidos debido a las lluvias que se registraron prácticamente en toda la provincia”.

Imbert también remarcó el trabajo articulado con Vialidad Provincial y el Ministerio de Obras Públicas para restituir la transitabilidad. “Se sigue trabajando en despejar los caminos en la medida en que estén en condiciones de piso, y lo positivo es que para los próximos días no tenemos alerta, aunque seguimos en monitoreo permanente”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario destacó que, pese a la magnitud del fenómeno climático, no se registraron evacuaciones masivas y se mantuvo la coordinación entre los organismos de respuesta.

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