En la decimotercera audiencia se leyeron los requerimientos de la fiscalía y la UIF por la adjudicación irregular de contratos de corredores viales. El debate se reanudará el 3 de febrero, con el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por 28 defensas. También, se habilitó la feria judicial de julio de 2026, para celebrar audiencias.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 leyó este martes los últimos requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la causa “Cuadernos”, seguida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72), otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes.
De esta manera, tras 13 jornadas de lectura, el juicio iniciado en noviembre pasado y que, de acuerdo a la evaluación realizada por la fiscal general Estela Fabiana León, abarca “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, se reanudará tras la feria judicial, el 3 de febrero con el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por algunas defensas.
La pieza acusatoria leída hoy es el sexto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de la investigación por la adjudicación irregular de contratos para los corredores viales N°1 a N°6, que comprenden partes de las trazas de las Rutas Nacionales N° 8, 9,12, 16, 19, 34, 36, 188, 193, A-005, A-008 y A-012.
El TOCF N°7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto a su colega Néstor Costabel como cuarto juez.
Además de la fiscal general León, -a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF de la Capital Federal- en este juicio el Ministerio Público Fiscal también está representado por el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.
Finalmente, por la querella, que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF), interviene el abogado Mariano Galpern.
Última jornada antes de la feria judicial
La decimotercera audiencia comenzó a las 9.20, y luego de que la secretaria Cecilia Chichizola verificara la presencia de los imputados y sus defensas, se le dio la palabra al abogado de Fernández de Kirchner -quien continua internada tras ser operada por un cuadro de apendicitis-, Carlos Beraldi, quien cuestionó que el tribunal haya dispuesto solo 45 minutos para que cada defensa planteara sus cuestiones preliminares en las audiencias de febrero.
Así, el abogado propuso que los abogados les adelantaran los plazos que necesitarían, a lo que el presidente del TOCF N°7, Méndez Signori, indicó que lo consultaría con sus colegas.
También se les dio la palabra a los abogados Marcos Aldazabal -defensa del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, junto a Elizabeth Gómez Alcorta-, quien presentó un recurso de reposición; Franco Matiello -defensa del empresario Gerardo Ferreyra junto a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó-; y Gabriel Palmeiro -defensor, junto a Maximiliano Rusconi, de De Vido y Schiavi-, quienes adhirieron al planteo de Beraldi al tiempo que plantearon diversas cuestiones sobre el tratamiento de la prueba.
Posteriormente, ante la consulta de la fiscal general León, el juez Mendez Signori indicó que, al concluir la lectura prevista para el día, tendría la oportunidad de responder las presentaciones efectuadas por las defensas.
La jornada continuó con la lectura de los acápites sobre “Los descargos de los imputados”, “Los aportes de los imputados colaboradores”, “La valoración probatoria” y la “Valoración probatoria” del requerimiento del 12 de noviembre de 2019 formulado en otra investigación derivada de la causa “Cuadernos”.
En esta causa, donde se abordó la adjudicación de concesiones para los corredores viales N°1 a N°6 -que comprenden las rutas nacionales 8, 9,12, 16, 19, 34, 36, 188, 193, A-005, A-008 y A-012- fueron imputados el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) -entre 2003 y 2007-, Claudio Uberti; y los empresarios Miguel Marcelino Aznar (75) -presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC-; Patricio Gerbi (70) -presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)-; Marcela Edith Sztenberg (59) -vicepresidenta de Equimac S.A.-; Obdulio Ángel Barbeito (77) -gerente general de Homaq SA-; Juan Manuel Colazzo (61) -exasesor y directivo de Corporación América S.A. e integrante de Helport S.A.-; Marcelo Marcuzzi (82) -directivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. (UTE)-; y Miguel Ángel Marconi (66) -directivo de Supercemento S.A.I.C.-.
“Frente a la magnitud de la maniobra ilegal vinculada al otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2007 en el Órgano de Control de Concesiones Viales -OCCOVI-”, señaló Stornelli.
Agregó que “la investigación se orientó a esclarecer la existencia de intercambios ilegales en el señalado período en el marco de la ejecución de los contratos de concesiones viales”.
El representante del MPF consideró que Uberti intervino como miembro de la asociación ilícita liderada por Fernández de Kirchner, y desplegó “las acciones tendientes a concretar la recaudación de fondos y/o reconducción de los mismos hacia los estamentos superiores de la organización en el ámbito del organismo que presidía durante el período comprendido entre el mes de mayo del año 2003 y el mes de agosto de 2007”. También, como miembro de la organización incluyó al empresario Aznar.
Por otra parte, el fiscal les endilgó a De Vido, Uberti y Aznar la coautoría de distintos cohechos pasivos, mientras que Gerbi, Sztenberg, Barbeito, Collazo, Marcuzzi y Marconi fueron imputados por cohecho activo.
Luego se dispuso un cuarto intermedio, tras lo cual se leyeron a los acápites “Del delito de asociación ilícita”, “De los delitos de cohecho activo”, “De los delitos de cohecho pasivo” y “Calificación legal” contenidos en el requerimiento de la UIF, fechado 22 de noviembre de 2019 y suscripto por los abogados Mariano Federici y Martín Alejandro Olari Ugrotte, extitular y exintegrante del organismo.
La respuesta de la fiscalía y la UIF al planteo de Baratta
Tras disponer formalmente abierto el debate, el presidente del tribunal le cedió la palabra a la fiscalía y al representante de la UIF, para que respondieran el escrito de reposición presentado por el abogado Marcos Aldazabal, que representa al exsubsecretario Baratta.
A su turno, la fiscal general León señaló “que el debate debe tener un cauce, un orden” y que “es imprescindible que, estando ya en el debate, las decisiones y los eventos que ocurran se comuniquen en la sala de audiencias para conocimiento de todas las partes y no, como se ha realizado por escrito”. Ello porque “no se conoce el contenido de las presentaciones hasta tanto el tribunal las sube” al sistema LEX-100.
Respecto del planteo postulado por la defensa de Baratta, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el artículo 376 Código Procesal Penal de la Nación dispone un “acotado margen de cuestiones que pueden plantearse como cuestiones preliminares estrictamente”.
En cuanto al acceso a la prueba, “también la fiscalía tiene dificultad en ese sentido, porque venimos reclamando copiar documentación de la causa 9608” a la que no han tenido acceso. Agregó que, esperaba que el año próximo se regularizara la situación, caso contrario, adelantó que lo plantearía como cuestión preliminar.
En relación a la limitación del tiempo de exposición postulado por los abogados de los imputados, la fiscal general León consideró que la acotación establecida por el TOCF no vulnera su derecho de defensa.
“Es correcto que el tribunal ponga algunos límites dado el tratamiento que se dio a este juicio, de juicio complejo, con el que todas las partes hemos estado de acuerdo”, señaló León y también añadió que “El derecho de defensa no se concreta en un derecho a exponer sin limitaciones” y que es facultad de la presidencia del TOCF de establecer su duración.
“Todos debemos colaborar de algún modo para que, sin violar ninguna garantía, ni violar ningún derecho, las cosas se encuentren encaminadas en una clara dirección”, destacó la fiscal general y adelantó que apoyaría una decisión del TOCF de transmitir íntegramente el desarrollo del debate, para dotar de mayor transparencia al proceso.
Por otra parte, León consideró atinado que las defensas de las personas que están imputadas en varios tramos de la pesquisa, tuvieran más tiempo de exposición. Sin embargo, ello no debía afectar “el calendario que ya se encuentra fijado”.
“Observo, en ese sentido, que hay muy pocas audiencias fijadas durante el mes de febrero, y que ellas son de muy corta duración. Si nos atenemos al panorama que se nos dio a conocer, no son más de 4 horas de audiencia, cada martes y cada jueves, y no hay audiencias previstas para otros días”, señaló León.
Agregó que, si el tribunal consideraba que debía asignarse más tiempo, solicitó “que se fijen más horas y más días de audiencia para que los planteos se puedan realizar en la medida que el presidente considere necesario”.
Por otra parte, León destacó que no tuvo respuesta acerca de “por qué no hay audiencia el día 19 de febrero, que es un jueves”. Señaló que el 17 de febrero era feriado, pero que el jueves no, por lo que solicitó que “el cronograma se cumpla”.
Ante ello, el juez Méndez Signori indicó que “el tribunal ya tenía previsto no fijar audiencia” aquel día.
Luego, le cedió la palabra al abogado de la UIF, quien coincidió con la postura de la representante del Ministerio Público Fiscal y señaló que estos planteos colaboraban a dilatar el proceso y que el tiempo concedido a las defensas “resultaba excesivo” para el tratamiento de las cuestiones preliminares.
Posteriormente, y previo a cederle la palabra los abogados Palmeiro, Rusconi y Gómez Alcorta, el presidente del TOCF efectuó un cuarto intermedio -que se extendió más de dos horas- para dar respuesta a las presentaciones.
En tal sentido, los jueces Méndez Signori y Canero -su colega Castelli formuló su propio voto- “consideraron razonable el tiempo de exposición fijado para cada parte en 45 minutos”, mientras que ampliaron el plazo a 90 minutos para las defensas de aquellos imputados en más de un tramo de las causas.
Además, en línea con lo postulado por la fiscalía y “con el fin de evitar que la extensión del plazo asignado a cada parte afecte el cronograma fijado, el tribunal habrá de sumar horas de audiencia y/o nuevas jornadas, para cumplir con esta etapa del debate”.
También, el tribunal aclaró -con la antelación suficiente- “que durante el receso invernal del mes de julio de 2026, va a prestar funciones, razón por la cual va a habilitar la feria para celebrar audiencias en el marco de este juicio oral y público”.
Finalmente, la audiencia concluyó pasadas las 16.15, cuando se dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el martes 3 de febrero de 2026, a las 9 cuando se reanudará el debate tras el receso por la feria judicial estival.
En línea con lo informado por el tribunal -en respuesta a la inquietud postulada por la fiscal general León, en la audiencia pasada- el desarrollo del debate continuará bajo la modalidad virtual, a excepción de las declaraciones indagatorias de las personas imputadas, que se harán de forma presencial.
Las audiencias de los días martes serán a las 13.30, mientras que las de los días jueves iniciarán a las 9.
Las próximas audiencias
De acuerdo al cronograma comunicado ayer por el tribunal, el 3 de febrero está previsto el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por las defensas de Fernández de Kirchner; De Vido; del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta; del exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez; del empresario Jorge Juan Mauricio Balán; y del financista y dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens.
En la jornada del jueves 5 de febrero, será el turno de las defensas de los exsecretarios privados de Baratta y De Vido, respectivamente, Nelson Javier Lazarte y José María Olazagasti; los empresarios Gerardo Luis Ferreyra -exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A.-; Juan Carlos Lascurain -expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.-; Carlos José Mundín -presidente de BTU S.A.-; y Alberto Ángel Padoán -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-.
El de 10 de febrero expondrán las defensas de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero -gerente general y titular de Hidrovía S.A., respectivamente-; de Jorge Alberto Tasselli -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-; de Oscar Alfredo Thomas -exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá-; de Armando Roberto Loson -presidente del Grupo Albanesi S.A.- y de Aznar.
Las defensas de Jorge Sergio Benolol -integrante de JCR S.A.-; de Guillermo Escolar -directivo de Cleanosol Argentina S.A.-; de Eduardo Luis Kennel -gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999-; de Silvio Mion -integrante de Equimac S.A.-; de Roberto Juan Orazi -presidente de Hidraco S.A.-; y de Juan Bautista Pacella -representante de Constructora Dos Arroyos-, tendrán su oportunidad el 12 de febrero.
El martes 17 y el jueves 19 de febrero no se celebrarán audiencias. Y el debate continuará el 24 de febrero con las alocuciones de las defensas de Mario Ludovico Rovella -responsable de Rovella Carranza S.A.-; de Oscar Abel Sansiñena -representante de Cleanosol Argentina S.A.-; de Sztenberg y del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Raúl Jaime.
El juicio
La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio donde se abordaron las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner.
La lectura continuó en las jornadas del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando concluyeron con la primera pieza acusatoria y avanzaron con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, plasmada en el segundo tramo de la investigación.
También, en la jornada del 27 de noviembre comenzaron a leer el tercer requerimiento de elevación a juicio del fiscal Stornelli, cuya lectura concluyeron el 4 de diciembre pasado, luego de que el martes anterior se destinara la audiencia a dar tratamiento al planteo de recusación formulado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado.
Asimismo, en el 9, 11, 16 y 18 de diciembre pasados se leyó el cuarto requerimiento de elevación a juicio del MPF y se comenzó con el de la UIF, en la causa “Camarita”, en la que se investigó la cartelización de la obra pública civil, a través de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
El martes pasado, se realizó la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio en la causa “Trenes”, en la que se abordaron las maniobras ilícitas desplegadas por funcionarios y empresarios para la adjudicación de contratos ferroviarios. También se leyó la presentación de la UIF en esa causa./fiscales.gob
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