Cristian Ritondo formalizó el conflicto político y judicial que había anticipado en el recinto. El jefe del bloque Pro en Diputados presentó el sábado una acción de amparo contra la Cámara baja para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento mediante el cual se designó a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este lunes se conocerá qué juzgado tomará el caso.

El planteo judicial es la consecuencia directa de la sesión maratónica que comenzó el miércoles y concluyó el jueves de madrugada, cuando una maniobra coordinada entre el oficialismo y el kirchnerismo dejó a Pro fuera del organismo de control externo más sensible del Estado.

Cristian Ritondo durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en DiputadosManuel Cortina

El episodio se desató cerca de las 3 de la mañana, en una sesión convocada originalmente para debatir el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y la iniciativa para prohibir el déficit. Tras acompañar con sus votos los dos primeros proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo, el bloque Pro fue sorprendido por una moción introducida por el oficialismo -en acuerdo con Unión por la Patria- para designar como auditores a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

La maniobra sepultó la aspiración de Pro de ubicar en la AGN a Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Mauricio Macri, un lugar que el Gobierno les había prometido el año pasado −cuando tenía menos de la mitad de los diputados actuales− como parte del esquema de alianzas parlamentarias.

Cuando se leyó la moción en el recinto, Ritondo reaccionó con dureza y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde su banca, cuestionó la legalidad del procedimiento: “¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no figura en el decreto? Solo se puede tratar una jura o la elección del presidente de la Cámara. Esto es inconstitucional”.

Con visible enojo, cerró su intervención con una advertencia política que marcó el quiebre del vínculo: “Que quede claro que la falta de códigos, de respeto y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”. Tras esas palabras, los bloques de Pro, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto para no convalidar lo que calificaron como un atropello institucional.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien negoció la maniobra
Manuel Cortina

Minutos después, el macrismo difundió un comunicado en el que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” y advirtió que las instituciones no pueden funcionar bajo la lógica de una “mayoría circunstancial”.

Buscó, en ese texto, despegar al presidente Javier Milei del episodio y focalizó las críticas en los negociadores parlamentarios. “Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo. Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles”, señaló el texto, que también reprochó “mezquindades” que −según advirtió− entorpecen la agenda de cambios del Gobierno.

La acción de amparo presentada por Ritondo repasa con detalle lo ocurrido esa madrugada y sostiene que la resolución 7018-D-2025, por la que se designaron a los tres auditores, es nula de nulidad absoluta. Entre los principales argumentos planteados ante la Justicia se destacan la violación del temario de sesiones extraordinarias −ya que la designación de auditores no figuraba en el decreto de convocatoria−; la irregularidad del procedimiento, al haberse presentado la moción sin debate previo y sin tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.

El escrito también subraya que los auditores ya se encontraban en el Congreso aguardando su llamado a las tres de la mañana, lo que −según Ritondo− evidencia la existencia de una decisión previamente acordada y ejecutada al margen de las reglas.

En su presentación, el diputado citó testimonios de otros legisladores que cuestionaron el episodio. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, habló esa noche de un “reparto de cargos”; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció “transacciones de una transversalidad y longitud inimaginables”; y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, calificó lo ocurrido como “maniobras nocturnas” propias de la “vieja casta”.

Mónica Almada, la nueva auditora designada en representación de La Libertad Avanza

La urgencia del reclamo judicial se apoya en el peso institucional de la Auditoría General de la Nación, un organismo de rango constitucional encargado del control patrimonial, económico y financiero del sector público nacional. Sus integrantes auditan contrataciones, gastos y políticas de alta sensibilidad.

Ritondo solicitó, además, una medida precautelar para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones y suspenda la incorporación de los nuevos auditores hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Ahora, será la Justicia la que deba determinar si la designación fue una maniobra parlamentaria dentro del juego político o si, como sostiene Pro, se violó el debido proceso legislativo durante la madrugada.

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Los protagonistas de la presunta asociación ilícita que se abocó durante la gestión de Diego Spagnuolo a expoliar decenas de miles de millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), también extrajeron fortunas de otras áreas del Estado nacional durante las presidencias de Javier Milei y Alberto Fernández, según reconstruyó LA NACION en base a registros oficiales, documentos tributarios y fuentes al tanto de la operatoria bajo sospecha.

El entramado abarca a Miguel Angel Calvete y Federico Maximiliano Santich, dos empresarios que ya se encuentran bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello. Pero incluye también a otros exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados de ambos que permanecen en las sombras, hasta ahora.

Alberto Fernández y Ginés González García, durante el gobierno del Frente de TodosArchivo

La operatoria conjunta comenzó a gestarse durante la pandemia de Covid-19, cuando un amigo en común presentó a Calvete y de Santich, café de por medio. Pronto, el ida y vuelta entre ambos viró hacia la posibilidad de generar negocios con el sector público. ¿Y cuál fue el primero? Vender ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García.

“Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza”, recordó una fuente con conocimiento directo de la operatoria que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva de su nombre. “Tenían un ida y vuelta permanente con funcionarios de Salud, y con otros que respondían a la Casa Rosada, incluyendo colaboradores de Santiago Cafiero y Juan Manzur”, precisó, en alusión a los jefes de Gabinete de Alberto Fernández.

Durante aquellos años de cuarentena y confinamiento, Calvete y Santich también hicieron pie –y ganaron millones– con en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, y con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero allí no pretendieron construir o reparar rutas o puentes, según reconstruyó LA NACION. Se concentraron en la provisión de “servicios”.

Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia de discapacidad, en Comodoro PyRicardo Pristupluk

Santich operó esos negocios apoyado en varias empresas. Entre ellas, Profarma SA y Profusión Marketing SRL, a la que rebautizó Profusion SRL cuando en agosto de 2020 modificó su objeto inicial de consultoría informática y la destinó a “servicios relacionados con la salud humana”. Ambas figuran en el dictamen que el fiscal Picardi presentó en noviembre para pedirle a Casanello que ordenara la indagatoria a Santich, y la detención e indagatoria de Calvete.

En su dictamen, no obstante, Picardi no incluyó otras dos sociedades que Santich utilizó de manera intensiva para sus negocios durante los últimos años. Son Smart Medical Image SRL –más conocida como SMI SRL– (CUIT 30-71586218-9) y Prenor SAS (CUIT 30-71659647-4). Ambas, con la venta de instrumental y artículos ortopédicos como objeto social desde diciembre de 2020 y julio de 2022, respectivamente, según surge de los registros de ARCA.

Tanto Smart Medical Image como Prenor quedaron bajo la supervisión directa de la mano derecha de Santich, Laura Poloni. “Ella era la que pedía todas las facturas, se encargaba de los pagos por todas esas sociedades y de los retiros de fondo”, detalló una segunda fuente consultada por LA NACION.

Por aquellos días, Santich dio un salto de calidad. Ocurrió cuando un interlocutor habitual, Kevin Pocovi, le abrió las puertas de la Andis a Calvete y a él. “Fue Kevin quien los presentó a Santich y Spagnuolo, y el resto es historia”, ironizó una fuente con conocimiento directo de los negocios en diálogo con LA NACION. “El contacto se gestó desde las oficinas de la familia Pocovi en Torre Catalinas Plaza”, abundó, en alusión al edificio ubicado a metros del cruce de las avenidas Madero y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires.

Consultados por LA NACION, junto a Spagnuolo aportaron datos complementarios. “Diego lo conoció a Kevin antes de la campaña, en 2021 o 2022”, estimaron. “Y le presentaron a Calvete durante la campaña [presidencial de 2023], durante un acto”.

Federico Maximiliano Santich, bajo la lupa de la Justicia

Cercano al diputado libertario Guillermo Montenegro, que supo ser operador de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Kevin Pocovi aparece vinculado a tres sociedades comerciales. Y con una de ellas, Inversora Eslava SA, firmó con el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en la calle Reconquista 46 de Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024, según surge del expediente oficial AA-EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI.

Medio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, Kevin Pocovi es hermano de Alan Pocovi, otro investigado en la “causa Andis”. El fiscal Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Calvete y “otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos” y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.

Sin embargo, según relataron a LA NACION fuentes al tanto de los negocios de Santich, Calvete y otros protagonistas, el paso de los años y la acumulación de negocios con el sector público generó tal volumen de ingresos que los protagonistas de la operatoria bajo sospecha decidieron adquirir un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes, donde también financiaron las campañas de candidatos locales.

Kevin Pocovi, en Mar-a-Lago

Para entonces, Santich ya se movía en autos de lujo que compraba al contado con fajos de billetes. También abría una oficina en la calle Esmeralda 1080 de Buenos Aires con la meta de expandir sus operaciones. Por ejemplo, con Meridius SA (CUIT 30-71179868-0), una sociedad abocada a la venta al por menor de instrumental médico y productos ortopédicos desde enero de 2023, según consta en los registros de ARCA.

Junto a Sergio Mastropietro, otro de los señalados por el fiscal Picardi como presunto lavador de las ganancias bajo sospecha del grupo a través de las firmas Baires Fly SA y Megastatica SAS, Santich y Calvete se ilusionaron con entrar y jugar en las ligas mayores. “Al final, estaban pasados de rosca”, rememoró alguien que trató al trío durante años. “Estaban tan cebados que en un momento llegaron a decir que querían comprar la cadena Garbarino”.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le hizo una demanda a su exempleadora de casi 15 años por un presunto despido sin causa.

El exvocero alegó que la demanda se cerró previamente, en un acuerdo conciliatorio. La empresa, Mapemfi, agente oficial de la marca de autos Renault, no reconoció los hechos pero acordó un pago en etapa de conciliación. Adorni aseguró en su demanda que le pagaban en negro.

El proceso comenzó en 2016. Además de Mapemfi, Adorni demandó a Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A por supuesta responsabilidad solidaria.

En el telegrama enviado a todas las sociedades, el jefe de Gabinete argumentó que incurrieron en “faltas graves alejadas de la buena fe y costumbres laborales que han imposibilitado mantener el vinculo laboral”.

Telegrama enviado por Manuel Adorni

Adorni rechazó la “improcedente, mendaz e insólita” carta documento que le enviaron previamente, en la que se lo intimó bajo apercibimiento de abandono a “justificar ausencias de los días 11 al 12 de mayo de 2016″. “Adviértase dos días para tamaño apercibimiento”, acotó en el telegrama.

Allí explicó que el día 11 del ese mes, directivos de la empresa le negaron categóricamente el trabajo “sugiriéndome que haga un número (liquidación en virtual camino a un despido sin causa que lo justifique)”.

“Sorpresivamente -agregó- recibo la CD en cuestión que, amen de no entender la posición de la empresa, aprovecho para intimarla ante negativa de trabajo, aclare mi situación laboral en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de considerarme despedido ante su actitud injuriosa”, continuó.

En este mismo telegrama, los intimó a que regularicen su situación laboral, “en atención a que siempre me pagaron mensualmente mis remuneraciones parcialmente en negro la suma de $ 15.000; como también la fecha de ingreso registrado dos años después”.

“Por la misma razón nunca me pagaron aguinaldos ni vacaciones proporcionales por las diferencias en negro. A los efectos que procedan a regularizar mi situación laboral y cumplan con todas las obligaciones de la seguridad social , señalo que ingresé a trabajar en septiembre de 2002, que percibía una remuneración por recibo oficial y la parte en negro que ascendía a $45.862,15″, argumentó en aquel entonces el actual jefe de Gabinete.

Fuentes del entorno de Adorni dijeron a LA NACION que lo sucedido “no tiene nada que ver con la industria del juicio”. Y alegaron que la demanda nunca llegó a juicio ni sentencia. “Fue hace mas de 10 años y en el marco de la ley”, agregaron.

Conciliación lograda en el la demanda hecha por Adorni

Las empresas mencionadas respondieron el 11 de octubre de 2016, rechazando en todos los casos el reclamo. Negaron la existencia de una relación laboral directa con el actor y descartaron cualquier tipo de responsabilidad solidaria. Entre el 12 y el 18 de octubre de 2016, quedaron registradas en el expediente las notificaciones y devoluciones de las cartas documento.

La etapa judicial comenzó formalmente el 24 de abril de 2017, cuando el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66 tuvo por presentada la demanda.

El juez Julio Armando Grisolía convocó a una primera audiencia de conciliación para el 23 de junio de 2017. En esa audiencia comparecieron Adorni y el apoderado de Mapemfi S.A., sin que se alcanzara un acuerdo. El tribunal dispuso entonces correr traslado de la demanda a las restantes codemandadas y fijó una nueva audiencia.

Durante agosto de 2017, Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A. contestaron la demanda solicitando su rechazo.

En sus presentaciones, reiteraron la inexistencia de vínculo laboral con Adorni y cuestionaron la procedencia del reclamo. El actual funcionario respondió esas contestaciones, ratificando los términos de su demanda original.

El 12 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación. En ese acto, Adorni desistió de la acción y del derecho respecto de Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., lo que implicó su desvinculación definitiva del proceso judicial. A partir de ese momento, el litigio quedó limitado exclusivamente a Mapemfi S.A.

Ese mismo día, el actor y la empresa alcanzaron un acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el juzgado.

Según consta en el acta, Mapemfi S.A. se comprometió (“al sólo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno al actor”) a abonar a Adorni la suma total de $1.000.000, en concepto de indemnización por antigüedad. El pago se estableció en cuatro cuotas de $250.000, con vencimientos entre septiembre y diciembre de 2017. Al valor del dólar de entonces, eran unos US$60.000. La homologación judicial otorgó al acuerdo efecto de cosa juzgada.

Adorni se refirió a los juicios laborales en su última aparición en el Coloquio de Idea. “Necesitamos recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, profundamente dañado por el exceso de burocracia y litigiosidad. Para eso debemos quitarle poder a los agentes que buscan dañarlo para su propio beneficio, como los caranchos laboralistas, que son capaces de mandar a la quiebra una pyme con tal de cobrar un juicio. Cuando una pyme no sabe cuánto le va a terminar costando un empleado a causa de juicios injustos, directamente no lo toma. Por eso esta reforma apunta a terminar con la nefasta industria del juicio laboral, buscando eliminar discrecionalidad por parte de los jueces laborales a la hora de dictar sus sentencias”, dijo entonces.

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Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en la que abordaron una agenda centrada en obras públicas, financiamiento y proyectos conjuntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Capital.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la gestión de fondos en Buenos Aires para avanzar en obras vinculadas a la inundabilidad. En ese marco, Chahla detalló que ya se encuentra en proceso de licitación una primera obra en el barrio 360 Viviendas, una zona cercana al Canal Sur que sufre históricamente problemas de anegamientos. “Es una obra para mitigar y paliar la situación de muchas familias. Desde el primer día el gobernador dijo que sí y ahora confirmó su acompañamiento”, comentó.

Según explicó la intendenta, el proyecto tiene un presupuesto estimado de 2.000 millones de pesos, que se financiarán de manera conjunta: 1.000 millones aportados por la Provincia y 1.000 millones por el Municipio. Además, se analizaron otras intervenciones necesarias en la zona norte de la ciudad, que beneficiarían a barrios como Sitravi, Margarita y sectores aledaños.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de avanzar en una obra de mayor envergadura, como el Colector Norte. En materia de movilidad urbana, Chahla adelantó que dialogaron sobre la planificación de un nuevo puente para mejorar el tránsito en la avenida Sarmiento, iniciativa que despertó el interés del Gobernador.

Otro de los temas abordados fue el concurso del proyecto para la confitería del lago del Parque 9 de Julio. La jefa municipal comentó que Jaldo acertó la elección del proyecto ganador, sin conocer previamente cuál había sido seleccionado por el jurado.

Con la mirada puesta en el futuro, Chahla remarcó que ambos coincidieron en la necesidad de concretar al menos dos de estas obras clave durante 2026, con el objetivo de llegar a fines de ese año y comienzos de 2027 con mayor tranquilidad frente a las inundaciones.

Al hacer un balance del trabajo municipal durante 2025, la intendenta destacó el esfuerzo realizado en un contexto económico complejo. “Hemos trabajado mucho y se nota, dentro de lo posible, con ingresos finitos. Tucumán sigue siendo una de las provincias que está generando obras”, afirmó.

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio en áreas como seguridad y educación, y mencionó las acciones previstas para las fiestas de fin de año, con refuerzos en prevención, salud y patrullaje urbano en bicicleta. “Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano. Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”, concluyó.

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