El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) mejoró en el segundo semestre del año y registra un incremento sostenido desde, al menos, 2023. No obstante, ocho de cada diez personas siguen creyendo que la Justicia no es imparcial, eficiente, honesta ni capaz de controlar a los poderes políticos y económicos.

El ICG es un estudio que realizan cada seis meses la asociación civil Fores y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Está integrado por dos subíndices: uno “conductual” (qué harían los encuestados ante un problema jurídico de tipo patrimonial, familiar o laboral) y uno “perceptual” (cómo ven a la Justicia en relación con los atributos que se esperan de ella).

El conductual históricamente da mucho mejor que el perceptual y esta vez no fue la excepción. El ICJ, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices y tiene una amplitud que varía entre 0 y 100.

En esta última medición, dio 52,4 (2,3 puntos más que en el primer semestre de 2025), lo que equivale a una mejora de 4,6% en seis meses, y 4,9 puntos respecto del segundo semestre de 2023. Esto representa, dicen sus autores, 10,3% en dos años.

Ante la consulta de cómo es de confiable la Justicia en cuanto a “tratar a todos por igual”, el 79% de los encuestados se manifestó por la negativa (55% dijo que “poco confiable” y 24%, “nada confiable”). En cuanto a “capacidad y eficiencia”, el resultado fue negativo en un 78% (54% dijo que “poco confiable”; 24%, que “nada confiable”).

Con respecto a “honestidad y honradez”, fue negativo en un 79% (54% dijo que “poco confiable”; 25%, que “nada confiable”). Y el peor resultado fue en cuanto a su “deber de controlar al poder político y/o económico”: 88% fue negativo (50% dijo que “poco confiable”; 33%, que “nada confiable”).

Sin embargo, pese al bajo nivel general de confianza, 74,1% de los encuestados respondieron que, en caso de necesitarlo, recurrirán a la Justicia para dirimir conflictos tales como la recepción de un cheque sin fondos (77%), un divorcio (72%) o si no están satisfechos por una indemnización laboral (79%).

El ranking

La encuesta incluía también la pregunta: “¿En cuál de estas instituciones Usted confía más?“. Al tope de las instituciones quedó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El orden siguió: Facultades de Derecho, Abogados, Justicia Penal Federal, ONG’s, Justicia provincial, sistema de mediación y justicia no penal.

La encuesta se hizo con 1008 casos, de forma telefónica (625 teléfonos fijos y 383 celulares), en 40 localidades de diferentes puntos del país. El trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresó sobre la reforma electoral e indicó que el proceso se desarrolla con instancias de intenso trabajo previas en el Poder Legislativo y que el objetivo central es alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas.

En ese marco, Jaldo manifestó: “yo tengo entendido, por las reuniones que vengo manteniendo con el presidente de la Legislatura –el vicegobernador, Miguel Acevedo– y con el presidente subrogante, Sergio Mansilla, que se ha venido trabajando mucho en el Poder Legislativo. Desde el Ejecutivo hemos venido colaborando con algunos proyectos de leyes, pero nosotros queremos sacar una reforma que tenga el consenso. Sabemos que nunca va a ser de todos, y mucho menos cuando es una reforma electoral donde hay muchos intereses políticos de por medio, donde hay muchos espacios políticos que opinan y que legítimamente opinan dentro del marco democrático”.

El Gobernador sostuvo que cada sector planteó su posición en función de su pertenencia política y remarcó la necesidad de construir acuerdos amplios. Al respecto, señaló: “cada uno opina pensando en su espacio político o en su partido. Por eso nosotros queremos una reforma política con el mayor consenso político”.

Asimismo, explicó que la reforma incluyó distintos aspectos además del sistema electoral. “no sé si en la sesión que va a venir en esta semana, se va a incluir alguno de los puntos que tenga que ver con la reforma, porque no solo es una cuestión electoral, después tenemos otras reformas que tienen que ver con la ficha limpia, tenemos otra reforma que tiene que ver con las cuestiones de candidaturas testimoniales, hay reformas que tenemos que ver con el cupo femenino”, afirmó.

Jaldo indicó que todas esas iniciativas formaron parte del esquema normativo que se previó para su aplicación en los próximos años. En ese sentido, expresó: “todo entra dentro de la reforma que se va a poner en vigencia y con las cuales vamos a transitar el año 2027”.

Finalmente, el mandatario provincial dejó abierta la posibilidad de continuar el debate durante el próximo año legislativo. “de todas maneras, si no se los trata hoy a todas, a todas o parcialmente las reformas, tenemos todo el año 26 para ponernos a trabajar, seguir trabajando como lo venimos haciendo y buscar los consensos necesarios”, aseveró.

Jaldo añadió que “lo que hemos conversado hoy con el vicegobernador y presidente de la Legislatura y con el presidente subrogante fue que si avanzamos con alguna reforma o si avanzamos con algunos puntos que tienen que ver con la reforma institucional, electoral y política en la provincia, que lo hagamos con el mayor consenso posible”.

Porque, sostuvo, “primero, tenemos tiempo, tenemos todo el año 26 para seguir trabajando. Ahora, si hay consenso, que se lo haga esta semana. Si entendemos que podemos buscar y llegar a un mayor consenso el año que viene, bueno, es preferible que la tratemos el año que viene”.

El mandatario también dijo que continúan las conversaciones con los distintos partidos y sostuvo ante los periodistas que preguntaron por qué no se llegó a un consenso hasta el momento: “No lo sé, están conversando” y dijo que se vio “inclusive a través de los medios que hay legisladores que antes que se trate la reforma ya hacen crítica. O sea, nosotros no tenemos apuro, nosotros hemos demostrado que con un sistema, si vamos al espacio político nuestro, que con un sistema o con otro hemos ganado las elecciones”

“Se hizo la boleta única a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre y el Frente Tucumán Primero sacó casi 51 puntos, más de medio millón de votos. El sistema electoral en nuestro espacio no incide para nada en el resultado electoral. Y de la misma manera, nadie nos va a apurar, vamos a sacar la mejor reforma posible, con el mayor consenso posible. Por eso, yo digo, si es que hay consenso, que se avance. Y si creemos que el año que viene podemos tener un mayor y mejor consenso, ¿cuál es el sentido de apurar una reforma esta semana, si tenemos todo el año 26 para hacerlo?”, concluyó.

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El exministro de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) Jorge Triaca asevera que el proyecto de “modernización laboral” que presentó el Gobierno al Congreso es una oportunidad para insuflarle mayor dinamismo a un mercado laboral estancado y que, advierte, hace 12 años que no genera empleo formal en el sector privado.

En diálogo con LA NACION, Triaca señala que uno de los puntos positivos del proyecto es que establece parámetros claros para la incorporación y despido de trabajadores, lo que redundará en una reducción de la llamada “industria del juicio” y, por consiguiente, en un incentivo para la contratación.

Sin embargo, también señala algunos puntos grises de la iniciativa –como el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral− y tiene dudas sobre la conveniencia de eliminar las polémicas cuotas sindicales y empresarias.

−¿Cree que el proyecto impactará positivamente en la generación de empleo formal? ¿Por qué?

−Yo creo que sí: da previsibilidad, establece elementos claros para la incorporación y para la salida de los trabajadores, que son las demandas más importantes del sector empleador. Además, incluye cláusulas que apuntan a reducir la litigiosidad y la industria del juicio. El motivo central por el cual los sectores empresarios deciden tomar un trabajador nuevo está vinculado a que tenga un rédito en relación a la inversión que realiza tanto en capital como en recursos humanos; cuando ve que eso se pone en riesgo a partir de la litigiosidad se retrae la voluntad de contratar a una persona nueva. Dispone, también, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para atender las futuras indemnizaciones. Entonces, este proyecto busca resolver y dar previsibilidad al sector empleador, que es el sector que contrata, para que tenga certeza en relación a sus costos. No alcanza solamente con arreglar la macroeconomía; también hay que darle previsibilidad al empresario a la hora de contratar a los trabajadores. Me parece que todas estas reformas van a impactar positivamente en el mediano plazo y, sobre todo, le darán dinamismo a uno de los sectores más castigados del mercado laboral, que son las pequeñas y medianas empresas.

Jorge Triaca se retira de la sede del Pro en Balcarce 412.Nicolás Suárez

−¿Qué ventajas le ofrecería esta reforma a los futuros trabajadores?

−El proyecto ofrece un dinamismo que va a ayudar a los futuros trabajadores a conseguir un trabajo formal de otra manera. Hace doce años que no se genera empleo en el sector privado formal, y si esta ley se aprueba, le va dar una dinámica distinta al mercado laboral. Sobre todo para las empresas nuevas y aquellas que se sumen al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que quiere llevar adelante el Gobierno. Además, el proyecto propone que la negociación de los convenios colectivos (entre empresarios y gremios) sea por empresa, con un reflejo regional, lo que da la posibilidad de analizar situaciones particulares de los procesos productivos.

−¿Qué aspectos del proyecto quedan, a su juicio, a mitad de camino o bien perjudican a los trabajadores?

−Creo que el proyecto pudo ser más claro y preciso en lo referido a la negociación colectiva, entendiendo que entran en conflicto algunos criterios, como el de la negociación universal. Me parece que el proceso de negociación colectiva tiene que estar profesionalizado, tiene que tener financiamiento para que las partes (gremios y empresas) puedan llevarlo de manera técnicamente responsable y dé certezas de lo que finalmente se negocie. Entiendo que el Gobierno pretende reducir costos (al establecer en el proyecto fuertes limitaciones al cobro compulsivo de las denominadas cuotas solidarias que gremios y cámaras acuerdan en los convenios colectivos y que aplican a trabajadores no afiliados y empresas de sus actividades respectivas). También que ha habido abusos tanto de la representación gremial como trabajadora, pero tengo alguna diferencia sobre este punto.

−¿Cree que esta reforma debería eliminar las llamadas “cuotas sindicales”?

−Está relacionado justamente con lo anterior. Si el beneficio de una negociación es universal, es lógico que se considere al afiliado haciendo los aportes con los beneficios adicionales que puede dar el sindicato. Pero hay que considerar los costos de la negociación, la profesionalización de los dirigentes, los recursos técnicos que se utilizan, los procesos de fortalecimiento de la representación gremial, tanto de trabajadores como empresarios. Me parece que el proyecto es bastante agresivo y eso le quita chances de que los procesos de negociación, que son correctos, se puedan llevar adelante. Me parece que el texto está más basado en casos muy particulares o en situaciones donde hubo abusos extremos.

Jorge Triaca junto a Mauricio Macri, cuando Pro gobernaba el paísArchivo

−¿Qué puntos quedaron fuera del proyecto y deberían ser incluidos?

−Creo que pudo haberse trabajado también sobre otro tipo de relaciones de trabajadores independientes, los regímenes tributarios vinculados a autónomos y a monotributistas. Debió calibrarse, además, el impacto fiscal que (este proyecto) tendría sobre los servicios de la salud y el sistema previsional (porque un porcentaje de las contribuciones patronales que van destinadas a la Anses y a las obras sociales pasará, con esta ley, a financiar el FAL para pagar las futuras indemnizaciones). Es algo que debería analizarse.

−¿Cree que éste es el momento oportuno para discutir una ley de modernización laboral?

−Yo creo que sí, siempre es oportuno. Tenemos que acostumbrarnos a que discutir el marco laboral. Tiene que ser habitual. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos nos obligan a pensar formas de trabajo distintas, como puede ser el de la economía de las plataformas, el impacto de la inteligencia artificial. Y eso nos obliga a estar revisando permanentemente de qué manera podemos ser más productivos, de qué manera podemos ser más competitivos, porque eso va a generar más trabajo para los argentinos. El Gobierno tiene la oportunidad para poder hacerlo; hay un nivel de consenso generalizado y lo que tenemos que tratar de hacer es que lo que se escriba tenga no solo la sustentabilidad política y la sustentabilidad legislativa, sino sobre todo sustentabilidad judicial, que es donde mayores trabas ha tenido el Gobierno.

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