Dos grandes temas dominaron la agenda de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados durante estos últimos dos años: la reforma sindical y la modificación de la jornada laboral. Pero la fragmentación política marcó el pulso de la discusión, que derivó en parálisis. Ninguna de las iniciativas -ni las que buscan fortalecer el poder gremial ni las que intentan recortarlo, ni las que reducen el tiempo de trabajo ni las que procuran hacerlo más flexible- logró avanzar.
El diputado radical Martín Tetaz, que dejará su banca el 10 de diciembre, fue el moderador de una comisión de alta actividad, pero que no logró acuerdos. “Les pedí a los integrantes que hicieran una lista de proyectos que tenían intención de motorizar y con los que podrían construir mayorías para discutir en comisión, pero todavía estoy esperando ese listado”, dijo a LA NACION.
Solo obtuvo despacho un proyecto técnico, que modifica la actualización de los montos indemnizatorios en juicios laborales, impulsado por Pro, la UCR, Democracia, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. Su objetivo es morigerar los efectos del retraso judicial, aunque la propuesta no llegó al recinto.
Hugo Moyano (h.) y Sergio Pallazzo serán parte de los legisladores de Unión por la Patria que tratarán de bloquear una reforma laboral impulsada por el oficialismoIgnacio Amiconi
La discusión más áspera giró en torno a la reforma sindical, que apunta a limitar el poder de los jerarcas gremiales mediante dos cambios centrales: restringir el cobro de la “cuota solidaria” -una suma pactada para financiar las cajas de los gremios- solo a los afiliados y acotar los mandatos sindicales. Durante 2024, la UCR tomó la iniciativa y reunió el apoyo de Pro y la Coalición Cívica para presentar un texto común.
Ese texto común propone garantizar la democracia interna de los sindicatos con elección directa y alternancia, aplicar el sistema D’Hondt para la representación de minorías, exigir consentimiento expreso y revocable para los descuentos salariales, limitar la reelección a un solo período y requerir declaraciones juradas patrimoniales a los jefes sindicales. También incorpora la cláusula de “ficha limpia” para impedir candidaturas con condena firme por corrupción, sustituye el cupo femenino del 30% por una representación proporcional al número de afiliadas y obliga a los sindicatos a publicar balances, patrimonio y estatutos, con un año para adecuar sus normas internas.
A la propuesta le faltó una firma para convertirse en dictamen. El oficialismo, en sintonía con los gremios, contó con la prescindencia clave de Miguel Ángel Pichetto y del sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila, ambos de Encuentro Federal, quienes evitaron rubricar el texto. Su decisión frustró el intento del radicalismo y de sus aliados del ex Juntos por el Cambio de llevar el tema al recinto. “Muchos proyectos están frenados y deberán esperar la nueva conformación de la comisión. La firma de Pichetto los trabó”, reconoció Tetaz. Fue una jugada que contó con el aval del oficialismo, reacio a enemistarse con las centrales sindicales.
El kirchnerismo y la izquierda también rechazaron la iniciativa, al considerarla inconstitucional y antisindical, por afectar la autonomía y el rol social de los gremios. A través del diputado Hugo Yasky, jefe de una de las dos vertientes de la CTA, el sindicalismo impulsó un proyecto alternativo que refuerza la estabilidad de los delegados gremiales, impide su suspensión unilateral por parte del empleador y garantiza que, incluso ante una medida judicial, no pierdan su remuneración. Además, establece que solo un juez podrá autorizar la exclusión de la tutela sindical.
En total, se presentaron más de 15 iniciativas vinculadas a la reforma sindical.
El otro eje paralizado es la modificación de la jornada laboral, con una decena de proyectos que proponen desde la semana de 30 horas hasta esquemas más flexibles. Hoy rige un máximo de 48 horas semanales (Ley 11.544).
Los proyectos impulsados por la izquierda y el sector sindical plantean una reducción drástica -a 36 o 30 horas semanales- para repartir el trabajo y mejorar la calidad de vida, sin pérdida salarial. La iniciativa unificada encabezada por Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Yasky propone jornadas de seis horas diarias o 36 semanales y la posibilidad de una semana laboral de cuatro días, eliminando el “banco de horas” que permite acumular trabajo de acuerdo a las necesidades de producción de la empresa para promediar jornadas. Esta iniciativa va a contramano del borrador que prepara el Gobierno, que prevé “un banco de horas”, entre otras modificaciones de los convenios colectivos.
La izquierda, en cambio, va más lejos: propone una jornada de 30 horas semanales y seis diarias, con redistribución obligatoria de las horas liberadas para incorporar nuevos trabajadores, lo que -según sus cálculos- generaría un millón de empleos en grandes empresas y en la administración pública.
En el otro extremo, el proyecto de Tetaz impulsa la “Jornada Laboral Alternativa” (Jo.L.A.), que mantiene el tope de 48 horas, pero habilita que cada sector acuerde distintas formas de distribuirlas según la actividad: jornadas más largas en menos días o más cortas en más jornadas, priorizando la productividad.
Un punto de consenso entre las distintas fuerzas es el derecho a la desconexión digital, incorporado en el texto unificado del oficialismo y los gremios. Define que los empleadores no podrán exigir tareas ni enviar comunicaciones fuera del horario laboral -salvo casos urgentes- y deberán implementar políticas internas para prevenir la fatiga tecnológica.
Hubo, sin embargo, una reforma que logró avanzar. Pese al impulso inicial del Gobierno por encarar una “modernización laboral” de mayor alcance, el oficialismo cedió ante la resistencia sindical y acordó una versión acotada dentro de la Ley Bases, finalmente sancionada.
Entre los puntos salientes, se mantuvo el período de prueba de seis meses como regla general, aunque se habilitó su extensión para las pymes: hasta ocho meses en las de 6 a 100 trabajadores, y hasta un año en las de hasta cinco empleados. También se incorporó la posibilidad de crear un fondo de cese laboral, similar al de la Uocra, como alternativa a las indemnizaciones tradicionales. El aporte -a cargo exclusivo del empleador- deberá constituirse mediante convenio colectivo.
Julio Cordero, secretario de Trabajo
Además, se eliminaron las multas al empleo no registrado y se estableció un régimen simplificado de registración laboral especialmente para empresas de hasta 12 empleados. Por último, se fijó un agravamiento indemnizatorio en los casos en que la Justicia determine que un despido fue motivado por discriminación.
Con esta versión limitada, hubo una primera reforma laboral que se aprobó, aunque quedaron pendientes los debates de fondo sobre la estructura sindical y la reducción de la jornada de trabajo, que aguardan una nueva correlación de fuerzas en el Congreso
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