La Justicia Federal de Tucumán ha imputado a Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae) a nivel nacional y provincial respectivamente. Los sindicalistas están siendo investigados por el presunto encubrimiento en el caso de Marita Verón, desaparecida desde hace 21 años. La imputación surge en el marco de la existencia de una carpeta que contendría información y fotografías de Marita Verón, que podría ser clave en la resolución del caso.
Manzano, secretario general de la Apjae a nivel nacional, y Rojas, su homólogo en la provincia de Tucumán, fueron convocados a los tribunales federales de Tucumán el pasado viernes. Se les solicitó prestar declaración indagatoria respecto a la información que podría arrojar luz sobre el destino final de Marita Verón. Aunque los sindicalistas no prestaron declaración, presentaron un escrito ante la Justicia.
La imputación contra Manzano y Rojas se relaciona con la supuesta posesión de documentación que podría ser crucial para el caso de Marita Verón. Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida, declaró que se imputa a ambos el delito de encubrimiento, «ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia».
El pasado 9 de agosto, Susana Trimarco convocó una conferencia de prensa en la Fundación María de los Ángeles en Tucumán. Durante la conferencia, se revelaron nuevas pistas en la causa de Marita Verón. Estas incluían la existencia de una carpeta con fotos y documentos que confirmarían la muerte de Marita y vincularían el caso con «sectores gremiales», incluyendo a Luz y Fuerza, entre otros.
Según lo revelado por Garmendia, en marzo de este año tuvo lugar una reunión de la Apjae en Tucumán. Durante esa reunión, Norberto Manzano afirmó poseer una carpeta con documentación y fotos de Marita Verón. Esta carpeta habría llegado a manos de Manzano a través de Carlos Alberto Rojas, quien previamente se la habría quitado a Julio Luna, en ese momento titular de Luz y Fuerza de Tucumán. La carpeta era utilizada por Manzano en una disputa interna con Luna por afiliados al sindicato.
Julio Luna, fundador de la clínica Luz Médica en la capital tucumana, falleció en diciembre de 2020 por complicaciones relacionadas con la Covid-19. La clínica quedó en manos de su familia. Según las declaraciones de Garmendia, en una de las fotos de la mencionada carpeta, el cuerpo de Marita Verón habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra imagen, en la clínica Luz Médica.
La imputación de los sindicalistas Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas añade una nueva dimensión al caso aún no resuelto de Marita Verón. La Justicia sigue investigando para determinar el rol que estos individuos podrían haber tenido en el encubrimiento del caso.
Nuevo giro en la causa
En La Tucumana de Mañana, el abogado José D’Antona señaló que «la investigación empezó hace 60 días, con una persona que denunció en la Justicia y luego la ratificó», y agregó que «se tomaron muchas medidas probatorias y luego de esa recolección y análisis de pruebas, la Justicia decide acusar a estas dos personas para que puedan defenderse». También reveló que al momento de confirmarlo a la prensa (el pasado 9 de agosto), estaban trabajando «con mucho hermetismo, ya se habían recabado varias pruebas y realizado varios allanamientos». Y adelantó: «Todavía faltan muchas medidas a tomarse, así que en las próximas semanas habrá nuevos movimientos judiciales».
Sobre las declaraciones indagatorias de los acusados, D’Antona aseguró que «tengo entendido que una de las manifestaciones que hicieron no condicen con personas que estén ajenas al caso» y que uno de ellos habría dicho que «en algún momento alguien le ofreció material» y que «hubo una reunión donde se hizo referencia a esto, pero que se había negado (en ambas ocasiones)». El delito en el que podrían haber incurrido es encubrimiento agravado, «el hecho de haber tenido información relevante de algo que era notorio y público y no haberlo puesto en consideración de las autoridades judiciales, con el agravante de que el delito anterior es la trata de personas».
Si bien eligió no dar precisiones, el abogado explicó que «en el transcurso de este año hubo una reunión en la que se dieron las referencias de la existencia de una carpeta con la que un gremio habría apretado a otro para que lo dejaran de molestar» y que «estas personas consideraron que no había posibilidad de guardar el secreto y lo denunciaron». «Con las pruebas que juntamos», añadió, «tenemos acreditado que esa carpeta existió o existe y siguen llegando testimonios y documentación».