Este martes 17 de octubre se convocó una Asamblea de Accionistas de Canal 10, donde el saabismo gobernante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) buscaba la aprobación de los balances contables de los años 2014 a 2022 y tapar así las severas irregularidades que arrojó la labor de los síndicos por el Gobierno de Tucumán, Accionista Clase A de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria junto con la propia universidad. La directora de Canal 10 en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, dialogó con La Tucumana de Mañana sobre esta stuación y explicó cuál es su postura al respecto.
Lausberg expresó que «junto a Carolina Vargas Aignasse (ministra de Gobierno y Justicia) y ‘Pío’ Jiménez (síndico de Canal 10) no hemos asistido, justificando esta ausencia en que uno de los temas era aprobar varios balances, incluido el 2022, del cual faltan varios elementos y está cuestionado para su aprobación». Asimismo, señaló que «pedimos que se convoque a una nueva asamblea luego de que exista un pronunciamiento certero de la Justicia sobre los presuntos delitos denunciados en tribunales federales».
Si bien no hay certezas sobre la realización de la asamblea, Lausberg declaró que presume que no se hizo y destacó que su postura «es coherente con nuestros actos», ya que «como funcionaria pública estoy obligada a denunciar actos que puedan estar por fuera de la ley y por lo tanto no podemos aprobar desde la Provincia balances que pueden llegar a no ser veraces, teniendo en cuenta los informes del contador Jiménez sobre canjes no facturados«. Esto último, destacó, «implica una alteración en el balance 2022 y en los anteriores».
Durante la nota se remarcó que la principal irregularidad es que haya tantos años sin balances aprobados de la institución. Esta situación no es normal, según Lausberg, que manifestó que «Dirección de Personas Jurídicas deberá emitir un dictamen respecto a esto, porque sabemos que hasta las asociaciones sin fines de lucro no tienen un normal funcionamiento si no presentan los balances». A su parecer, «es difícil» que se determine un «normal funcionamiento» del canal y agregó: «Que se haya convocado a la asamblea diez días antes de un recambio de autoridades gubernamentales nos parece temerario, también por eso hemos tomado esta decisión con las autoridades de la Provincia».
En cuanto a los pasos a seguir, la abogada explicó que «el estatuto prevé una ausencia con segunda convocatoria y hemos ido por ese camino», además de que «la Ley de Sociedades y jurisprudencia muy importante establece que cuando se presume un mal funcionamiento de los representantes y quienes se abocan a la gestión, toda asamblea es nula». Indicó que «en la nota planteamos que vamos a plantear la nulidad de todo, porque en caso de haberse dado una mala administración y ciertas irregularidades financieras, la Provincia está perjudicada por una mayoría netamente cuantitativa, que me la han hecho sentir en este año de gestión en Canal 10″.
La administración de Canal 10 se encuentra envuelta en más de una causa judicial todavía abierta en la Justicia. A partir de las denuncias que pesan sobre Leandro Díaz y Rodolfo Burgos, directores por parte de la UNT de Canal 10, Lausberg había pedido que se tomen licencia hasta tanto resuelvan sus situaciones, pero «la respuesta fue el silencio». «También es importante que exista una decisión desde la máxima autoridad de la UNT, que hasta el momento no llegó», agregó. Además de las personas en sí, también hay otras dos causas en trámite en la Justicia, una por una posible adulteración de actas del momento en que Díaz y Burgos intercambiaron roles y una más por defraudación pública. Lausberg explicó que «son dos causas que están en trámite, al contrario de lo que dijo José Hugo Saab (secretario general de la UNT), que manifestó que esta acción judicial se resolvió en Cámara, esto no es así, ambas causas se encuentran en trámite».
Volviendo al intento de la UNT de aprobar nueve balances a libro cerrado, explicó que «para la segunda convocatoria no hay un plazo definido» por el estatuto. «Creo que la postura de la Provincia es democrática, tomar decisiones supeditadas a la intervención de un tercero que tiene que ser imparcial. No podemos aprobar nueve ejercicios, mucho menos que no han sido de mi gestión ni de ‘Pío’ Jiménez. El tiempo no lo tenemos nosotros y el estatuto no prevé un plazo determinado, de nuestra parte supeditamos esta segunda asamblea hasta tener una resolución que nos dé claridad. El balance 2022 está cuestionado por la Provincia y por la Justicia», indicó la funcionaria.