CÓRDOBA.- A dos meses de la derrota legislativa, el gobernador Martín Llaryora aceleró la toma de distancia de su antecesor y diputado nacional electo, Juan Schiaretti. En las últimas semanas instrumentó varios cambios en su gabinete, en donde incluyó nombres muy cercanos a él. Trata de recuperar la iniciativa política con algunas iniciativas diseñadas siguiendo el clima de época, como son las sanciones a limpiavidrios y cuidacoches, mientras que por otro lado introdujo cambios previsionales que, asegura, “benefician a los que menos cobran”. Todavía no hay señales de si los resultados son los que espera su equipo.
Aunque desde las dos partes intentan disimular las diferencias, cada vez son más las versiones respecto de que la tensión entre Llaryora y Schiaretti alcanzó su máximo nivel. Siempre tuvieron un vínculo complicado, pero la derrota de octubre abonó las diferencias. En el 2022 Schiaretti impulsó al actual mandatario como su sucesor; en ese entonces era intendente de la ciudad de Córdoba.
Martín Llaryora y Juan SchiarettiProvincias Unidas
La misma noche en que ganó la gobernación por tres puntos a Luis Juez -quien apuesta a volver a competir por el premio mayor en 2027-, Llaryora dijo: «Hay una generación que se retira y otra que ingresa, por eso no hay más 24 años (de gobierno)“. Schiaretti estaba parado a pocos metros. En esa oportunidad defendió su estilo de construcción política, el del “partido cordobés”, sumando dirigentes del Pro y la UCR en cargos claves.
Las últimas designaciones en el gabinete no van en línea con esa estrategia, prefirió elegir a gente de su riñón como Miguel Siciliano quien quedó a cargo del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional (con un ojo puesto en la candidatura a intendente de la capital provincial), o Marcelo Rodio, que pasó de Transporte a la Agencia Córdoba Cultura.
También decidió fusionar Producción, que estaba a cargo del exPro Pedro Dellarossa con Bioagroindustria, a donde sigue Sergio Busso (cercano a Schiaretti). Lo mismo hizo con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Humano, dirigidos por Victoria Flores (pareja de Siciliano) y Liliana Montero, quienes pasaron a secretarías dependientes de Educación y Salud, respectivamente.
Sin embargo, la jugada más fuerte se dio en el ámbito judicial. El Gobernador creó la Procuración Penitenciaria Provincial que dirigirá Bettina Croppi. La clave está en ese movimiento. Es que la abogada deja vacante una fiscalía adjunta (a donde había llegado con el aval de la senadora Alejandra Vigo), en la que jurará Néstor Gómez, muy cercano a Llaryora. Comenzó la relación como su asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco, en 2008 y desde entonces lo acompaña. El lugar que Gómez deja como defensor adjunto será para Gustavo Folloni, hombre de confianza del Gobernador.
Alejandro Pérez Moreno, abogado cercano a Llaryora, es fiscal General Adjunto, mientras que impulsó a Carlos Lezcano para reemplazar en marzo al fiscal general Juan Manuel Delgado. Lezcano y Pérez Moreno tiene un histórico enfrentamiento. Con estos movimientos, el Gobernador reorganiza el Poder Judicial y gana posicionamiento con nombres cercanos, a la vez que desplaza a designados por Schiaretti.
Llaryora busca recuperar la iniciativa política tras la derrota de octubreSebastián Salguero
En el debate legislativo de esta semana, hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La radical Brenda Austin planteó: “Lo venimos diciendo hace tiempo. Llaryora va por el control del Poder Judicial. Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia”.
La legisladora oficialista Nadia Fernández respaldó los cambios. Y dijo que la Procuración Penitenciaria es “un instituto sumamente innovador”, con autonomía y legitimación procesal. Horas después, fue designada número dos en el Ministerio de Justicia.
La legisladora apareció vinculada con la designación de una “empleada fantasma” en la Unicameral. El caso se detectó cuando Guillermo Kraisman –quien era funcionario municipal de la ciudad de Córdoba y lo echaron por haber robado fiambre en un súper- intentó retirar dinero de un banco con una tarjeta ajena, que pertenecía a esta mujer, Virginia Martínez.
En la causa judicial, Fernández, reconoció que autorizó y luego dio de baja el contrato de Martínez. Sin embargo, la mujer aseguró que nunca fue al edificio de la Unicameral y que no la conocía y pidió que se la investigara a la legisladora.