Los amparos que buscan frenar el decreto del Gobierno que modifica y reordena la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), presentados por organismos y dirigentes opositores ante el fuero contencioso administrativo, serán remitidos en su totalidad a la fiscalía para que dictamine si corresponde levantar la feria para tratarlos durante el receso judicial.
Los cuatro amparos conocidos hasta ahora siguieron el curso normal y fueron sorteados en los juzgados 3, 4 y 11. Pero durante casi todo el mes de enero estará en funciones el Juzgado 10, a cargo del juez Walter Lara Correa. El magistrado le correrá vista a la fiscalía para que evalúe si corresponde o no habilitar la feria, la primera cuestión a resolver. Los fiscales del fuero son Miguel Ángel Gilligan y Fabián Omar Canda.
El juez Walter Lara Correa
Fuentes judiciales indicaron que este jueves todavía se seguían sumando acciones contra el decreto y que la idea era remitirlas todas juntas, junto con cualquier otra nueva presentación.
También deberá definirse el modo en que tramitarán las presentaciones. Por ahora, dos de ellas colectivas y otras tantas, individuales.
Una fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista; otra fue impulsada por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; una tercera corrió por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la restante, por la Fundación Apolo, encabezada por Yamil Santoro, que -como el resto- pidió la habilitación de la feria.
Entre los puntos más polémicos del DNU 941/2025, presentado el último día del año, sobresale el que habilita al personal de inteligencia a “proceder con la aprehensión de personas”. También fue cuestionado por no precisar las “circunstancias excepcionales” que justificarían eludir el trámite parlamentario en el Congreso.
Durante estos días de feria está en funciones la Sala V de la Cámara, integrada por los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treacy.
El juez
El juez de feria Walter Lara Correa ganó notoriedad pública el año pasado al hacer lugar a un reclamo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS por la discontinuidad en el reparto de alimentos a comedores, en medio de la disputa entre las organizaciones sociales y el Gobierno.
La sentencia dejó interpretaciones contrapuestas: las organizaciones celebraron que el juez reconociera la obligación estatal de garantizar el derecho a la alimentación, mientras que desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que el fallo avaló su “enfoque progresivo” en la materia.
Sin embargo, las espadas judiciales del ministerio por aquel entonces apelaron la decisión, que fue luego confirmada por la Cámara y hoy tramita ante la Corte Suprema.
El año pasado, además, Lara Correa habilitó la feria para tramitar un amparo colectivo impulsado por distintas organizaciones con el objetivo de evitar una situación de acefalía en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ordenó que el Congreso ponga en marcha un concurso público para designar a su titular.
Por su juzgado también pasó una de las presentaciones realizadas en enero de 2024 contra el decreto de desregulación (DNU 70/2023). Esas acciones tramitaron en conjunto, pero luego el juez de feria de ese verano, Enrique Lavié Pico, las desconcentró y comenzaron a tramitar por separado. Muchos de los efectos del decreto fueron después recortados por resoluciones judiciales, como ocurrió con el capítulo laboral.