La Cámara de Comercio, CAME y Adimra cuestionaron artículos centrales del proyecto oficial de reforma laboral por afectar el financiamiento sectorial y la negociación colectiva, y alertaron que su aprobación podría fragmentar el mercado laboral y profundizar los conflictos.
Tres de las principales cámaras empresarias del país manifestaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en un movimiento que expone fisuras en el respaldo empresario a la iniciativa oficial. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) coincidieron en cuestionar artículos clave del texto por considerar que generan incertidumbre jurídica, debilitan la negociación colectiva y afectan su funcionamiento institucional, según consignó El Destape la semana pasada.
El planteo quedó formalizado a través de una nota que la CAME elevó a senadores nacionales, en la que solicitó la eliminación de cinco artículos, el 126, 128, 130, 131 y 132 del proyecto. En ese documento, la entidad advirtió que la aprobación de esos puntos podría derivar en “conflictividad jurídica y social”, además de introducir “inestabilidad e incertidumbre” en el mercado laboral.
El presidente de CAME, Ricardo Diab, confirmó en una seguidilla de entrevistas radiales que el reclamo fue trabajado de manera coordinada con la CAC y Adimra. Según explicó, las tres entidades se sienten directamente afectadas por el contenido de la reforma y consensuaron una posición común para expresar su rechazo. El alcance del posicionamiento no es menor: las actividades representadas por estas cámaras involucran a cerca de 1,5 millón de trabajadores y a más de medio millón de comercios y fábricas en todo el país.
Uno de los puntos más sensibles para el empresariado es el artículo 126 del proyecto, que elimina la vigencia de las denominadas “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos. Estas cláusulas permiten financiar instituciones y actividades propias de cada sector, como el aporte del 0,5% del salario al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) en el ámbito mercantil, o el 1% que recauda Adimra para sostener su estructura y servicios a la industria metalúrgica.
Las cámaras también objetan los artículos 128, 130 y 131, que convierten en voluntarios los aportes patronales a entidades empresarias y alteran el orden de prelación de los convenios colectivos. Según advierten, dar primacía a acuerdos de empresa o de ámbito menor por sobre los convenios de actividad fragmentaría el marco normativo, habilitaría diferencias salariales injustificadas y erosionaría el principio de “igual remuneración por igual tarea”, además de debilitar tanto a sindicatos como a representaciones patronales de alcance nacional.
Por último, el artículo 132 despierta preocupación por otorgar amplias facultades a la autoridad administrativa para intervenir en convenios vencidos y suspender sus efectos. Para las entidades empresarias, esta discrecionalidad del Estado desnaturaliza el principio de ultraactividad y abre un escenario de marcada inestabilidad e inseguridad jurídica.
Ante este escenario, representantes de la CAME ya se reunieron con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de diversos gobernadores para invitarlos a contemplar sus observaciones y reparos antes de la votación.