La intención del oficialismo es cerrar el frente legal que mantiene con las instituciones académicas en la puja por fondos.
Luego de dos importantes triunfos legislativos en Diputados y el Senado, el Gobierno pretende continuar su racha en una agenda que siempre le resultó conflictiva en el Congreso: el financiamiento para universidades. A su vez, podrían extenderse las sesiones extraordinarias un día (del 27 al 28 de febrero), hasta la jornada previa del discurso de apertura de Javier Milei.
La intención del Gobierno es garantizarse el equilibrio fiscal y cerrar el frente judicial que mantiene con las universidades desde octubre del 2025. Para ello, buscan reemplazar la actual ley ratificada por el Congreso por otro proyecto que contemple un aumento en gastos de funcionamiento e ingresos de los trabajadores, pero que sea inferior a la proyección dispuesta en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre, estimado en 0,23% del PBI.
La propuesta comenzó a delinearse tras una reunión en la primera semana del mes entre el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y las dos principales autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR). Ambos académicos expresaron a la prensa buenas sensaciones tras el encuentro, en el que insistieron en el reclamo por seguridad jurídica para las universidades y un sinceramiento paritario con los gremios docentes y no docentes, que reciben aumentos discrecionales por decreto desde octubre del 2024.
De oficializarse la medida mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, el proyecto se incluiría a la agenda que el oficialismo viene impulsando en el Congreso: la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación a la ley de Glaciares.
La tensión entre el Gobierno y las universidades se pronunció luego de que se promulgara la ley de Financiamiento Universitario, ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, el Ejecutivo paralizó la implementación de la propuesta -y por ende, el envío de fondos- aclarando que no podría ejecutarse la medida sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implica la norma. Aún más, el Gobierno intentó derogar el proyecto en su Presupuesto 2026 -aunque ese capítulo no fue aprobado-, pero sí logró eliminar los incrementos paulatinos de inversión en educación.
Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización del monto de las becas estudiantiles, en función del índice inflacionario. Este jueves, el Gobierno apeló ese fallo, pero la intención de sancionar un proyecto de ley podría reemplazar la estrategia judicial.