El Gobierno nacional ha establecido un nuevo marco normativo que facilita la importación de vehículos por parte de ciudadanos particulares, eliminando la necesidad de realizar la operación a través de terminales automotrices o concesionarios oficiales. Con esta modificación, cualquier persona podrá adquirir un automóvil en el extranjero y llevar a cabo el proceso de patentamiento por su cuenta, siempre que se cumplan los estándares de seguridad vial exigidos.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 271/2025, emitida por la Secretaría de Comercio y publicada recientemente en el Boletín Oficial. La normativa, firmada por el secretario Esteban Marzorati, tiene como objetivo agilizar y flexibilizar los trámites para el ingreso de vehículos nuevos al país, fomentando la libertad de elección del consumidor y ampliando las posibilidades de acceso a modelos disponibles en mercados internacionales.
Uno de los principales cambios introducidos por la resolución tiene que ver con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que es el documento técnico exigido para certificar que un vehículo cumple con las condiciones necesarias para circular legalmente por la vía pública. A partir de ahora, si el vehículo adquirido ya dispone de una LCM emitida por una terminal automotriz o por un importador oficial, el comprador particular podrá utilizar ese mismo documento para proceder con el patentamiento en el país.
En aquellos casos en los que el automóvil no cuente con una LCM preexistente, el ciudadano podrá gestionar un certificado de seguridad vial de manera directa ante la Secretaría de Transporte. Este trámite será similar al de una Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo así que el vehículo sea evaluado para garantizar que cumple con las normativas nacionales de circulación.
Adicionalmente, la nueva reglamentación reconoce como válidas las certificaciones de seguridad emitidas por entidades técnicas internacionales de referencia. En ese sentido, se aceptarán informes emitidos por organismos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, lo que amplía considerablemente el abanico de opciones para validar los vehículos adquiridos en el exterior.
En resumen, la medida representa una desregulación significativa del mercado automotor, que otorga a los ciudadanos mayor autonomía para importar vehículos de manera independiente, siempre dentro del marco de las exigencias técnicas que garanticen condiciones seguras para su uso en el territorio nacional.