Otra vez un contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno. El fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que investiga la gestión en la obra social de los empleados rurales (Osprera), presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de una empresa de informática en la obra social de la industria del fósforo (Ospif), una de las ocho intervenidas durante el gobierno de Javier Milei. Esa firma fue creada por Juan Manuel Picón, que saltó de la actividad privada a la Superintendencia de Salud (SSS) en marzo de 2024. Cinco meses después, la empresa sumó a su cartera de clientes a la obra social del fósforo.
Picón es el actual gerente general de la SSS, el organismo a cargo de controlar a las obras sociales y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. En principio, a Picón se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque la denuncia podría ampliarse a otros delitos.
Durante una investigación preliminar, antes de presentar la denuncia, Marijuan comprobó que Picón creó la empresa SAAS SAU en agosto de 2021, y que fue su director titular y presidente hasta desembarcar en el Gobierno.
Esa empresa desarrolló un software especializado para las obras sociales. “La misión de SAAS es organizar los datos, generar procesos internos eficientes, y automatizar el intercambio de información entre la Obra Social y los agentes externos, reduciendo costos de infraestructura en el camino”, explica su sitio web.
Entre sus clientes se destaca la obra social de los camioneros (OSCHOCA), la obra social de trabajadores de prensa (OSTPBA), y la obra social de los despachantes de aduana (OSEDA), entre otras.
El gerente general de la SSS, Juan José Picón, junto al ministro de Salud Mario Lugones y el titular de la SSS, Claudio Stivelman
“El software de SAAS tiene un mecanismo de integración en discapacidad. A través del software se cargan las facturas de los prestadores en discapacidad, la SSS le gira los fondos y la obra social le paga a los prestadores”, explicó un especialista ante una consulta de LA NACION.
Picón dejó la empresa SAAS SAU en marzo de 20024 para desembarcar en el Gobierno. Ese mismo mes fue designado como Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y recién en julio de este año ascendió a Gerente General.
Apenas cuatro meses después de la salida de Picón, SAAS SAU fue contratada por la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif). La contratación se registró el 10 de julio de 2024. Para esa fecha, la obra social ya había sido intervenida por el Gobierno y estaba bajo la órbita de la SSS.
“No hay ningún tipo de incompatibilidad. El funcionario vendió su participación en la empresa previo a asumir su cargo. Esto significa que al momento de iniciar sus funciones no mantenía participación societaria, vínculo económico, ni interés patrimonial alguno directo o indirecto, quedando así garantizado los principios de transparencia e imparcialidad que exige la ley», dijeron fuentes de la Superintendencia de Salud ante una consulta de este medio.
El fiscal federal Guillermo MarijuanCaptura TN
Según un informe elaborado por el titular de la Superintendencia de Salud, Claudio Stivelman, a pedido del fiscal Marijuan, Ospif fue intervenida el 23 de diciembre de 2023 y estuvo a cargo hasta hace pocos días del abogado Mariano Luis Negro.
En total, son ocho las obras sociales intervenidas durante el actual gobierno: seis en 2024 y dos en 2025. Las dos últimas intervenciones están suspendidas por la Justicia laboral: en la obra social de los fotógrafos y en la obra social del personal de la industria del chacinado y afines.
En el caso de Ospif, Marijuan comprobó que el contrato con la empresa SAAS SAU estuvo vigente al menos hasta agosto de este año. Por ese motivo, presentó una denuncia y pidió que se investigue si hubo una maniobra ilegal. “Los extremos reseñados demuestran por sí mismos el vínculo de Picón con la firma SAAS SAU, y de la contratación de esa sociedad por parte de Negro para prestar servicios para un agente del seguro de salud cuya gestión se encontraba bajo la órbita del poder ejecutivo nacional, tras haberse procedido a la designación de este último como administrador provisorio y, posteriormente, como interventor”, dice la presentación.
La denuncia ya fue sorteada y le tocó al juzgado federal 5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Antes de avanzar, la Fiscalía a cargo deberá decidir si impulsa la investigación.