La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, dedicada a “desmentir” periodistas y medios de comunicación.
Apenas unas horas después del anuncio, la Oficina calificó de “fake news” un artículo de Clarín sobre supuestos retrasos en el programa Volver al Trabajo (VAT) -rechazado por el medio- y luego arremetió contra la legisladora porteña de la izquierda, Vanina Biasi, quién en una publicación había criticado la decisión del Gobierno de pedir el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan con el fin de despedirlos.
Martín EtcheversMaria Bessone
En medio de la controversia que se generó, ADEPA expresó su “inquietud por el potencial uso” de la iniciativa estatal y “la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.
Según la entidad, el objetivo de “desmentir” presupone una voluntad deliberada de falsear la realidad, ignorando que la labor periodística consiste en contrastar voces y opiniones.
“Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, subrayó el informe.
En ese sentido, ADEPA alertó que este tipo de organismos pueden derivar en mecanismos de vigilancia.
“Como ha señalado ADEPA en otras oportunidades, la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplina miento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.
Asimismo, cuestionó que la oficina se enfoque exclusivamente en el periodismo -calificándolo de “operaciones”- mientras omite la desinformación que circula mediante perfiles falsos en redes sociales.
Sobre el final del informe, la entidad resaltó la importancia de contar en un sistema democrático con un “ecosistema plural de medios libres”.
“El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión», remarcó.
En sintonía con ADEPA, el Foro de Periodismo Argentino expresó su rechazo ante la creación de Oficina de Respuesta Oficial.
En su cuestionamiento citó el Artículo 1 de su Código de Ética que “reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma”.
En ese sentido, criticó la iniciativa oficial que pretende “montar desde el Estado un tribunal de la verdad”.
El Foro de Periodismo Argentino también expresó su rechazo ante la creación de Oficina de Respuesta OficialFopea
“El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», argumentó en el informe.
Además, criticó el carácter oficial de la oficina y el hecho de que se esté utilizando recursos públicos “para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.
También la entidad acusó al gobierno de “retacear y dificultar” el acceso a las fuentes de información citando la modificación por decreto de los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, la inexistencia de conferencias de prensa regulares y la falta de cobertura de la vocería presidencial.
En el cierre del informe FOPEA destacó: “Estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”.