La presentación fue realizada por el abogado Javier Garín en representación de familiares de discapacitados, organizaciones y prestadores de servicios. Acusan al Presidente y al Ministro de abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia alcanza a Vilches y Spagnuolo.
Familiares de personas con discapacidad denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso.
La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
En paralelo, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para imponer nuevos requisitos al otorgamiento de pensiones, que genera rechazo entre las organizaciones.
La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios desde el inicio de la gestión libertaria a la fecha, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.
El letrado, en la denuncia a la que accedió Ámbito, se hace eco de la situación que atraviesan miles de familias del sector que, desde diciembre de 2023 a la actualidad, vieron cómo el recorte presupuestario en el Estado Nacional tuvo especial foco en los recursos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo impacto se trasladó al valor de las pensiones por invalidez, a las prestaciones de servicios y a los programas de salud que brindan contención a través de medicamentos.
En el escrito, manifiestan que el ataque de Milei está «inspirado en una ideología de tipo supremacista» sobre la base de «una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social» que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sobre los que el Presidente hizo especial hincapié desde el primer momento de su mandato «en descalificar y desatender» con «especial saña».
«Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente», denuncian.
Los recortes que puso en marcha Milei desde el comienzo de su gestión ocasionaron «deudas con prestadores y dificultades en el funcionamiento de múltiples programas», hecho que, según indica el documento, fue señalado «en forma reiterada por el Foro Permanente de Discapacidad y por diversas organizaciones que denunciaron sin éxito la falta de políticas inclusivas y la crisis en el sector».
El agravio contra el colectivo de personas con discapacidad y sus familiares abarcó, además del ajuste en las pensiones, un capítulo en el discurso público del gobierno, cuyo coprotagonista también fue el exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa denunciaba que en la administración previa se habían otorgado beneficios mal concedidos.
Para ello, mostró una radiografía de un perro, supuestamente utilizada en un fraude para obtener una pensión. Sin embargo, la denuncia señala que el extitular de ANDIS, Fernando Galarraga, aseguró que la estafa fue detectada y que el beneficio nunca se otorgó.
«Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector», afirmó el abogado.
En paralelo, mientras se denegaban o suspendían prestaciones en el marco de la auditoría, el Gobierno arremetía contra las personas con discapacidad. Primero, mediante el decreto 843/24 y luego a través de la resolución 187 de enero de 2025, que establecía las nuevas condiciones para acreditar la «invalidez laboral».
En este último caso, las organizaciones denunciaron el uso de lenguaje discriminatorio. La normativa estaba plagada de términos estigmatizantes como «retraso mental», «idiota», «imbécil» y «débil mental».
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este nuevo marco normativo «implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia”./ambito.com