Tras haber aprobado a comienzos de semana un financiamiento por 230 millones de dólares con el Banco Mundial, el Gobierno nacional resolvió avanzar con la suscripción de tres nuevos préstamos internacionales. Estas operaciones, que en conjunto totalizan un desembolso de 1.500 millones de dólares, fueron acordadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad que forma parte del Grupo Banco Mundial. Los fondos obtenidos estarán orientados a iniciativas vinculadas con la modernización del aparato estatal y la mejora de la gestión tributaria.
La decisión gubernamental quedó formalizada a través de los decretos 488, 489 y 490, que fueron difundidos este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial. Los documentos llevan las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.
Uno de los decretos da vía libre a la contratación de un préstamo con el BID por hasta 400 millones de dólares. Ese dinero será destinado a respaldar el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”, iniciativa que estará a cargo de la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía. Este programa busca fomentar un entorno más favorable para los negocios en la Argentina, y entre sus objetivos principales se encuentran la reducción de los costos regulatorios que enfrentan las empresas al interactuar con el Estado, el achicamiento de la presencia de empresas públicas en el ámbito económico, y la mejora en la eficiencia de las actividades relacionadas con el comercio internacional.
Otro de los decretos faculta al país a asumir una nueva deuda por hasta 300 millones de dólares con el BIRF. Dichos recursos serán utilizados para la puesta en marcha del “Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”, que tiene como propósito optimizar el desempeño del sistema recaudatorio. Esta tarea será ejecutada por la Secretaría de Hacienda, en articulación con la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y se propone avanzar en una administración tributaria más eficiente, transparente y eficaz.
Finalmente, el tercer préstamo autorizado, también con el BID, implica un endeudamiento por 800 millones de dólares. Los fondos estarán destinados a la implementación del “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”, el cual será administrado por el Ministerio de Economía y tiene como meta consolidar la sostenibilidad de las cuentas públicas y optimizar el uso de los recursos del Estado.
Con estas decisiones, el Ejecutivo busca fortalecer áreas clave del funcionamiento estatal, a través de herramientas de financiamiento internacional que refuercen su plan económico de largo plazo.