“La recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”, dijo el presidente Javier Milei ante la Cámara Argentina de Comercio. El economista Horacio Rovelli analizó estos dichos en su columna semanal en FM latucumana 95.9 y su opinión fue contundente: “Es una mentira como todas las que dijo”.
Rovelli apuntó contra las promesas incumplidas de campaña para sostener su argumento: “Dijo que la casta pagaba el ajuste y ahora Pami no entrega los medicamentos a los jubilados”. “Si hubiera dicho esta verdad nadie lo hubiera votado, sin embargo, él mintió y sigue mintiendo”, manifestó.
Sin embargo, sostuvo que “lo que sí es cierto es que tiene un apoyo económico como no tuvo ningún gobierno antes. Acá están el gran capital financiero Manhattan detrás de él. Él puede ser cualquier estupidez, pero ellos avanzan y avanzan a paso redoblado”.
Por otro lado, contó que se está tratando en la comisión de Presupuesto y Hacienda el Presupuesto 2025: “Otra barrada. Puso un artículo primero cambiando el Régimen de Fiscalización. La Constitución dice que el Presupuesto tiene que proveer al mercado interno para el bienestar general, la salud, la educación. Está en el preámbulo de la Constitución Nacional y él lo deroga diciendo que el artículo primero del proyecto del Presupuesto 2025 es tener superávit financiero”.
En ese sentido, Rovelli manifestó que en los últimos diez meses de gestión hubo superávit financiero, pero con un alto costo social: “Eso se obtiene pagándole miserias a los empleados públicos, inclusive a los docentes, vetando el ajuste miserable a los jubilados. Pagan más por gas pimienta que lo que pagan de jubilación mínima. Perdimos reservas del Banco Central para pagar en forma anticipada los vencimientos de los bonos que vencen en enero 2025”. Además, explicó que “si cae la recaudación, va a caer el resto del gasto”.
“A medida que el modelo avanza beneficia más al gran capital en perjuicio de la población”, dijo y cuestionó al Congreso de la Nación por no tratar el Presupuesto: “Los perjudicados son los ciudadanos 16 a 25 años que no pueden estudiar, no consiguen trabajo, les pagan dos pesos en el trabajo que tienen, y son los que todavía no se han dado cuenta lo que significa”. “No podemos guardar silencio ante esta aberración jurídica que significa el DNU 7023, y ante la intención de seguir gobernando por decreto, y que los diputados digan si van si se van a tomar ellos 30 o 60 días corridos o hábiles para decir si el DNU tiene valides o no”, agregó.
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