Hoy se conmemora el día mundial de la infancia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1954. La resolución instaba a los países a conmemorar esta jornada para concientizar sobre los derechos de las infancias y su desarrollo integral.
En este contexto se hace necesario hablar sobre la pobreza en Argentina. Según Maria Jimena Medina Risso, becaria doctoral del CONICET, «la pobreza en la infancia no es solo un problema económico, sino también una cuestión de vulneraciones estructurales».
En Argentina, la pobreza infantil ha aumentado significativamente desde la pandemia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expuso que, en 2023, el 41,7% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) vivían en situación de pobreza a nivel nacional, mientras que en la región del Noroeste Argentino (NOA) esta cifra alcanzaba el 59%. Sin embargo, otro informe de UNICEF señala que la pobreza monetaria afecta al 57% de NNyA, lo que equivale a 7,1 millones de niños y niñas.
Medina Risso, quien también es profesora en geografía, actualmente doctorando en Ciencias Sociales, desarrolla esta temática en su trabajo de investigación “La pobreza y la protección social en los niños, niñas y adolescentes en el Noroeste de Argentina (2010-2023)”, presentado en Montevideo, Uruguay, en el marco del 31° encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo en la Universidad de la República (UDELAR). De acuerdo a este estudio, el último semestre de 2023, el 54,8% de los niños, niñas y adolescentes del aglomerado urbano de Tucumán viven en situación de pobreza. Esto representa 5 de cada 10 niños.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en octubre una familia necesitó $986.586 para no ser pobre. En ese sentido, la joven docente desarrolla los enfoques que se utilizan para medir la pobreza y explica que “por un lado se encuentra la pobreza monetaria, que es la que mide el INDEC con la canasta básica de alimentos y servicios y, por otro, la pobreza no monetaria o estructural, que se refiere a la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la protección, la vivienda, el saneamiento, el agua y el hábitat”.