Se inscribieron más de 100.000 personas, de las cuales se seleccionarán sólo algunas para intervenir durante dos días de audiencias públicas.
La reforma a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, presenta controversias antes de que inicie el proceso de audiencias públicas en la Cámara de Diputados: participaría menos del 0,4% de los que se anotaron para incorporarse al debate, luego de que la Justicia haya desestimado una solicitud de ampliación de las audiencias. Se estima que intervendrán unas 400 personas de las más de 100.000 inscriptas durante las jornadas del 25 y 26 de marzo.
Este viernes se conoció que la organización ambiental Greenpeace presentó una medida cautelar para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales.
La petición fue rechazada finalmente por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico. Previamente, habían realizado una solicitud similar -aunque en el ámbito legislativo, no en el judicial- los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) argumentando que «un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización».
El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de «estratégica» la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un «glaciar o geoforma periglacial» según lo contemplen, incluyendo «una instancia de participación ciudadana».