El gobernador Osvaldo Jaldo participó este jueves por la tarde en la reunión encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, junto a un amplio grupo de mandatarios provinciales. El encuentro tuvo como eje principal el análisis de las reformas impositiva y laboral que el Gobierno nacional prevé impulsar en el Congreso en los próximos meses.

La convocatoria, realizada tras los últimos resultados electorales, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general, Karina Milei; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), y Martín Menem (presidente cámara de Diputados). 

Entre los gobernadores presentes estuvieron también Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz).

Durante el encuentro, Jaldo remarcó la voluntad de Tucumán de trabajar de manera institucional y colaborativa con la Nación. “Somos una provincia chica, pero siempre con un gran espíritu colaborativo para que a nuestra querida patria le vaya bien. Ese es el motivo de mi presencia y del aporte que vamos a hacer desde la Gobernación de Tucumán”, afirmó.

En ese sentido, señaló que los gobernadores en general han tenido una mirada positiva respecto al diálogo con la Casa Rosada, y subrayó que desde Tucumán la predisposición ha sido clara desde el primer día. “Siempre hemos mantenido ese espíritu. Y, así como estamos dispuestos a acompañar, también esperamos la reciprocidad del Gobierno Nacional para con el pueblo tucumano”, enfatizó.

Jaldo también valoró los recientes cambios en el Gabinete nacional y sostuvo que “toda decisión que sea para mejorar la gestión y resolver los problemas de la gente, contará con nuestro apoyo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó tras la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores que “la voluntad del Presidente es trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero del crecimiento”. En ese sentido, explicó que el mandatario plantea una serie de premisas centrales, entre ellas “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada, que es la base para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad”.

Adorni sostuvo que el objetivo del Gobierno es “generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano de la inversión y del aumento de la productividad, y terminar con la estafa de la redistribución de la nada misma”. Según indicó, estos lineamientos se enmarcan en los acuerdos del Pacto de Mayo y en el Presupuesto 2026, que “garantiza el equilibrio fiscal y la sustentabilidad de las políticas”.

Asimismo, señaló que “sin equilibrio fiscal ni un Estado eficiente, la iniciativa privada se asfixia bajo el peso de lo público”, y remarcó que “para que haya trabajo y buenos salarios, tiene que haber inversión, y para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad”.

El portavoz precisó que el primer desafío del nuevo Congreso será “aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal”, con el fin de “eliminar impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”.

Por último, Adorni consideró que “el país está en un momento bisagra” y subrayó que “el mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes”.

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Otra vez un contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno. El fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que investiga la gestión en la obra social de los empleados rurales (Osprera), presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de una empresa de informática en la obra social de la industria del fósforo (Ospif), una de las ocho intervenidas durante el gobierno de Javier Milei. Esa firma fue creada por Juan Manuel Picón, que saltó de la actividad privada a la Superintendencia de Salud (SSS) en marzo de 2024. Cinco meses después, la empresa sumó a su cartera de clientes a la obra social del fósforo.

Picón es el actual gerente general de la SSS, el organismo a cargo de controlar a las obras sociales y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. En principio, a Picón se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque la denuncia podría ampliarse a otros delitos.

Durante una investigación preliminar, antes de presentar la denuncia, Marijuan comprobó que Picón creó la empresa SAAS SAU en agosto de 2021, y que fue su director titular y presidente hasta desembarcar en el Gobierno.

Esa empresa desarrolló un software especializado para las obras sociales. “La misión de SAAS es organizar los datos, generar procesos internos eficientes, y automatizar el intercambio de información entre la Obra Social y los agentes externos, reduciendo costos de infraestructura en el camino”, explica su sitio web.

Entre sus clientes se destaca la obra social de los camioneros (OSCHOCA), la obra social de trabajadores de prensa (OSTPBA), y la obra social de los despachantes de aduana (OSEDA), entre otras.

El gerente general de la SSS, Juan José Picón, junto al ministro de Salud Mario Lugones y el titular de la SSS, Claudio Stivelman

“El software de SAAS tiene un mecanismo de integración en discapacidad. A través del software se cargan las facturas de los prestadores en discapacidad, la SSS le gira los fondos y la obra social le paga a los prestadores”, explicó un especialista ante una consulta de LA NACION.

Picón dejó la empresa SAAS SAU en marzo de 20024 para desembarcar en el Gobierno. Ese mismo mes fue designado como Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y recién en julio de este año ascendió a Gerente General.

Apenas cuatro meses después de la salida de Picón, SAAS SAU fue contratada por la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif). La contratación se registró el 10 de julio de 2024. Para esa fecha, la obra social ya había sido intervenida por el Gobierno y estaba bajo la órbita de la SSS.

“No hay ningún tipo de incompatibilidad. El funcionario vendió su participación en la empresa previo a asumir su cargo. Esto significa que al momento de iniciar sus funciones no mantenía participación societaria, vínculo económico, ni interés patrimonial alguno directo o indirecto, quedando así garantizado los principios de transparencia e imparcialidad que exige la ley», dijeron fuentes de la Superintendencia de Salud ante una consulta de este medio.

El fiscal federal Guillermo MarijuanCaptura TN

Según un informe elaborado por el titular de la Superintendencia de Salud, Claudio Stivelman, a pedido del fiscal Marijuan, Ospif fue intervenida el 23 de diciembre de 2023 y estuvo a cargo hasta hace pocos días del abogado Mariano Luis Negro.

En total, son ocho las obras sociales intervenidas durante el actual gobierno: seis en 2024 y dos en 2025. Las dos últimas intervenciones están suspendidas por la Justicia laboral: en la obra social de los fotógrafos y en la obra social del personal de la industria del chacinado y afines.

En el caso de Ospif, Marijuan comprobó que el contrato con la empresa SAAS SAU estuvo vigente al menos hasta agosto de este año. Por ese motivo, presentó una denuncia y pidió que se investigue si hubo una maniobra ilegal. “Los extremos reseñados demuestran por sí mismos el vínculo de Picón con la firma SAAS SAU, y de la contratación de esa sociedad por parte de Negro para prestar servicios para un agente del seguro de salud cuya gestión se encontraba bajo la órbita del poder ejecutivo nacional, tras haberse procedido a la designación de este último como administrador provisorio y, posteriormente, como interventor”, dice la presentación.

La denuncia ya fue sorteada y le tocó al juzgado federal 5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Antes de avanzar, la Fiscalía a cargo deberá decidir si impulsa la investigación.

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El 17 de diciembre de 2023, con apenas una semana en el poder y antes de que Javier Milei y Federico Sturzenegger anunciaran por cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Gobierno recurrió al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de la reforma laboral. Del aporte de ideas participaron estudios jurídicos especializados en derecho laboral que comulgan con el oficialismo y que sugirieron reducir cálculos indemnizatorios, limitar el derecho a huelga y contar con más facilidades para emplear y despedir personal. Entre esos asesores ad honorem estaba también Julio Cordero, hoy secretario de Trabajo aunque en ese entonces contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint, donde se desempeñó durante 35 años en el equipo de legales.

Un funcionario de peso del gabinete y el propio Cordero reconocieron a LA NACION que el capítulo IV del DNU 70/23 se elaboró con aportes de especialistas del sector privado, convocados por Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.

El capítulo laboral del decreto derivó en la primera huelga general de la CGT contra Milei y la pulseada se dirimió en la Justicia. La Cámara del Trabajo suspendió el DNU, que está aún pendiente de una resolución de la Corte Suprema. El argumento central del fallo fue que no estaban acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. Ahora, más fortalecido en ambas cámaras, Milei se propone a avanzar con su reforma laboral por la vía legislativa, con un proyecto de ley que contempla las iniciativas frenadas en la Justicia: ampliar la jornada laboral o ir hacia un sistema de banco de horas; fragmentar el período de vacaciones; flexibilizar a través de convenios colectivos las negociaciones salariales, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia, entre otros puntos.

Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero en la apertura del Diálogo Social con los empresarios y sin la CGT

Punte se sumó a los equipos de La Libertad Avanza (LLA) antes de que Milei ganara las elecciones presidenciales de 2023. En una exposición organizada por el estudio jurídico Bruchou-Funes de Rioja, uno de los más taquilleros del rubro, disertó allí como el referente en temas laborales de LLA y reforzó la idea de Milei de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al estilo el de la Uocra.

Miguel Ángel Punte, asesor de temas laborales de La Libertad Avanza.

Por entonces, Punte puso el ojo en las contribuciones patronales. “Deben ser acordadas libremente por las partes, no deberían ser obligatorias. Las empresas podrían negarse”, especificó. De implementarse esta medida, sería un golpe para la recaudación de los sindicatos. Peor para los gremios sería si resuelve desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical. A esas cajas apunta ahora Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación. El funcionario los llama “peajes sindicales”.

Punte y Sturzenegger compartieron la gestión de Cambiemos. Durante su paso como funcionario de Macri, Punte ganó notoriedad por una frase que terminó minando los puentes con los gremios para avanzar con una reforma que hasta había alcanzado un fugaz visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos. Esa frase lo marcó.

Punte también se refirió a las paritarias. No dijo que habría que eliminarlas, pero sí que deben negociarse de acuerdo a las posibilidades de cada empresa. Tomó ahora su idea Julio Cordero, quien se acercó al Gobierno de la mano de Punte. El secretario de Trabajo, que está bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló de negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad.

Cuando el Gobierno llevaba menos de un mes en el poder y se conoció que había recurrido al sector privado para diseñar la letra chica de las reformas que impulsaba, Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión de Alberto Fernández, hizo numerosas advertencias puntuales sobre el megadecreto 70/23. Una de ellas, fue sobre la intervención de personas ajenas al Estado.

“Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Si fue así, es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse”, planteó la abogada. Y agregó, desafiante: ¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la transparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas”.

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