La comunidad universitaria nuevamente saldrá a las calles en todo el país. El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una marcha nacional para protestar frente a la fuerte crisis que enfrenta la educación en el marco del anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.
La Ley aprobada por el Congreso de la Nación busca principalmente declarar la emergencia universitaria, lo que significa actualizar los fondos destinados a la educación universitaria que son los mismos del año 2023.
Según un informe elaborado por Chequeado, para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 según la inflación acumulada ese año (del 211,4%). Luego se aplicaría un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Además, si la ley resiste al veto, desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
Mientras Javier Milei anuncia el veto a esta ley en nombre del equilibrio fiscal y desfinancia la educación en el Presupuesto 2025 presentado, hay sectores que considero prioritarios y a los que, lejos de recortar, aumentó el su financiamiento.
Según un informe de la BBC, estos sectores son: Justicia, Defensa y Seguridad, Asistencia Social y Política.
POLÍTICA
Finalmente, para un «outsider» como Milei, que suele despotricar contra la «casta política», unas de las cosas que más sorprende de analizar el gasto de su gobierno es la enorme cantidad de recursos que concentra su propia oficina.
La Secretaría de Prensa, que opera dentro del ámbito de la Presidencia de la Nación, recibió durante 2024 uno de los aumentos de partidas más grandes de todo el presupuesto: 778,9% en pesos (pasó de US$30,7 millones a US$147,8 millones).
En tanto, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, la hermana y mano derecha del mandatario -a quien él llama «El Jefe»-, triplicó su presupuesto en pesos, con una partida de US$78,3 millones.
También la Jefatura de Gabinete salió muy beneficiada en el reparto: aumentó su presupuesto un 321,2% (totalizando US$220,6 millones).
Lo curioso de estos múmeros es que son tres de solo seis aumentos de partidas en toda la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional que superaron el índice de inflación. Es decir, tuvieron saldo real positivo.
Según Rangugni, vicepresidente de ASAP, «es un tipo de gasto que puede ser considerado como gasto político«.
No obstante, si se toma el presupuesto de toda la oficina de la Presidencia en su conjunto, el salto no es tan grande: pasó de US$207,5 millones a US$274,5 millones, un aumento del 141,6% en pesos, que es mayor al gasto promedio (134%) pero menor a la inflación, lo que significa que allí también hubo un recorte real.
En cambio, en el proyecto de Presupuesto de 2025 se prevé que Presidencia reciba un aumento del 45,3%, 27 puntos por encima de la inflación estimada por el propio gobierno para ese período.
JUSTICIA
En línea con su mensaje de que el Estado debe asegurar «el imperio de la ley», los diferentes sectores que componen la Justicia argentina fueron favorecidos en el reparto de recursos este año.
Si bien ningún área recibió aumentos presupuestarios por encima de la inflación, los principales actores judiciales tuvieron incrementos que estaban por arriba del promedio (134%).
El Ministerio de Justicia recibió un 159,2% más de lo que establecía el Presupuesto de 2023.
Y el Ministerio Público (los procuradores y defensores públicos) un 151%.
En tanto, el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, recibió un 150% de aumento.
Se trata de incrementos muy superiores a los de otras áreas. Como comparación, la Secretaría de Educación (que perdió la categoría de ministerio bajo este gobierno) recibió un aumento que fue la mitad: 75,4% más que en 2023.
En el proyecto de Presupuesto 2025 la Justicia sigue siendo prioritaria. Mientras que el gobierno estima que en ese período habrá una gran desaceleración de la inflación, con un 18,3% anual, el Ministerio de Justicia recibirá un incremento del 113,4% en pesos.
Así, pasaría de su presupuesto actual (unos US$89,3 millones), a US$158,4 millones, tomando como base la tasa oficial promedio estimada para cada período.
DEFENSA Y SEGURIDAD
Las otras dos áreas del Estado necesarias para garantizar «el imperio de la ley» también han sido beneficiadas en el actual reparto de dinero.
El Ministerio de Defensa, que fue desfinanciado durante los gobiernos kirchneristas, ha recibido un fuerte impulso, tanto financiero como simbólico, desde la llegada del gobierno libertario.
«Encontramos al asumir la gestión de gobierno en las áreas de defensa e inteligencia una fuerte debilidad, aspecto que resulta crucial atender, sobre todo para la prevención en materia de narcotráfico y terrorismo internacional«, señala un documento que acompañó el proyecto legislativo del gobierno.
Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel -hija de un veterano de la Guerra de las Malvinas/Falklands- subieron a bordo de un tanque de guerra durante el desfile militar más grande desde el retorno a la democracia que se realizó para conmemorar el Día de la Independencia, el pasado 9 de Julio.
En otra ocasión, el ministro de Defensa posó en uniforme de piloto, sentado en uno de los 24 aviones caza F-16 que el país le compró a Dinamarca para renovar su flota de aviones supersónicos (algo que ya estaba planeado antes de la llegada de Milei).
El gobierno también ha adquirido cuatro aviones P-3 cuatrimotor de largo alcance con el objetivo de controlar el mar argentino y erradicar la pesca ilegal, y anunció que planea «recuperar su capacidad submarina», tras el freno de operaciones ordenado después del hundimiento del ARA San Juan, en 2017.
«El fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una prioridad en 2025«, afirma el documento del gobierno.
En términos de presupuesto, el ministerio recibió un aumento del 153,6% en pesos este año, recibiendo unos a US$4.024 millones.
Y en 2025 tendría un incremento alineado con la inflación estimada por el gobierno: 18,5%.
En comparación, los aumentos a la cartera que maneja la Seguridad -una de las principales demandas ciudadanas- fueron menores: 129,9% en 2024 (totalizando US$4.948 millones), y para el 2025 otra suba del 16,8%.
El pronunciado aumento del gasto militar ha sido fuertemente cuestionado en un país en el que más del 50% de la población es pobre, y en medio de un recorte presupuestario nunca visto.
Pero hay un área que está generando particular ruido: la Inteligencia.
En julio, Milei pidió, por decreto, unos US$100 millones en fondos reservados para «el fortalecimiento» del recién creado Sistema de Inteligencia Nacional» (SIDE), un ente que reemplazó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), creada durante el kirchnerismo y disuelta bajo acusaciones del gobierno de que fue «utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica».
Según Milei, la SIDE tendrá un papel clave en la defensa de Argentina contra amenazas modernas como los ciberataques, que pueden afectar a «infraestructura crítica» como «bases de datos, tendidos eléctricos y conexiones de redes».
Sin embargo, el Parlamento denegó su pedido, convirtiendo a su decreto 656/2024 en el primero que es rechazado por el Congreso desde que se crearon los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia).
Algunos legisladores acusaron a Milei de querer realizar espionaje interno, como sus antecesores, y varios cuestionaron que realice este enorme gasto cuando vetó un aumento sancionado por ambas Cámaras para los jubilados.
No obstante, el gobierno dio señales de que no dará marcha atrás: en su nuevo proyecto de Presupuesto incluyó los US$100 millones entre los gastos de la SIDE en 2024 (que totalizan US$282,3 millones) y, además, le dio un aumento del 35,5% (el doble de la inflación estimada) en 2025.
ASISTENCIA SOCIAL
En sus frecuentes discursos, el líder libertario asegura que al llevar a cabo su arrasadora reducción del gasto público siempre prioriza la protección de los más vulnerables, en un contexto en el que, desde que gobierna Milei, se ha registrado un gran aumento de la pobreza.
En ese sentido, el gobierno hace hincapié en los fuertes aumentos que tuvieron tres de los principales beneficios que reciben los más pobres: la Asignación Universal por Hijo (AUH, que aumentó un 374%, casi 150% por encima de la inflación), la Prestación Alimentar (una tarjeta con dinero para comprar comida, que se incrementó en un 138%) y el Plan 1.000 días, que asiste a los niños en sus primeros tres años de vida, y se aumentó un 1.323%, según las cifras oficiales.
En su discurso ante el Congreso, Milei atribuyó a estas ayudas y a la eliminación del uso de organizaciones sociales como «intermediarios» para distribuir la asistencia estatal, el hecho de que en los últimos cuatro meses no ha habido «piquetes» -o cortes de calle-, una forma de protesta que se había convertido en habitual en la capital argentina en los útimos años.
En su proyecto de Presupuesto para 2025, el gobierno mantiene su fortalecimiento de estos programas, con un aumento del 37,4% (US$4.141 millones) para la AUH y del 60,5% (US$2.614 millones) para la tarjeta Alimentar, ambos muy por encima de la inflacón prevista.
Sin embargo, el último informe de ASAP sobre el presupuesto actual advierte que, exceptuando estos beneficios, «en el ámbito de la asistencia social, los recortes fueron notorios en casi todos los programas«.
«La mayor parte de los programas sociales experimentaron fuertes contracciones en lo que va del año», señala.
En ese sentido, detalla que las transferencias corrientes a provincias y municipios para Promoción y Asistencia Social pasaron de US$59,5 millones en 2023 a US$3,3 millones este año, una reducción que, contemplada la inflación, significa una caída real en pesos del 97,3%.