La Justicia tucumana rechazó un acuerdo económico propuesto por Franco Morales, acusado de causar daños en el estadio de San Martín tras la eliminación ante Gimnasia de Mendoza, el 1 de diciembre de 2024. El hincha había ofrecido un millón de pesos como reparación por haber destrozado el vidrio de un palco oficial, en un hecho ocurrido durante un partido cargado de tensión y frustración para el club local. Ese día, el sospechoso, a golpes de puño, destrozó el cristal del espacio donde los dirigentes de la institución se habían ubicado para observar el encuentro.
Desde un primer momento, la dirigencia del “Santo” se opuso a cerrar la causa con dinero y pidió que se aplique la legislación vigente sobre violencia en espectáculos deportivos. Los abogados del club argumentaron que no se trataba de un simple daño material, sino de un episodio de gravedad institucional, con riesgo para la seguridad del público presente. Apuntaron también contra el Ministerio Público Fiscal por desestimar pruebas clave y actuar con arbitrariedad.
Finalmente, la jueza Eliana Karina Gómez Moreira avaló el reclamo de San Martín y negó el “criterio de oportunidad” solicitado por el MPF. En su fallo, resaltó que el hecho tuvo un “alto impacto social” y que no puede ser tratado como un conflicto entre particulares. “Nos encontramos ante un espectáculo público, con presencia de familias. Hay un interés público que debe ser protegido”, argumentó la magistrada.
El fallo representa un fuerte mensaje contra la violencia en el fútbol. La causa volverá al Ministerio Público, que deberá asignarla a una fiscalía especializada para llevar adelante una investigación a fondo. Desde el club celebraron la decisión: “Esta vez la Justicia escuchó. No se puede minimizar la violencia en los estadios ni cerrar causas con plata”, afirmaron.