El juicio contra los nueve comuneros de Base Riarte de la Comunidad Indio Colalao concluyó con la absolución de todos los imputados en los delitos de robo y tentativa de homicidio. Sin embargo, seis de ellos fueron condenados por el delito de usurpación a penas de entre 1 y 2 años de prisión de ejecución condicional. La sentencia fue recibida con sentimientos encontrados entre los miembros de la comunidad, quienes defienden su derecho ancestral sobre las tierras.
“Nosotros no somos usurpadores. La historia de los pueblos originarios cuenta que en ese lugar siempre hemos estado. Hemos comprado esas tierras, es nuestra tierra. Argentina ha sido el que ha puesto un delegado, ha donado las tierras, y nosotros seguimos viviendo ahí, por eso tenemos un cementerio. No somos usurpadores”, dice Pedro Chávez, cacique de la Comunidad.
Con dolor y bronca, el cacique asegura que apelarán el fallo porque haber sido sentenciados como usurpadores los deja en situación de vulnerabilidad e inseguridad. Desde la Unión de los pueblos Diaguitas advirtieron que el tribunal no tuvo en cuenta la perspectiva intercultural ni el marco jurídico vigente en cuanto a derechos de pueblos indígenas. “Impusieron un virtual desalojo”, señalaron, ya que obliga a los comuneros a abandonar el lugar donde viven. “Sienta un precedente terrible para las comunidades indígenas. Casi todas ellas se encuentran en terrenos sin títulos, por una mora del Estado”, explican.
“La justicia no es equitativa para nosotros. Los millonarios son los elegidos, pero nosotros, los pueblos originarios, que hemos vivido milenariamente en estas tierras, seguimos peleando por nuestro derecho”, sostiene Chávez.
La comunidad se siente identificada como un pueblo histórico que ha sido víctima de abusos y desigualdad. “Es raro que nos digan usurpadores cuando no se está discutiendo la propiedad privada o los títulos de la tierra. Es raro que nos saquen de nuestra comunidad y nos acusen de algo que no somos”.