La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado donde la gestión irregular de fondos públicos convivía con un sistema paralelo de direccionamiento de compras, adjudicaciones a medida y pagos revertidos.
En este esquema, aparece como un eslabón clave Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado, el controvertido financista de la campaña de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico.
Su papel, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, se concentró en el movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal dentro del organismo, con vínculos con funcionarios y con el propio Spagnuolo.
El extitular de Andis era cercano a José Luis Espert y visitó a Mastropietro en varias ocasiones.
La evidencia más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada.
El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias que totalizaban cientos de millones de pesos hacia la cuenta de esa firma.
Los fondos provenían de droguerías favorecidas por la mecánica de adjudicaciones del área de Discapacidad: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L..
Tras recibir los movimientos, Mastropietro envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos.
El concepto utilizado era uniforme: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La descripción fue considerada funcional a operaciones destinadas a disimular origen y destino del dinero.
Para la fiscalía, esta estructura encajaba en un patrón compatible con posibles maniobras de lavado de activos.
Un detalle: el dueño de la empresa Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro. Sugestivo, ya que tanto Fred Machado, como la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante-, tienen fuerte arraigo o son de Río Negro.
Información de inteligencia enviada por el Ministerio de Seguridad a Homeland Security, revelada por LA NACION, apuntó previamente a que Mastropietro y Fred Machado no solo compartieron actividades societarias y vínculos empresariales ligados a la aviación, sino también un mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Juez Tedín 2860. Ese punto en común aparece como un nexo central en la relación entre ambos, que se refleja en la sociedad SO VAIN S.A. y en varios vuelos privados que realizaron juntos, incluidos traslados a Estados Unidos en 2016 y a Perú en 2019 con pasajeros de distintas nacionalidades.
Conversaciones entre Calvete y Mastropietro
Los registros ubican a Mastropietro en el núcleo operativo de confianza de Calvete.
El vínculo entre ambos se refleja en transferencias reiteradas, menciones constantes en comunicaciones internas y en el hecho de que Mastropietro era uno de los interlocutores a quienes Calvete consultaba sobre disponibilidad de dinero en efectivo.
Su nombre también aparece asociado a Alan Pocoví, considerado un participante en la circulación de los fondos.
La conexión no se limitó a Calvete. Mastropietro mantuvo contacto directo con Spagnuolo. La pesquisa verificó dos visitas al domicilio privado de Spagnuolo, en el barrio Altos de Campo Grande, durante 2025. Ambas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo utilizados por la organización.
La coincidencia temporal y el perfil de los participantes situaron a Mastropietro en reuniones donde se tomaban decisiones vinculadas al manejo de las ganancias obtenidas mediante direccionamientos y sobreprecios.
La participación societaria de Mastropietro también llamó la atención de los investigadores. En 2018 creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete, lo que reforzó la hipótesis de un entramado societario coordinado para canalizar fondos.
El funcionamiento del circuito del dinero se volvió más visible durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Ese día, Calvete intentó reubicar recursos ilícitos a través de Mastropietro y Pocoví, según consta en los mensajes recuperados. También pidió a otro colaborador que se comunicara con él para realizar una transferencia, aunque luego se informó que Mastropietro no podía concretarla. La secuencia permitió reconstruir la reacción interna del grupo ante la irrupción judicial y el rol asignado a cada integrante.
El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado por la fiscalía hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS. El esquema se centraba en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios. El proceso se apoyaba en un mecanismo de selección acotada de proveedores, donde un conjunto reducido de droguerías —entre ellas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— concentraban la mayoría de las adjudicaciones. En las compulsas acotadas, solo Profarma y Génesis obtuvieron más del 93% de las órdenes de compra relevadas, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos.
Ese dinero, proveniente de recursos del programa federal “Incluir Salud”, regresaba luego a los funcionarios responsables de direccionar las contrataciones. Una parte se distribuía en retornos para autoridades del organismo, como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Lorena Di Giorno. Otra parte alimentaba un circuito de triangulación y facturación donde intervenían Mastropietro y Pocoví.
La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro integraba un comportamiento compatible con maniobras de lavado de activos. La emisión de facturas con conceptos considerados insuficientes, la recepción de transferencias millonarias de empresas adjudicatarias y la cercanía con los responsables políticos y operativos del esquema sostuvieron esa evaluación. Además, su vínculo con una empresa de aviación privada aportó un elemento adicional: la posibilidad de contar con medios que facilitaran movimientos de dinero o eventuales fugas.
Con esos elementos, se solicitó el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro, con el objetivo de secuestrar documentación relevante, dispositivos electrónicos y cualquier registro vinculado a las transacciones detectadas. Para la investigación, su papel consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.