En 2010, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado argentino ante las graves violaciones a los derechos humanos en el caso.
María del Carmen falleció en el 2019. Hoy, doce años después —y sin que ella lo sepa—, el Estado se disculpó y anticipó una cláusula de entendimiento con la CIDH en donde se compromete, entre otras medidas, a la correcta implementación de la Ley de Salud Mental en el interior del país; a la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires; a la supervisión de las normas de habilitación en los centros de consumos problemáticos y la capacitación y formación en salud mental para funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
“Está claro que las disculpas llegan tarde”, dice el abogado e integrante del CELS, Diego Morales. “Su caso refiere a la responsabilidad del Poder Judicial de la Ciudad que ordenó su internación y la falta de activación de los distintos dispositivos que deberían haber controlado de manera certera esa situación”, agrega. Desde la defensa pública que tendría que haber intervenido haciendo las presentaciones pertinentes hasta la falta de comunicación de las autoridades judiciales con la clínica, el abogado sostiene que fallaron todas las instancias que deberían haber defendido a María del Carmen. “Ya sea porque se la internó sin ningún fundamento legal contundente o se apoyaron en decisiones de psiquiatras que nunca se habían entrevistado con ella para mantenerla detenida, la justicia nunca le dio la posibilidad de defenderse”, afirma Morales. Pese a las disculpas tardías del Estado, el integrante del CELS ve con buenos ojos el compromiso con la CIDH. “En el contexto actual de la Ley de Salud Mental, donde percibimos que deberían fortalecerse varios puntos, estas decisiones contribuyen a poner el relieve la problemática y aplicar políticas públicas más directas”.
Punitivismo por género
Macarena Sabín Paz, coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS, conoció a María del Carmen hace algunos años. La recuerda como una mujer comprometida con su causa y “muy presente” cuando se la convocaba a narrar su experiencia. “Era muy amorosa. Después de todo lo que le había pasado, seguía con detenimiento su caso ante la CIDH”, cuenta la especialista. “Todavía hoy, y con la Ley de Salud Mental (2010), siguen ocurriendo detenciones forzosas en los centros psiquiátricos de la Provincias de Buenos Aires” (Ver: Números que alarman), señala.
Sin embargo, Sabín Paz explica que las situaciones que sufrió María del Carmen con su detención serían “difícil” que hoy se repliquen. “Al momento de cualquier internación se dispara un procedimiento de control en el que interviene un juez de Familia, Civil y abogados defensores”, detalla. Respecto a la lectura que hizo la jueza Marta del Rosario Mattera, la especialista asegura que primó la “patologización”. “Patologizó el comportamiento de una mamá que estaba muy preocupada por la salud de su hijo en detrimento de la posibilidad de oír lo que ella tenía para decir”.