Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber partiicipado de esa operatoria.
“No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”, contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.
Martín Migueles y la conductora Wanda Nara
Esta causa investiga irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, mejor conocido como dólar blue. El avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023. En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.
Migueles buscó desmarcarse de las acusaciones al argumentar que la investigación se sostiene sobre “frases aisladas, registros audiovisuales descontextualizados o interpretaciones parciales de conversaciones privadas”.
Respecto a su rol como presidente de ARG Exchange S.A., una de las casas de cambio bajo la lupa, Migueles fue categórico al afirmar que la entidad operaba en la legalidad: “Yo no participé en una operatoria destinada a vender dólares en el mercado paralelo, eso debe quedar bien claro”.
Aseguró que la agencia se regía bajo las normas del Banco Central (BCRA), comprando y vendiendo divisas al por mayor de manera legal y documentada mediante boletos diarios.
Sobre frases interceptadas en su teléfono celular como “agencia para sacrificar” o “retiro de bille”, Migueles explicó que estaban sacadas de contexto y correspondían a comentarios que hacían terceros sobre cómo operaban otras agencias en el mercado.
Otro punto de su descargo responde a su supuesta influencia en la aprobación de permisos de importación (SIRA).
Migueles admitió que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda con uno de estos trámites, pero aseguró que su rol se limitó a ser un simple intermediario comercial para contactarlo con otra persona apodada “Pipo” y así ganar una comisión.
“Jamás intermedio en situaciones que sean contrarias a la ley”, enfatizó, y negó haber pagado sobornos a funcionarios públicos.
Además, afirmó no conocer a ninguno de los funcionarios del Banco Central mencionados en la causa judicial y aclaró que la expresión “la vieja del Central” era simplemente una referencia que le había transmitido su socio comercial, Francisco Hauque.
Sobre la comprometedora escucha en la que afirmaba necesitar transferencias diarias de “100 o 150 palos”, el acusado brindó una explicación llamativa. Aseguró que fue una exageración con el único objetivo de “generarle interés” a un vecino y así lograr que le presentara al dueño de la agencia Baires Cambio de Nordelta. “No se trató de una operatoria real mía por esos montos”, sentenció.
Las sospechas crecieron por los videos y el nivel de vida exhibido por Migueles. En su descargo, desmintió ser el dueño de la fortuna que se le atribuye.
Dijo que la casa en Nordelta que se le atribuye no es suya, sino que la ocupaba gracias a un acuerdo de pago de honorarios con su amigo Elías Piccirillo. “Niego tener una colección de relojes de lujo”, remarcó.
Sobre los videos en los que se muestran vehículos de alta gama, explicó que pertenecían a conocidos y que él solo los filmaba para intentar conseguir compradores y llevarse una comisión o hacer un “revoleo comercial”.
Migueles destacó que se presentó de manera espontánea ante la Justicia apenas tomó conocimiento de la situación.
Solicitó formalmente que cualquier análisis sobre su patrimonio o su rol comercial se base en pericias contables, transferencias bancarias y documentación objetiva.
El peritaje sobre uno de los teléfonos de Migueles reveló cómo funcionaba el SIRA.
De los chats y los audios analizados se desprenden al menos tres personas identificadas que permitían “gestionar” los permisos de importación.
“Percibían aproximadamente entre un diez (10%) y un quince por ciento (15%) del valor de las importaciones en dólares valuadas al tipo de cambio oficial o “blue”“, se lee en el expediente que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Lijo.
Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Elías Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.