El Gobierno de Tucumán, a través de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, dependiente de la Fiscalía de Estado, instó formalmente a las comunas rurales a ejercer su poder de policía en materia dominial y ambiental. La medida responde a la detección de ocupaciones irregulares, urbanizaciones no autorizadas, remociones de suelo y alteraciones del ecosistema en distintos puntos del territorio provincial.
Mediante la Resolución N° 118 con fecha del 11 de abril de 2025, se advierte que muchas de estas acciones ilegales afectan áreas de alto valor patrimonial y ambiental, por lo que se requiere una intervención articulada y responsable por parte de las autoridades comunales, otorgada por el artículo 18, inciso 9, de la Ley N° 7350.
La resolución prohíbe expresamente la construcción de viviendas, apertura de calles, loteos y cualquier otra intervención que comprometa la propiedad del Estado o de particulares, así como el entorno natural. También se restringe la tala de vegetación nativa y la introducción de especies que alteren el ecosistema.
En ese marco, se les ordena la creación de una Comisión Comunal de Verificación Dominial y de Obras, que estará integrada por un representante de la comuna, un técnico idóneo con conocimientos legales y urbanísticos, y un abogado encargado del control documental. Esta comisión deberá verificar la situación dominial de toda obra nueva o en ejecución, y tendrá facultades para paralizar o clausurar construcciones en situación irregular.
Asimismo, cada comuna deberá dictar resoluciones para detener edificaciones en curso, revisar las ya iniciadas y evitar el inicio de nuevas obras sin la debida autorización.
Para autorizar la continuidad de los trabajos, será obligatorio contar con informes técnicos emitidos por la Dirección General de Catastro, el Ente de Turismo y la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia.