La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó que se continúe con una investigación por posible daño ambiental debido a la presunta instalación ilegal de antenas de celular en la provincia. El caso fue impulsado por una querellante, cuya postura fue sostenida por el fiscal general ante la Cámara, Antonio Gustavo Gómez.
En la resolución -conocida la semana pasada-, los jueces Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan, junto con las juezas Marina Cossio y Patricia Moltini, sostuvieron que se debe profundizar la investigación en torno a la responsabilidad del organismo encargado de control, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), así como también de la empresa prestadora del servicio telefónico.
“Esta entidad tiene la responsabilidad a través de sus funcionarios públicos, de otorgar la autorización para el funcionamiento de las antenas de telefonía, a través de controles respectivos para la instalación de antenas”, explicaron los jueces en su resolución.
“La negligencia en la actuación de los funcionarios debe ser investigada a fondo, ya que la contaminación ambiental que podrían estar generando las antenas mencionadas, podría tener efectos graves y acumulativos en la salud humana y el medio ambiente”, remarcaron en línea con la postura planteada por el fiscal general.
En relación al presunto daño ambiental denunciado, los jueces recordaron que la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional estipula dentro del artículo 4 que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Los camaristas consideraron que este principio “obliga a actuar en casos de daño grave e irreversible, incluso en ausencia de información completa o certeza científica”.
“En consecuencia entendemos que se debe continuar la investigación a fin de determinar el posible daño ambiental, como así también la responsabilidad del organismo encargado de control (ENACOM), como así también de la empresa prestadora del servicio telefónico”, resumieron.