«¡Estás lleno de plata, hacé las obras!». Juan Alberto Cerisola asegura que los Decanos de las Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lo presionaban -y mucho- para que, a toda velocidad, concrete las obras con los fondos calientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que bañaron a la UNT entre 2006 y 2008. Fue por esas obras que “reemplazó” a la Ciudad Universitaria de San Javier cuando mediante el acta del 2 de enero de 2008 declaró a la UNT «satisfecha» en su derecho de cobrar el 40% de las utilidades líquidas de la minería que debía destinar a construir el campus ideado por el Rector Horacio Descole «conforme a los planos ya aprobados», según manda la ¡todavía vigente! Ley 14.771 de creación de YMAD. Tras el acuerdo firmado por el ex Rector, los fondos se redujeron a la mitad y pasaron a ser de libre disponibilidad.
Pasaron más de catorce años desde que Cerisola fue denunciado por el desmanejo de los fondos de YMAD hasta que se sentó este martes ante el juez Jorge Abelardo Basbús y los virtualmente presentes jueces Enrique Lilljedhal, Ana Carina Farías y Mario Eduardo Martínez para contar su versión de los hechos y defenderse de la acusación del fiscal federal Carlos Birto, que considera “un disparate”. Cerisola hizo por primera vez frente a las preguntas de sus propias abogadas, Silvia Peyracchia y Luz Casen; de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit (defendiendo la investigación de Brito) y de la querella de la UNT a cargo de Rodolfo Tercero Burgos, abogado constitucionalista denunciado por abuso sexual que desde 2019 reemplazó a Diego Lamoglia.
Más allá de algunos cruces y picos de aterciopelada tensión, los fiscales y la querella no lograron doblegar a Cerisola, que se mantuvo firme en su relato exculpatorio y apenas se retractó de una declaración en sesión del Consejo Superior en 2010; el ex Rector no mostró remordimiento y hasta sostiene que la UNT sí tiene su Ciudad Universitaria, que no tenía más opción que rubricar el acta, ya que esa decisión había sido tomada días antes por el directorio de YMAD y hasta llegaron a preguntarle si en aquel momento leyó lo que estaba firmando. Hoy está afronta un juicio sin precedentes por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
Los ex Rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- eran los directores por la UNT en YMAD al momento de los hechos: ellos mismos ratificaron mediante una misiva dirigida a Cerisola que desde 2005 se enviaban fondos mineros a la UNT que debían destinarse a la Ciudad Universitaria y promovieron que se declare terminada la misma (así lo dice el acta 498 del directorio de YMAD), reduciendo así los fondos que se destinaban a la Universidad tucumana: del 40% se reducían al 20%, pasando ese porcentaje a ser de libre disponibilidad de Cerisola, mientras que el otro 20% se concedía al sistema universitario nacional, según manda la Ley 14.771.
En su declaración, Cerisola subrayó que los dirigentes radicales actuaron «con independencia» y que como directores «tienen autonomía», a la vez que reprochó la investigación a cargo del fiscal Carlos Brito: “Cuando el juez le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito; él toma la decisión y yo estoy sentado acá”, arremetió. A pregunta de su propia defensa, recordó que la Rectora Alicia Bardón intentó apartarlo de su cargo, pero no pudo hacerlo por esa propia “autonomía funcional”. Ojo, Cerisola sostiene que el accionar de Campero y Marigliano fue “legítimo” y lejos está de culparlos porque considera que no hay delito y que sí existe la Ciudad Universitaria.
Sólo el ex Rector y tres miembros de su Gabinete están imputados, pero en esta tercera audiencia retumbaron fuerte los nombres y actuaciones de Campero y Marigliano; de la ex Vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández; del secretario general del Rectorado, José Hugo Saab; del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro. También de otros ex funcionarios como Luis Castillo, Luis Méndez, Ramiro Moreno, Ronald Parada Parejas, Rafael Malla; de los fallecidos Carlos Reimundín y Florencio Aceñolaza, quienes se desempeñaron como secretario administrativo y secretario general de Cerisola respectivamente; y de la ex Decana de Derecho, Adela Seguí, como del consejero por los Egresados Ricardo Cisneros, de la comisión especial que debía investigar el manejo de los fondos de YMAD.
Cerisola está acusado por haber reducido las utilidades que correspondían a la UNT del 40% al 20%, pero el delito de fondo es haber decretado mediante acta del 2 de enero la conclusión de la Ciudad Universitaria, “reemplazada” por el Plan de Obras que bautizó La Ciudad Universitaria del Siglo XXI, como por las colocaciones financieras que se realizaron para resguardar los fondos hasta que se pudo moldear ese régimen especial de contratación de obras para hacer esas obras a toda velocidad que devino en presuntas irregularidades y sobreprecios en 12 o 13 obras, depende quién pregunte.
El ex Rector se retiró de la audiencia sin aclarar qué hubiera pasado si no firmaba o por qué no buscó los planos de la Ciudad Universitaria que eltucumano localizó en mayo de 2023 en la Planoteca de la UNT; si estaba efectivamente “obligado” a firmar para recibir la última remesa dineraria de $36 millones ¿actuó bajo extorsión? ¿podían los decanos reclamarle obras al punto de forzarlo a sentenciar que la Ciudad Universitaria sí existe? ¿lo benefició que los fondos pasen a ser de libre disponibilidad?
Donde sí coinciden todos es en que los fondos arribaron desde 2006 y no desde 2005, como demostró eltucumano, mediante el contrato que rubricó el Rector Marigliano con Minera Alumbrera Ltd, a través de su vicepresidente Julián Rooney el 30 de noviembre de 2005 y que permitió el arribo anticipado de un millón de dólares, que se destinó al Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) y no a la Ciudad Universitaria como ordena la Ley.
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En su relato, el ex Rector Cerisola atribuyó todas las acusaciones en su contra a una “feroz interna” en la UNT que se desató cuando la Vicerrectora Rossi de Hernández anunció que lo enfrentaría como candidata a Rectora y partió al medio la gestión: Cerisola recordó que ante aquella maniobra «dio de baja» a funcionarios políticos como el secretario general José Hugo Saab mientras sufría el bullying de los Decanos y Consejeros superiores que «hacían bromas antes de votar» y anticipaban la «crónica de la muerte anunciada» del Rector.
«En 2010 obtengo el triunfo sin problemas. No lo digo con orgullo. Lamentablemente eso me ha costado estar sentado hoy aquí«, afirmó, a la vez que diferenció los funcionarios «políticos» que designó y corrió como el caso de Saab, cuyo apellido retumbó en varios pasajes de la audiencia, de los funcionarios de carrera: allí destacó el nombre de Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos desde 1999 a quién Cerisola “heredó” y no removió de la gestión y lo responsabilizó por todos los dictámenes que le permitieron equiparar la Ciudad Universitaria a su plan de obras y administrar los fondos de YMAD como fondos privados, al margen de la Ley de Obras Públicas. Sólo una vez –afirmó- no hizo caso de las sugerencias de ese servicio Jurídico, y no vinculado a esta cuestión en particular.
El ex Rector insistió en que el acta que firmó el 2 de enero es «el último recibo» del cobro del 40% de las utilidades y que si no rubricada aquel «instrumento» no cobraba los $36.000.000 de YMAD. En ese sentido, recalcó que las decisiones de YMAD son «irrecurribles» para la UNT, responsabilizando por la misma a los por entonces vocales directores Campero y Marigliano ya fallecido-. No obstante, Cerisola sostiene que aquella determinación fue «legítima».
En su exposición, hasta alegó que Descole «se dio cuenta la imposibilidad de construir la Ciudad Universitaria» unos 20 años después, cuando propuso crear un área protegida allí, el Parque Sierras de San Javier. También esbozaría una hipótesis sobre la “leyenda” de una pelea de Descole con el peronismo nacional, que llevó al cese de fondos para la UNT. Luego, retomó sobre los planos para alegar que «la propia UNT a través del licenciado Saab dijo que esos no son los planos» (la Fiscalía pidió que esa prueba se incorpore al Expediente de la causa) y planteó que la Ciudad Universitaria «era una imposibilidad en el cerro» cuando Eugenio Flavio Virla y Roberto Herrera solicitaron un crédito para construir el Centro Herrera en la Quinta Agronómica.
El ex Rector señaló así a Virla, Herrera, Descole y una presunta pelea con las autoridades partidarias nacionales como los primeros en abandonar el proyecto Ciudad Universitaria en San Javier. Para Cerisola, el Centro Herrera, el Centro Prebisch, el Rectorado y las dependencias de la UNT en el microcentro, más el Teatro Alberdi, el Centro Cultural Virla, el Museo de la UNT, sumado a la cercanía con el Parque Sierras de San Javier y la presencia de otras Universidades (mencionó a la UNSTA, la UTN y la U-SPT) convierten a San Miguel de Tucumán en una «Ciudad Universitaria».
«Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una Ciudad Universitaria», sentenció. No hubo luego preguntas alusivas a tamaña definición de parte de la Fiscalía o la querella.
Cerisola sentado al juez Babús.
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En la rueda de preguntas, Cerisola sí confirmó que designó al auditor interno Luis Méndez, a quién definió como “el hombre de la SIGEN” encargado de los controles internos en la UNT. También, a pesar de la oposición de defensa, ratificó que Ramiro Moreno –filmado en cámara oculta ofreciendo contratos a cambio de votos en la antesala de la Asamblea Universitaria de 2010- formó parte de su Gabinete como secretario de Bienestar; como también la participación en la gestión del contador Ronald Parada Parejas y el arquitecto Rafael Malla, “era mi yerno”. “Antes no había régimen de obras porque no había con qué”, graficó sobre los primeros años de su gestión.
«YMAD repartía, no sabíamos si llegaba plata el mes que viene». Cerisola repasó que entre 2006 y 2009 se recibieron 14 remesas dinerarias de la minería, y que hasta que se trazó el plan de obras con los respectivos dictámenes jurídicos para tal maniobra, se acordó con un «comité de autoridades» que la mejor inversión era optar por plazos fijos. El ex Rector celebró que con un dólar a $3, en su momento «ganamos $10 millones más que si comprábamos dólares«.
También rechazó haber defraudado a la UNT por 60 millones o más y apuntó contra el fiscal Carlos Brito al denunciar que esa acusación recién apareció en el pedido de elevación a juicio. Luego aludió a los informes de Procelac (2014) que sostienen que hay «pequeñas diferencias» en los balances pero que «hasta el último centavo ingresó en la Universidad». Respecto de las colocaciones, se esperaba en esta jornada la declaración del ex subsecretario administrativo Luis Sacca, pero no alcanzó el tiempo y habría que esperar hasta la próxima audiencia. El ex diputado nacional de la UCR estuvo acompañado en la audiencia por Enrique Romero, quien afirmó que estaba allí para bancar a un amigo y prefirió no opinar de la causa.
Sobre el régimen de contratación de obras y los sobreprecios en las mismas que se le endilgan, Cerisola sostuvo que cuando se lanzó por el Rectorado «no conocíamos que íbamos a recibir esas cantidades exorbitantes de dinero» por lo fueron confeccionando un «listado abierto de obras». Los Decanos de las Facultades presionaban -según declaró- al Rector: «Me decían estás lleno de dinero, necesitamos las obras«. Cerisola lamentó que con esas mismas obras hicieron campaña en su contra cuando se quebró el oficialismo en la UNT y Rossi de Hernández lo desafió.
El ex Rector confesó que se quedó con ganas de otras obras para tener «un Rectorado florido» y de asegurar más fondos para el mantenimiento de todas esas obras; también subrayó que «todas las decisiones que he tomado tenían dictamen de Asuntos Jurídicos», aclarando que él no se atrevería a contradecir a un experto en Derecho Administrativo como González Navarro.
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En el ida y vueltas de las preguntas y respuestas, Cerisola mantuvo acalorados cruces con los fiscales Camuñas y Chit como con Burgos, a quien acusó de haber participado de la política universitaria: no es secreta su relación personal/política con Saab y que apoyó la candidatura a Decano de Derecho de González Navarro. Consultado por el fiscal, el ex Rector sostuvo que «no sabía» de la reunión del directorio de YMAD del 27 de diciembre y luego «tuvo que estar el 2 de enero sentadito».
También reprochó que nunca fue citado a la comisión especial que investigó el manejo de los fondos de YMAD, y la denuncia del fallecido Aceñolaza del perjuicio de YMAD a la UNT cuando terminó su mandato como director: «Ningún director hizo objeción del 20%-20%» en la distribución de fondos, y «no digo más porque el Doctor está muerto», espetó. Sobre el «juicio académico» que le habrían intentado iniciar, recordó: «Preferí mandarme a mudar y renunciar. Estoy jubilado como investigador».
Además, hizo algunas aclaraciones patrimoniales. «Tengo el departamento donde vivo, un auto Peugeot y un terreno. Todo embargado por este juicio. Soy un muerto civil«, enfatizó. La tensión fue escalando cuándo se le preguntó por el régimen que se aplicó a las obras antes de sancionar el régimen especial y que atribuyó la falta de agilidad en las obras a que «YMAD hizo mal en no avisarnos» que llegaría el dinero ante lo que «empezamos a hacer todo con celeridad».
El punto más álgido llegó cuando Camuñas leyó la versión taquigráfica de una sesión del Consejo Superior donde Cerisola sostuvo respecto de Campero y Marigliano que «nosotros somos sus comitentes. Este Consejo es jefe de directores de YMAD y no al revés«, el 14 de mayo de 2010. “Si dije eso me he equivocado”, planteó, mientras sus abogadas reclamaban. El Rector relató como un logro que la UNT haya podido seguir cobrando el 40% de las regalías durante sus primeros años de Rectorado, no recordó quién más estaba al momento de la firma del acta del 2 de enero y se enojó cuando el fiscal le preguntó si al menos «¿leyó el acta?».
Antes las preguntas del querellante Burgos, que se mostró poco punzante, Cerisola planteó que «si no firmaba no le entregaban $36 millones» y aseguró que Campero y Marigliano «fueron y explicaron» los hechos en el Consejo: «Tenemos filmaciones«, retrucó. Respecto de la disolución de la comisión que debía investigarlo, indicó que sus miembros desistieron de asistir tras perder “por paliza” y la firmó su vicerrectora Alicia Bardón.
Sobre el final, el abogado Alfredo Falú, defensor de Olga Cudmani, le preguntó al ex Rector por la injerencia en las resoluciones rectorales de la exfuncionaria: «No tuvo nada que ver», la desligó. Finalmente, una anécdota graficó lo que generó la llegada de tamaña cantidad de fondos en la UNT y el desfalco que llevó a juicio por corrupción a un ex Rector y miembros de su Gabinete y que hizo retumbar en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal los nombres de tantos funcionarios y ex funcionarios de la UNT.
«Era permanente los pedidos de los Decanos. Y hasta lo dije de forma torpe: me decían ‘estás lleno de plata, hacenos las obras’. La agilidad que necesitábamos era muy grande, tal es así que después cuando se larga todo en menos de dos años se hacen 93 obras», manifestó, y aclaró que las colocaciones resguardaron los fondos y se modificó el régimen para poder acelerar la concreción de esas obras.
«Había que hacer las obras y eso apuraban los Decanos. Hubo una reunión donde estaban doce Decanos, y no lo que no puedo probar porque no tengo un acta ni nada, donde por poco me pegan porque no empezaban las obras aquí y las obras allá… algunos de ellos, los más entusiastas, después votaron derogando el régimen (de contrataciones de obras). En A las siete se presentaron diciendo las maravillas de las obras que habíamos hecho con el régimen y por motivos políticos de querer el sillón de Terán, después lo derogaron», remató.
La próxima audiencia será el miércoles 26 de junio a las 9:30 en la sede del TOF.
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