El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, será juzgado el próximo 5 de febrero por el presunto abuso sexual de su sobrina segunda, que en noviembre de 2019 lo denunció a través de una carta pública.
A poco más de cinco meses del debate oral, Sara Alperovich, actual legisladora e hija del exsenador, se refirió en La Gaceta a la situación procesal. «Estoy muy entusiasmada, porque quiero que pase rápido, que salga la verdad y que esto se termine. Lamentablemente, con estas falsas denuncias, la gente deja de creer en las luchas feministas», comenzó diciendo la parlamentaria.
En las últimas semanas de su mandato en la Legislatura de Tucumán, señaló que confía en que el juicio posibilite “que salga la verdad” .“Fue muy importante haber conseguido que el testimonio de la mujer afectada sea tomado en cuenta en un juicio», analizó Sara. En ese sentido, afirmó que «este tipo de cosas duelen». «Hoy nos tocó a mi familia y a mí, pero es para todas las mujeres: no podemos hacer estas denuncias falsas, porque perjudicamos a todas las mujeres», afirmó.
En ese sentido, afirmó que «este tipo de cosas duele». «Hoy nos tocó a mi familia y a mí, pero es para todas las mujeres: no podemos hacer estas denuncias falsas, porque perjudicamos a todas las mujeres», señaló y agregó: “Fue muy importante haber conseguido que el testimonio de la mujer afectada sea tomado en cuenta en un juicio».
Luego, la legisladora defendió a su padre desestimando las denuncias: «Todo el mundo conoce a José Alperovich, sabe lo que hizo en el gobierno y cómo transformó Tucumán. Están los números. Todos sabemos que Tucumán creció. Veníamos de hablar de niños desnutridos y después tuvimos los mejores sueldos, barrios, cloacas… se hicieron muchas cosas», enumeró.
Además, sostuvo que, cuando su padre sale a la calle, «la gente lo saluda, lo besa y le entrega su propio hijo para que se saquen fotos». «¿Quién podría entregar un hijo a una persona que creen que fue un violador? La gente sabe cómo es. Por eso estamos muy expectantes, queremos que ya sea el juicio, porque van a ver todos ustedes cuáles son la pruebas que presentamos, cómo se demuestra que es una denuncia falsa«, reafirmó.
Luego, se refirió al día a día del ex gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015. «Él está muy bien, se dedica a la familia, a los nietos, a todos los negocios de la familia. Se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, anda en bici… Es una persona muy resiliente, yo soy una gran admiradora de él; lo han golpeado mucho, lo han querido destruir políticamente, y no lo consiguieron, porque estamos toda la familia junta. Sabemos que es una mentira esta denuncia. Hizo mucho daño, pero tenemos una familia unida, y nos queremos y apoyamos», añadió.
Y cerró: «También hay que hacer un mea culpa de parte de los medios de comunicación, de la Justicia; hay que empezar a darle la importancia que tiene, porque si no, pueden destruir a cualquier persona y a cualquier familia con denuncias falsas”, cerró la legisladora peronista.
A mediados de septiembre, el juez Juan Ramos Padilla, unipersonal del Tribunal Oral Criminal y Correccional N 29 de la Capital Federal, solicitó varias medidas de pruebas entre las que se destaca realizar una “inspección ocular amplia”, cuyo proceso debía ser filmado y fotografiado, en dos domicilios ubicados en calles Martín Fierro 381 y Los Tarcos 818 en Yerba Buena, ambos propiedad del ex senador.
El juez federal N 2, Fernando Poviña, se declaró incompetente a sugerencia del fiscal federal Carlos Brito, y la Justicia tucumana aceptó el pedido y será la que lleve adelante la medida, luego de que la fiscala Adriana Reinoso Cuello aceptara la competencia en el marco de un requerimiento del juez local Gonzalo Ortega.
La causa contra Alperovich
En 2019, tras las elecciones provinciales, la sobrina segunda de José Alperovich -que en ese momento se desempeñaba como su secretaria personal- lo denunció por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. Los hechos se produjeron tanto en Tucumán como en un departamento de Puerto Madero.
En una primera instancia, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana. Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dispuso que todos los hechos fueran investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.
El tres veces gobernador de Tucumán y exsenador nacional fue citado a declarar recién el año pasado, cuando negó responsabilidad en esos hechos. Desde que fue denunciado, se manifestó públicamente a través de su cuenta oficial en Twitter.
La estrategia judicial de Alperovich no dio resultado: en los últimos meses, sus abogados reclamaron que sea juzgado por un jurado popular, pero el planteo fue rechazado por el juez de primera instancia que investigó el caso, Osvaldo Rappa, por la Cámara del Crimen y luego por el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla.
Infobae explicó que este último sostuvo en su resolución que los juicios por jurados no están previstos para la justicia nacional -si bien lo establece la Constitución Nacional, el Congreso nunca sancionó la ley que lo regule- y que el delito por el que está acusado no fue transferido a la Ciudad de Buenos Aires, donde su justicia si tiene jurados de ciudadanos.
Para la defensa de Alperovich, correspondía aplicar la ley 6451 de la Ciudad, que establece el juicio por jurados obligatorio para los delitos que superen la pena de 20 años de prisión, lo que se da en su caso.
“A nuestro modo de ver, no existe óbice para que un tribunal de la justicia nacional aplique una ley de procedimiento dictada por la ley Legislatura de la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo su defensa.
Al momento de pedir la elevación a juicio de la causa, los fiscales Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Vismara manifestaron la relevancia de evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género.
En ese sentido, recordaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, precisaron los fiscales.